BIGASTRO. El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, volvió a sentarse ayer ante el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia Provincia, con sede en Elche, que acogió el juicio de una de las tres piezas separadas de la investigación entorno a presuntas irregularidades durante la tramitación urbanística del sector D12 de la localidad. En este caso concreto, la Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de quedarse con cerca de 190.000 euros en efectivo que una constructora entregó al Ayuntamiento como complemento, ante la diferencia de precio, por una permuta de tres casas, propiedad de la empresa, por una finca municipal ubicada en dicho sector. Le imputa un delito continuado de malversación y prevaricación, por los que le pide siete años de prisión y diez de inhabilitación. En el caso también está investigado el exsecretario, para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel por un delito continuado de malversación y de inhabilitación".
A su llegada a la Ciudad de la Justicia de Elche, ha rechazado hacer declaraciones. "Estoy tranquilo, he dormido muy bien", se ha limitado a decir. La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación que este dinero "parte de los pagos que la constructora realizó en contraprestación por la diferencia de valor de las fincas, cerca de 190.000 euros, no constan contabilizados en las arcas públicas ni queda registrado que se destinara a ningún otro fin público"
El caso se remonta a 2005. El sector D12 estaba entonces pendiente de la aprobación de una modificación urbanística para que pasara a ser suelo urbanizable (una recalificación). Los pagos se realizaron antes incluso de que se aprobara esa recalificación, según consta en los documentos aportados a la causa y que ha exhibido el Ministerio Fiscal durante el juicio. De hecho, no llegó a aprobarse ya que el propio Ayuntamiento renunció a esta modificación años más tarde. Moya ha admitido haber recibido alguno de estos pagos, si bien ha negado haberse quedado con el dinero: "Soy completamente inocente", le ha dicho al juez.
El primer pago que realizó la constructora fue en mayo de 2005, 18.000 euros. Moya ha añadido que, en aquella época, era "habitual recibir esas cantidades en efectivo", pero que después se ingresaban o se utilizaban para pagar a proveedores, también en efectivo. "No es ninguna ostentación", llegó a señalar Moya, refiriéndose a que era una cantidad menor. "Es una cuestión de valoración. A mí 18.000 euros me parece mucho dinero", señaló el Fiscal. El ministerio Público, además, incidió en que no consta que se reflejaran estas cantidades en la contabilidad municipal ni hay ningún registro de que ese dinero que recibió el exalcalde acabaran en las cuentas municipales. Moya ha llegado a poner en duda que algunos de esos pagos los recibiera él directamente, pese a que llevaban su estampilla (el sello con su firma). "Además de alcalde, tenía otros cargos políticos. Viajaba mucho. Era habitual que funcionarios y personal de confianza usara la estampilla por mí cuando yo no estaba", se ha excusado.
El fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, le preguntó "¿cómo es posible que recibiera tal cantidad por la permuta de unos terrenos cuyo valor dependía de la modificación de un plan que no estaba aprobado todavía"?", a lo que Moya ha señalado que "en esa época la Generalitat permitía llevar en paralelo la gestión de los terrenos y la modificación del plan", y atribuyó estos pagos anticipados a la "buena fe" de la constructora. Moya también señaló al tribunal que el hecho de que el Ayuntamiento permutara los terrenos y añadiera una cantidad extra en efectivo se debía a la falta de liquidez: "Teníamos un déficit importante y permanente. Teníamos inversiones en marcha que no estaban íntegramente subvencionadas y teníamos que subvencionar, como el auditorio Francisco Grau". la permuta se aprobó en agosto de 2005, aunque el pago fue antes, en mayo.
Desde la acusación sostuvieron que no había informes de valoración para establecer el valor de los inmuebles permutados ni para calcular el dinero que la constructora debía abonar para compensar el mayor precio del terreno recibido. Tampoco en la contabilidad está reflejado haber recibido estas cuantías. "Yo no me encargaba de hacer las cuentas", ha señalado Moya. Sí ha reconocido que la contabilidad "era un destrastre", por eso cambió "a quien llevaba las cuentas, que era una persona sin estudios, por otra más competente" en años posteriores.
Se trata de la tercera pieza que llega al juzgado relacionada con el sector D12. Tal y como señala el abogado del Ayuntamiento de Bigastro, Marcos Sánchez Adsuar. "Todo viene de un sector que no llegó a aprobarse y el Ayuntamiento empezó a vender parcelas y cada una de ellas es una pieza separada. Una de ellas ya está en el Supremo, en grado de casación". el letrado se refiere a la condena que un jurado popular dictaminó el diciembre de 2020, al considerarlo culpable de otro delito de prevaricación. La Audiencia le impuso entonces cuatro años y medio de prisión y a devolver al Ayuntamiento de Bigastro 70.440 euros. Parte de ellos, 26.000, los tendría que devolver a medias con quien fuera su interventor.
El otro caso comenzó a juzgarse hace apenas un mes en la Audiencia de Elche. En esta ocasión Moya rechazó responder a las preguntas del Ministerio Fiscal, como ya publicó Alicante Plaza. Anticorrupción pide en esta pieza otros siete años de prisión para el exalcalde.
