El exalcalde de Bigastro calla ante el fiscal en el juicio por malversación en el que le piden 7 años

BIGASTRO. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha acogido esta mañana el juicio contra el exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, acusado de un presunto delito continuado de malversación por el que la Fiscalía le pide siete años de prisión. En esta primera sesión el juicio, en el que también está acusado el exsecretario municipal y un funcionario del Ayuntamiento de Bigastro, que ya ha fallecido. Las defensas de los acusados han pedido la nulidad del procedimiento debido a que, según han señalado ante el tribunal, no consta declaración de los acusados durante la fase de instrucción del caso, lo que habría ocasionado su indefensión.

El tribunal resolverá en sentencia sobre los defectos de forma planteados por los letrados de la defensa para solicitar la nulidad. El juicio no ha servido para aclarar lo sucedido durante el periodo comprendido entre 2004 y 2006, cuando se produjeron los hechos que se juzgan ahora, ya que tanto el excalcalde como el exsecretario se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la acusación particular, ejercida por el propio consistorio Bigastrense. Ante el tribunal han manifestado que tan solo responderían a las preguntas de sus respectivos letrados que, sin embargo, no han realizado ninguna cuestión, por lo tan solo han respondido ante el magistrado-presidente para declararse inocentes. Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los acusados cometieron una serie de irregularidades en la adjudicación de la urbanización de parte del PGOU del municipio, y de quedarse con parte del dinero recibido por la empresa adjudicataria. Los hechos ocurrieron entre los 2004 y 2006 cuando, según mantiene la Fiscalía, los procesados adjudicaron a una empresa la condición de agente urbanizador del sector D12 del Plan General de Ordenación Urbana, antes de que se éste se aprobara definitivamente y de que finalizara su tramitación.

Los procesados habrían realizado la adjudicación vulnerando las normas de libre concurrencia. Por otra parte, la acusación pública mantiene que los encausados se quedaron para su propio beneficio con parte del dinero que la empresa abonó y que debían ingresar en las arcas municipales. El Ministerio Público solicita para el exalcalde una pena de prisión de siete años por un delito continuado de malversación de caudales públicos y de 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación. Para el exsecretario, la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por un delito de malversación y 12 de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. Para el funcionario, la acusación pública solicita cinco años de prisión por un delito de malversación.

Durante la mañana de hoy también ha prestado declaración la exalcaldesa de Bigastro, Rosario Bañuls. Bajo su mandado se produjo la denuncia que dio origen a la investigación de los hechos en 2015. Sin embargo, a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, ha señala que no recuerda nada sobre los trámites realizados en cuando al PGOU, en concreto al sector D12. Tal ha sido esa falta de recuerdos que en magistrado le ha recordado que en calidad de testigo y estando bajo juramento, estaba obligada a decir la verdad. No obstante, ha insistido en que no recordaba que bajo su mandado se hubiera tumbado la tramitación urbanística de ese sector ni ningún detalle relacionado con el caso.

En un primer momento, estaba previsto que el juicio continuase los días 13 y 20 de octubre. Sin embargo, el tribunal ha suspendido la sesión del día 13 debido a la solicitud de la defensa de Moya, por cuestiones de salud, y se retomará el día 20 con la testifical de todos los testigos citados a declarar.