El ex alcalde de Bigastro, Raúl Valerio Medina, junto con el ex interventor, en el juicio que se ha celebrado en Elche. Foto EFE ELCHE. El ex alcalde de Bigastro, Raúl Valerio Medina Lorente, y el ex interventor municipal, Antonio Saseta, han llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía en el juicio que se ha celebrado estos días por el supuesto uso fraudulento de la tarjeta de crédito municipal. Ambos aceptan un año de cárcel suspendida (al ser una condena inferior a los dos años y no tener antecedentes, no ingresan en la cárcel) y, además, deben devolver 14.000 euros a las arcas municipales como responsables de un delito de malversación de caudales públicos. Valerio y el ex interventor estaban acusados por el supuesto uso fraudulento de la tarjeta municipal del ayuntamiento, en su etapa como primer edil y se le atribuía un uso indebido por valor de 23.000 euros que se gastaron en gastos de representación y dietas.
El acuerdo también establece tres años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Medina Lorente ya no es concejal del Ayuntamiento de Bigastro. Lo dejó en 2015 y tampoco ocupa ningún cargo en el PSOE.
El ministerio público ha rebajado su petición de condena para ambos procesados, de cuatro a un año de prisión, tras aplicarles las atenuantes de reconocimiento voluntario de los hechos y reparación del daño, pues han devuelto a las arcas municipales 5.000 de los más de 14.000 euros en que se ha fijado finalmente la cantidad malversada por uso indebido de la tarjeta de crédito municipal que tenía asignada el alcalde.
El magistrado que dirige el juicio ha disuelto el jurado popular y ha dictado 'in voce', de viva voz, la sentencia que plasma el acuerdo de las partes.
Además, ha otorgado a los dos reos la suspensión de la pena privativa de libertad a condición de que paguen, como se han comprometido a hacer, los más de 9.000 euros que faltan por consignar del dinero defraudado en 24 plazos mensuales.
En el inicio del juicio, este martes, Valero Medina negó que el uso de la tarjeta fuera para uso personal y alegó que fue para gastos de representación como alcalde y para sus concejales. Hoy, en la segunda jornada, se ha producido el acuerdo con la Físcalía. De esta manera, se pone fin a un caso que arrancó en el mandato entre 2011 y 2015 cuando el PP, a través de Rosario Bañuls, entró como alcaldesa, detectó los gastos injustificados y llevó el caso a los tribunales. En principio, se reclamaba una cantidad de 30.000 euros. Valerio sólo deberá devolver 14.000 euros.
Durante todo este proceso, la Fiscalía ha defendido que el entonces alcalde no justificó esos gastos, la mayoría de ellos en bares y restaurantes, y que éstos no respondían a "la necesidad de satisfacer ninguna necesidad pública", lo que constituye un delito de malversación de fondos públicos
