ALICANTE. El Elche asegura ya cuenta con un informe jurídico para rebatir con garantías el veto de la Liga de Fútbol Profesional a la compra del derecho de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) contra la Fundación.
Así lo manifestaba este viernes el presidente del club franjiverde, Diego García, que indicaba que el informe que ha sido elaborado por la Universidad de Alicante y del que cuenta todavía solo con un borrador, es de suficiente consistencia jurídica e incluso recomienda que sea el Elche el que adquiera el citado activo.
La intención del club es trasladárselo a la comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio de acreedores, donde además del Elche y la patronal de los clubes está también representada la Fundación, al tiempo que convocar en breve una junta general de accionistas de carácter extraordinario en la que someter al voto de la masa accionarial la decisión de comprar. El máximo mandatario franjiverde ha asegurado que su recomendación, con base a los argumentos del citado informe, será la de adquirir el citado activo, algo que tendrá que ser en un procedimiento de adjudicación directa, una vez la segunda subasta convocada por el banco el Consell se declaró quebrada.
Por cierto, Diego García ha insistido en que el consejo sigue contando con el respaldo financiero de un tercero, una sociedad cuya identidad y la de sus accionistas mantiene en secreto, para presentar el aval de 4,1 millones de euros que, junto al pago aplazado (y garantizado con un bien real) de la deuda de la Fundación exige el IVF como precio mínimo.
Riesgos jurídicos y financieros
La LFP se opone a la citada operación al apreciar diferentes "riesgos jurídicos y financieros", como el incremento de deuda que comporta o que estemos ante supuestos de asistencia financiera y de ayuda de Estado prohibidos por la legislación nacional y comunitaria. Dicha postura le fue trasladada al club por su representante en la comisión de seguimiento del cumplimiento del convenio el pasado miércoles 31, algo que llevó al consejo a solicitar al IVF que suspendiera la subasta (petición que no fue atendida), solicitar los informes que ahora empieza a recibir y, días después, recomendar a los accionistas no votar en la junta general ordinaria la ratificación de la puja y la decisión de hipotecar el estadio, cosa que finalmente ocurrió.