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El bufete Clayton & Segura defenderá los intereses de la entidad franjiverde

El Elche dice que recurrirá ante el TJUE el miércoles

Foto: Elche CF
25/11/2016 - 

ALICANTE. El presidente del Elche, Diego García anunciaba este viernes que el próximo miércoles se interpondrá el recurso de nulidad contra la decisión de recuperación de la Comisión Europea que le reclama 4,1 millones de euros a la entidad de la partida de Altzabares.

La preparación del mismo ha sido finalmente encomendada al bufete Clayton & Segura, con sede en Bruselas y especializado precisamente el litigios relacionados con ayudas de estado cuya legalidad es cuestionada por Bruselas como es el caso.

Junto a este recurso de nulidad del que conocerá el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), organismo jurisdiccional colegiado integrado en el Tribunal de Justicia también se solicitará la suspensión cautelar de la obligación de pago, algo que comportará que el procedimiento de cobro quede paralizado de entrada dos meses a la espera de que el TGUE se pronuncie sobre si conceder dicha cautelar o no.

Se trata de la misma estrategia que han seguido Valencia y Hércules si bien Diego García se esforzaba este viernes en destacar, en declaraciones a la Agencia EFE que hay diferencias entre la entidad franjiverde y los otros dos clubes de la Comunitat: "el Elche está en concurso (...) no son las mismas circunstancias (...) El Valencia podía temer un embargo inminente, pero nosotros no al estar en un proceso concursal".

García también destacaba que el recurso se interpondrá cuando ha transcurrido solo un mes de los dos que tiene el Elche de plazo para hacerlo y es que como ya adelantó Alicante Plaza, el club franjiverde entiende dicho plazo empezó a contar cuando la Comisión difundió la versión pública de la decisión de recuperación, algo que ocurrió el pasado día 4. Postura que también mantenía un Hércules que interpuso su recurso el lunes 7 y que tres días después veía como le era admitido a trámite por el TGUE que horas más tarde y al igual que en el caso del Valencia decidió paralizar el proceso de cobro a la espera de tomar una decisión sobre la solicitada suspensión cautelar de la obligación de pago.

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