El dueño de Panama Jack renuncia a la concesión y 'devuelve' el edificio de Sanidad al Puerto

ALICANTE. Ni proyecto de restaurante, ni plan de uso alternativo. Plusmarino, la empresa patrocinada por el dueño de Panama Jack como principal inversor, no sólo ha renunciado a transformar el antiguo edificio de Sanidad marítima situado en el acceso el muelle de Poniente del Puerto de Alicante en un restaurante. También pretende renunciar al uso y explotación del inmueble. 

Fuentes consultadas por Alicante Plaza confirmaron este jueves que la empresa ha presentado ya un escrito ante la Autoridad Portuaria por el que comunica su renuncia a la concesión, otorgada por el consejo de administración del Puerto en julio del año pasado. En función de ese acuerdo, Plusmarino adquiría el derecho de explotación del inmueble por un plazo inicial de 20 años, a cambio del pago de un canon, como sucede con todas las concesiones del recinto portuario.

El Puerto no ha aceptado todavía la renuncia a la concesión y se desconoce si podría incautarse del aval depositado por Plusmarino al tomar posesión de la concesión

No obstante, la empresa trata de deshacerse ahora de toda obligación respecto al edificio. Tras constatar que su proyecto de rehabilitación y transformación en un gastrobar con zona de tienda hubiese requerido una inversión superior a la prevista, pretende devolver el derecho de uso que había solicitado hace cerca de un año. Esa renuncia estaría todavía en fase de estudio. Es decir, no se habría aceptado aún formalmente y, por el momento, se desconoce si podría conllevar algún tipo de incautación del aval que se depositó al tomar posesión de la concesión.

Como informó este diario, Plusmarino tramitó a finales de abril su renuncia a la petición de licencia de obra y actividad sobre el edificio que ese estaba tramitando en el Ayuntamiento de Alicante desde el pasado mes de noviembre después de constatar el avanzado estado de deterioro de parte de su estructura. Según estimaciones de la propia empresa, la rehabilitación hubiese requerido un desembolso de más de 70.000 euros solo para reparar el forjado y la cubierta. Además, habría tenido que dotar al inmueble de servicios de urbanización de los que ahora carece, como la conexión con la red de saneamiento. La empresa llegó a argumentar en ese escrito de comunicación que no había podido conocer cuál era el estado real en el que se encontraba el inmueble hasta que pude acometer su evaluación.