El DOGV publica el proyecto de reparcelación forzosa del sector I-2 de Orihuela Costa
En amarillo, el sector a reurbanizar, frente a Cala Mosca. Foto:AP.
24/08/2022 -
ORIHUELA. El Diario Oficial de la Generalitat Valenciana publicó ayer el proyecto de reparcelación forzosa presentado por la mercantil Marcos y Bañuls SL como paso previo para reurbanizar la unidad de ejecución «B» del sector I-2 del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Orihuela. Así, estará en exposición pública durante un mes antes de proseguir su tramitación. Se trata de un sector ubicado junto a la N-332 El Sector I-2 viene delimitado en la documentación gráfico-normativa de la Zona Costera del PGOU de Orihuela, tiene una forma irregular y cuenta con una superficie de 139.264 m2, tal y como se explica en el proyecto. La unidad B, que es la que se pretende reparcelar, tiene una superficie de 48.876 metros cuadrados. En concreto, se sitúa justo frente a Cala Mosca, donde está pendiente el polémico proyecto de Alameda del Mar.
La ordenación del plan parcial aprobado en su día por el Pleno establece para la edificabilidad lucrativa dos usos, el residencial en la parte superior con tipología de bloque residencial abierto plurifamilar en 10.542,75 m2 de suelo para 17.541,68 m2c, y el comercial en la parte inferior, en edificio exclusivo de una planta de altura en 13.792,63 m2 de suelo para 6.896,32 m2c. En total, 24.438,00 m2 de edificabilidad total en la Unidad de Ejecución. La mercantil justifica esta reparcelación forzosa debido a algunos de los propietarios de las parcelas incluidas en el sector han rechazo la reparcelación voluntaria. Es el caso de algunas de las empresas que tienen su negocio en esta área. En concreto, en este sector existen distintas instalaciones complementarias de una pista de karts, una edificación residencial y, finalmente, otra edificación cuyo destino es el hostelero, concretamente, en el uso de restauración.
El informe presentado por la mercantil incluye las indemnizaciones a retribuir a los propietarios de las infraestructuras construidas, ya que el desarrollo del plan es incompatible con la existencia de estas construcciones, que en algunos casos supera el millçon y medio de euros por las instalaciones y el cese de actividad.
