El dinosaurio público

Durante esta crisis que estamos viviendo, si destaca un aspecto diferenciador con respecto a la normalidad, es la enorme cantidad de medidas que desde la Administración Pública, se han puesto en marcha. Estamos ante el periodo de proliferación de normas más abundante que nadie recuerde. 

Sin entrar a valorar la eficacia o idoneidad de dichas medidas, ya que esto requeriría de un análisis más profundo, lo que es evidente es que su aplicación en la realidad está siendo lenta, provocando que su aplicación no tenga el efecto positivo deseado. Retraso en el cobro de las prestaciones por desempleo, en la tramitación y cobro de los préstamos ICO, retraso y errores en la compra y suministro de materiales sanitarios de protección para el personal médico…

Esto esta provocando reiteradas quejas por parte de la ciudadanía. Pongamos un ejemplo, el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), organismo gestor de las prestaciones por desempleo, ha visto como se han multiplicado por cinco el número de solicitudes como consecuencia de la avalancha de ERTEs que se han producido, y todo ello, teniendo en cuenta que la tramitación de este tipo de prestaciones, ya implicaba un retraso con anterioridad, y el funcionario no estaba teletrabajando en su casa, como ocurre en la actualidad. No pretendo con esta argumentación, justificar estos retrasos y errores que se habrán producido, ya que ello ha implicado consecuencias para los ciudadanos, en algunos casos dramáticas. 

Con estas premisas, que se pueden extrapolar también a otras de las medidas adoptadas podemos entender mucho mejor a que se deben estos retrasos en su aplicación. 

La velocidad en la aplicación, es fundamental para que en situaciones como las actuales, las medidas surtan efectos. Las personas, sistemas, procesos, protocolos de la Administración Pública no están preparados para la agilidad que se precisa en un mundo tan cambiante como el actual. 

Se trata de un problema estructural de nuestra Administración, que además, apenas ha mejorado en los últimos años, y que como consecuencia de la excesiva regulación de nuestras sociedades y las medidas anti-corrupción sobre la contratación pública, solo hace que agravarse. 

Tenemos por tanto que repensar el funcionamiento de nuestra Administración Pública, e innovar en los procedimientos para darles agilidad, incorporando las nuevas tecnologías de forma masiva, especialmente aquellas que permiten la escalabilidad, automatización y digitalización de los procedimientos administrativos. 

Imaginemos que una Inteligencia Artificial fuese quien comprobase que un solicitante de una prestación de desempleo cumpla todos los requisitos, y pudiera emitir la aceptación de la ayuda y su pago automático. Si esto fuera posible, ante una avalancha de solicitudes, la máquina respondería automáticamente acelerando su proceso de computación y la respuesta sería tremendamente ágil aceptando en muy poco tiempo las solicitudes de prestación correspondientes, e ingresando el dinero al beneficiario. 

Ya existen casos de éxito, como es la Administración Tributaria, que se sitúa a la vanguardia mundial en el uso de nuevas tecnologías, para la recopilación de información y la automatización de los procesos, esto indica que es factible esta reconversión. 

Este escenario se debe extender al resto de administraciones, siendo la judicial donde más se debe actuar, por su escasa aplicación de estas tecnologías, y su reconocido problema de lentitud y acumulación de expedientes judiciales en fase de tramitación.

Y por supuesto, con una homogeneización de los sistemas entre las distintas administraciones: nacional, autonómica y local, evitando duplicidades, falta de comunicación entre ellas. 

Espero que esta crisis y sus consecuencias, hagan ver a los políticos, la necesidad de poner en lugar prioritario estas reformas de la Administración, de las cuales nos beneficiaremos todos los ciudadanos.