BENIDORM. Es indiscutible que Benidorm no para de crear nuevas viviendas. La construcción no se ha parado en los últimos años, sobre todo en la zona de Poniente, que es la que más terreno tiene por desarrollar. Sin embargo, es obvio que no están resolviendo la necesidad habitacional de una parte de la población. Aquella que no tiene capacidad económica para hacer frente a hipotecas o pagos de 300.000 euros por casa. En los últimos meses, tanto el Ayuntamiento de Benidorm como la Generalitat Valenciana están buscando pisos en la ciudad que permitan su uso social con alquileres a precios más bajos.
De momento, la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha bloqueado la venta al público de sus pisos en Benidorm. Alrededor de 50 activos que ha ofrecido a la Conselleria de Vivienda. Una decisión tomada para que la Generalitat pueda estudiar caso por caso y evitar por tanto vender una de las viviendas que encajen dentro de su criterios, tal y como informaron fuentes de Sareb a este diario. "Hicieron especial hincapié en Benidorm", recalcan.
Desde Conselleria señalan que la ciudad, como otros municipios costeros y turísticos, ofrecen una dificultad añadida a la hora de acceder a un piso para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tanto en el ámbito del alquiler como en el de la compra. Por ello, explicaron a este diario que han estudiado las ofertas de Sareb, antiguamente denominado como banco malo. Y del análisis realizado, 21 viviendas son las que responden a los criterios necesarios para destinarlo a uso social. Todas ellas, concretaron, están ubicadas en la avenida del Municipi y en Presidente Adolfo Suárez.
Por estas casas Sareb pide unos 2,5 millones de euros, lo que equivale a unos 120.000 euros por vivienda. Un importe que se queda por encima de las valoraciones que ha realizado la Generalitat para las viviendas en cuestión. Por tanto, abrirán un proceso de negociación con la entidad para llegar a un acuerdo cercano a lo que ellos consideran que valen los pisos: en torno a los 80.000 y 100.000 euros. Es más, fuentes de Conselleria explicaron que la negociación se espera para la semana del 8 de mayo y creen que la operación se podría cerrar esos mismos días.
Sobre los criterios para escoger las viviendas, explicaron que la idea pasa por que no sean muy antiguas. Las de Benidorm por ejemplo datan de más tarde de 2005. Además de valorar que estén para entrar a vivir, es decir, que no se necesite hacer inversión y se puedan poner en marcha enseguida. Y finalmente, se espera que sean de unos 90 metros cuadrados, aunque lo presentado por Sareb va entre los 70 y los 100 metros cuadrados.
En este sentido, la oferta de la ciudad es la que es, con precios elevados por estar en la costa. Es más, explicaron que en los últimos años han adquirido nueve viviendas para Benidorm por un coste total de 750.000 euros. Hasta ahora, la opción de la que disponía el organismo autonómico era ejercer su derecho de tanteo y retracto. Esto es, siempre que se iniciaba la operación de venta privada, tenía que pasar por el filtro de Conselleria por si quería hacer valer la adquisición preferente y quedársela por las condiciones en las que se iba a vender.
Al mismo tiempo, estas fuentes señalaron que desde el departamento también están buscando terrenos en los que edificar para destinarlo a personas vulnerables, en este caso, no solo en parcelas de Benidorm si no de toda la comarca de la Marina Baixa.
Una vez lleguen a un acuerdo, se incluirán en el alquiler social. Para ello, la Generalitat cuenta con un registro de personas interesadas en acceder a estas viviendas, pero se tienen que dar ciertas condiciones. Uno de los filtros más importantes están en que la capacidad económica no puede superar 4,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM) referido a 12 pagas, con los ajustes y excepciones previstas en este decreto. Y entre otras cuestiones, se tiene que destinar a residencia habitual y permanente para la unidad de convivencia adjudicada; que sea una mujer víctima de violencia de género, de trata de seres humanos o de delito de odio y necesite cambiar de domicilio.
Además de las soluciones buscadas por la Generalitat, el Ayuntamiento de Benidorm también está tratando de encontrar una forma de dar respuesta a la necesidad de vivienda. Para ello, han empezado el procedimiento incluido en el proyecto financiado con recursos europeos para la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) con el objetivo de promover la compra de pisos por parte del Consistorio. Esta misma semana se ha publicado la licitación, por un presupuesto de 885.841,92 euros, cuyo plazo finaliza el 10 de mayo.
En cuanto a los límites establecidos por el pliego, los importes son más altos que los de la Generalitat. Para casas de una habitación no pagarán más de 110.000 euros, de dos se queda en los 130.000 euros y de tres en los 140.000 euros. Las viviendas que se presenten, como mínimo, deberán tener una habitación, cocina, salón (la cocina y el salón podrán estar integrados en una misma estancia) y un baño.
En este caso, se hará una baremación de puntos y una clasificación. De tal modo que se adquirirán viviendas hasta que se agote el precio de licitación por el orden de puntuación obtenido. Aquellas que se hayan vendido a un tercero antes de iniciar la compra por parte del Ayuntamiento, se adjudicará la siguiente de la lista.
Por lo que se observa en el pliego, el criterio del número de habitaciones será el que más puntúe, seguido del estado de mantenimiento del edificio, el número de baños, las características de la cocina, las condiciones que presenta el suelo, las paredes, el techo las ventanas y el acristalamiento, entre otros.
En función del anexo que acompaña al pliego, los barrios en los que están buscando los pisos a comprar están en el entorno de Alfredo Corral, Colonia Madrid y Els Tolls, sobre todo en la zona de los Playmon. Pero no vale cualquiera, además de lo ya mencionado, también piden durante el procedimiento de licitación que se acredite que la vivienda esté libre de cargas o gravámenes, con aportación del certificado de pago de suministros de agua y luz, el IBI y que no se debe nada a la comunidad. .
Finalmente, fuentes municipales señalaron que desde Bienestar Social están trabajando en un reglamento que regulará los mecanismos, requisitos y régimen de solicitud y adjudicación de las viviendas.