MADRID/VALÈNCIA (EP). El Defensor del Pueblo ha recomendado revisar de forma "urgente" la aplicación informática de cita para trámites de extranjería y analizar si es necesario incrementar las plantillas de las oficinas donde se realizan dichos trámites, ante el "número importante de quejas" en Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante o Palma de Mallorca.
"Se han recibido en esta institución un número importante de quejas relativas al deficiente funcionamiento del sistema de cita previa de extranjería. En los últimos meses se ha incrementado el número de provincias en las que se detectan estas dificultades de acceso", subraya en una recomendación.
Según precisa la institución, en un primer momento dichas quejas venían referidas a zonas puntuales del territorio nacional, como Barcelona o Madrid. Precisamente, el pasado viernes 4 de octubre, unas 70 personas se concentraron a las puertas de la Oficina de Extranjería de Madrid para denunciar que el sistema de citas para solicitar el arraigo o la reagrupación familiar, entre otros trámites, está funcionando de forma "nefasta" y las personas extranjeras tienen que esperar entre 3 y 7 meses para conseguir una cita.
Al grito de 'Sin cita no hay derecho' y pancarta en mano, los congregados denunciaron que es una "vergüenza" que no se les esté dando cita porque esto les dificulta regularizar su situación para poder conseguir contratos de trabajo, por ejemplo.
Charly, un joven de 28 años de Ghana era uno de los congregados y acudió con un cartel en el que se podía leer 'Y la cita, ¿pa' cuándo?'. Vino a España hace tres años buscando "una vida digna", y un trabajo para ganar dinero y ayudar a su familia. Ahora, un empresario quiere contratarle para un trabajo en el sector de la construcción, pero le falta pedir el arraigo y no puede ya que no le dan cita.
"En ese proceso, he pedido todos los requisitos, he hecho todo lo que me pedía Extranjería, pero faltaba la cita, llevo casi cinco meses pidiendo día y noche y no hay forma. Entro en la web, te preguntan para qué pides cita, tu nombre y apellidos, y cada vez que pinchas te dicen que no hay cita, que lo intentes más tarde", explica.
El Defensor del Pueblo explica que esta ausencia de citas afecta de modo similar a todo tipo de trámites relacionados con ciudadanos extranjeros: menores de edad, ciudadanos comunitarios y sus familiares, extranjeros en régimen general de extranjería o solicitantes de asilo.
Además, puntualiza que, en las actuaciones iniciadas con distintas delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, se les ha comunicado que el origen del problema es "la ausencia de medios personales y materiales suficientes para hacer frente a las tareas encomendadas, lo que supone que se oferte un número de citas inferior a las necesidades existentes".
Sin embargo, indica que no parece que esa percepción sea compartida por la Secretaría de Estado de Política Territorial Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Como ejemplo de lo anterior, señala que en el caso de Barcelona, en 2018, ese organismo informó de la suficiencia de funcionarios asignados a esa subdelegación del gobierno.
Esta situación provoca, según expone el Defensor, que los interesados acudan a locutorios, gestorías y establecimientos similares donde, con medios informáticos avanzados, obtienen citas de manera masiva, "impidiendo que los particulares puedan acceder a las mismas".
Según relataba una de las mujeres participantes en la concentración de Madrid, Gilma, de Honduras, ha llegado a pagar 50 euros por una cita en un locutorio.
"Ellos están todo el día metidos, tienen un sistema que saben cuándo hay citas y cuándo se acaban. Cobran 30 euros por cita y 50 euros por cita urgente", explicaba Gilma, de 40 años. Lleva 16 años en España y el año pasado consiguió la nacionalidad, pero ahora son sus hijas las que no pueden regularizar su situación.
El Defensor del Pueblo entiende que "existen herramientas informáticas disponibles que permitirían atajar de manera inmediata este problema". Además, considera que podrían permitir la identificación de aquellos casos en los que exista una obtención fraudulenta, o incluso delictiva, de estas citas.
Francisco Fernández Marugán subraya que la situación actual afecta a "cientos de miles de personas que en la mayoría de los casos residen desde hace largos años en España" y, por ello, recomienda revisar "de manera urgente" la aplicación informática de la cita previa de extranjería de la Sede electrónica de Administraciones Públicas, adoptando las medidas técnicas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a solicitar y obtener en tiempo y forma una cita.
Asimismo, aconseja analizar la suficiencia de las plantillas destinadas a realizar los trámites de extranjería en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de Madrid, Barcelona, Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante y Palma de Mallorca.
A juicio del Defensor del Pueblo el citado análisis no puede tomar como única variable los tiempos medios de resolución de expedientes o el número de ellos asignado a cada funcionario, sino que también ha de comparar el número de citas pendientes o el número de extranjeros residentes en esa provincia con tarjetas de residencia, o con tarjetas de solicitud de asilo en vigor.