ALICANTE (M.G./E.P./EFE). El decreto de plurilingüismo se ha convertido en el gran caballo de batalla de la oposición política a la Generalitat Valenciana, por parte del PP y de Ciudadanos, y de los colectivos de padres y ciudadanos que ya han mostrado su rechazo. Casi todos ellos, incluida la Diputación de Alicante como institución, han presentado recursos contra la medida del conceller Vicent Marzà. Pero el debate que sigue en el aire es el asunto de la exención del valenciano. Mientras este viernes la Diputación de Alicante, a través de su portavoz, Carlos Castillo, ha puesto en duda que "ya no se permite la exención en las zonas castellanoparlantes", la Conselleria de Educación defiende que la Llei d'Ús y Ensenyament del Valencia está en vigor y que cualquier alumno puede solicitar la exención de la asignatura en sí". Ahora bien, otra cosa son las asignaturas que son impartidas en valenciano para toda la comunidad escolar de la Comunitat Valenciana, independientemente de la zona o el nivel de valenciano escogido.
Y es que el PP de la Diputación de Alicante ha insistido en que la medida impulsada por el Consell resulta contraria a derecho, según ha detallado, porque vulnera la Ley 4/1983 de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del valenciano, al obviar las zonas de exención expresamente incluidas en el mismo y omite el deber de evitar cualquier discriminación por motivo lingüístico.
Después está la cuestión diferencial que arguye la institución provincial. "Alicante es la provincia más castellanohablante de la Comunitat Valenciana, como reconocen los propios informes del Consell, por lo que el decreto “resulta especialmente discriminatorio con nuestro territorio al penalizar sus circunstancias sociológicas y culturales con una menor impartición de enseñanza en inglés y la ausencia de certificación automática de dicho idioma, comprometiendo de ese modo el futuro laboral de los alumnos y ocasionando un notable perjuicio a la provincia que mayor número de inmigración nacional recibe”, ha apuntado el también vicepresidente y diputado de Presidencia, Relaciones Institucionales y Economía.
Compromís, como es normal, discrepa de los argumentos de la Diputación de Alicante y defiende la labor de su conseller. Así, la coalición hace hincapié en que el 54% de los centros de las comarcas de Alicante han optado por mejorar su nivel de aprendizaje de lenguas. "Es por tanto una incoherencia alzarse a defender los presuntos derechos de una parte de la población cuando piden el bloqueo total de un decreto que empieza en septiembre y por el que ha optado la gran mayoría de los centros de la comunidad autónoma", defienden. Es más, los nacionalistas sostienen que en todos los casos; es decir, independientemente del nivel de valenciano elegido por el centro, los alumnos siempre tendrán más horas inglés que antes.
Otra cuestión ya son los certificados de los estudios de inglés y valenciano. Como es sabido, los niveles más altos acaban sus estudios con los certificados oficiales, mientras que ´los más bajos no. O no hasta esta semana, cuando Marzà anunció que habrá más horas de inglés, 2,5 horas más, para los niveles básicos y certificación, aunque no dijo cómo se resolvería esa cuestión. "Se vulnera la Constitución ya que “discrimina gravemente a los alumnos que se escolarizan predominantemente en castellano -‘nivel básico’- al impartirles menos carga docente del idioma inglés y no acreditarles conocimiento alguno sobre esa lengua frente a los que lo hacen predominantemente en valenciano -‘nivel avanzado’”, ha cuestionado el popular Castillo.
Esquerra Unida, por su parte, ha criticado que el PP use la Diputación para presentar un recurso judicial al carecer de competencias en materia de educación. Asimismo, ha asegurado que el Partido Popular ofrece una "justificación paternalista" para interponerlo y que "desprecia" la capacidad de los ayuntamientos para tomar sus propias decisiones. "Entendería coherente que el propio PP como partido y bajo sus líneas ideológicas llevara a la justicia el decreto, pero implicar al propio gabinete jurídico de un ente público a ratificar este despropósito cuando su función básicamente es dar cobertura a los pequeños municipios es, de facto, poner al servicio de un partido político las estructuras públicas", ha asegurado la diputada Raquel Pérez.
Un colectivo integrado por la Concapa Comunidad Valenciana, la Covapa y la asociación Idiomas y Educación también ha anunciado este viernes, como la Diputación de Alicante, la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra el decreto de plurilingüismo. Se trata del Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular ha informado de la presentación de este recurso, que está integrado por Concapa Comunidad Valenciana de padres de la concertada, la Covapa de padres de la pública (integrada por la FAPA Gabriel Miró de Alicante, FAPA 9 d' Octubre de Valencia y FAPA Humanista Manuel Tarancón de Castellón), y la asociación Idiomas y Educación.
"Las tres entidades han decidido unir sus fuerzas colaborando en un solo recurso con objeto de solicitar la derogación de un decreto que suprime el derecho de los padres a elegir lengua vehicular en la enseñanza", según el comunicado.
Han añadido que el decreto "genera desigualdades a través de numerosos aspectos en los que discrimina a los alumnos, como en la supresión de la posibilidad de estudiar en castellano las materias troncales, aún tratándose de la lengua materna de un gran número de alumnos y que es lengua oficial del Estado".
Para el Foro por el Derecho a Elegir Lengua Vehicular, el decreto "lesiona gravemente ciertos derechos de los padres y de los alumnos", por lo que también han presentado alegaciones en el periodo de audiencia pública e instado a la Generalitat a retirar el decreto, todo ello sin recibir respuesta alguna, según han indicado.