El edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez, junto a los portavoces de los grupos de la oposición, en la primera reunión de la comisión Puerto-ciudad.ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, el bipartito en situación de minoría compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), cierra la reformulación del catálogo de protecciones de la ciudad, casi tres años después de que la suma de los votos de esos dos partidos y los de los dos ediles no adscritos (Nerea Belmonte y Fernando Sepulcre) tumbasen la propuesta presentada por PSOE, Guanyar y Compromís en el pasado mandato.
El nuevo documento está terminado desde hace más de un mes a la espera de un último análisis en el seno del bipartito que permita impulsar su tramitación política. Ese análisis, no obstante, también se ha visto postergado por el impacto de la crisis sanitaria generada por la propagación del Covid-19. Así, PP y Cs no han podido estudiar de manera conjunta la propuesta trazada por los técnicos de la Concejalía de Urbanismo después de que el Ayuntamiento haya acordado el teletrabajo como norma general para toda su plantilla y de que la gestión diaria haya quedado centrada casi de manera exclusiva en la respuesta a las necesidades generadas por el coronavirus, a través del dictado de más de una docena de decretos de Alcaldía.
Por lo pronto, se han suspendido todas las comisiones y solo se mantiene activa la Junta de Gobierno y las reuniones de la Mesa de Contratación, pese a que también se han venido aplazando en las dos últimas semanas al no existir acuerdos de urgencia que adoptar por la suspensión de los plazos administrativos acordada tras la declaración del Estado de Alarma.
En ese escenario, tampoco existe ninguna certeza de que el nuevo catálogo de protecciones vaya a elevarse a la consideración del pleno de abril que, de momento, se mantiene (se celebrará de manera telemática, como la sesión extraordinaria en la que se aprobó el presupuesto de 2020 de manera inicial). De hecho, según las fuentes consultadas, más allá de algún contacto preliminar, celebrado entre diciembre y enero, todavía no se ha abordado el proceso de negociación con los grupos opositores (PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox) que resulta necesario para tratar de alcanzar un acuerdo definitivo sobre su aprobación.
Para que el documento llegue a tener eficacia, debe sumar mayoría absoluta: es decir, 15 concejales en una corporación de 29 ediles. Y hasta ahora no se conoce cuál puede ser la posición oficial de cada una de esas cuatro formaciones de la oposición, puesto que no han tenido la oportunidad de evaluar el contenido definitivo del nuevo catálogo.
La propuesta trazada por los técnicos de Urbanismo sigue a la espera de un último análisis en el seno del bipartito para que se dé inicio a su tramitación política
Como viene informando este diario, la nueva propuesta mantiene la práctica totalidad de las fichas incluidas en 2017, tras adaptarlas a las últimas novedades legales introducidas en normativa de rango superior e introducir algunas modificaciones. Entre las principales, la primera consiste en la posibilidad de que se permitan alturas superiores en edificios de protección parcial, allá donde el Plan General permita más alturas, con el consiguiente descarte de compensaciones por esos vuelos no autorizados. Es decir, que se permitirá que esos edificios puedan ganar las alturas previstas en el PGOU mientras se garantice la protección de los elementos a preservar que se delimiten en cada ficha, siempre que no existan otras limitaciones específicas recogidas en planes especiales como el del Centro o el Casco Antiguo, por ejemplo.
Y la segunda, el ajuste de los entornos de protección de los baluartes incluidos en el BIC de las Torres de la Huerta, de modo que se adapten a su situación urbanística actual, sin dejar fuera de ordenación a edificios preexistentes. Como también ha informado este diario, a diferencia de la propuesta de catálogo de 2017, en el que -según fuentes municipales- se preveía un mismo radio de protección para todas las torres, la nueva versión del catálogo impulsada por PP y Cs trata de definir un perímetro específico individual para cada una de ellas.
No obstante, el exconcejal de Urbanismo por Guanyar durante el pasado mandato, Miguel Ángel Pavón, ha apuntado que la versión anterior del documento no preveía un entorno de protección común para el conjunto de las torres, sino que se mantenía un perímetro diferente para cada una de ellas en función de "la propuesta aprobada por el Ministerio de Cultura en 1997, como figura en la ficha del área de interés cultural y etnológico l'Horta, en la que aparecen grafiados los círculos de protección de varias torres y se ve claramente que los radios no son iguales".
En todo caso, según fuentes municipales, la nueva disposición reduciría el alcance del perímetro de protección previsto para el conjunto del sector de La Condomina, el que se encuentran situadas la mayoría de las torres.
