Manuel Pineda, a la derecha, en una visita a la planta de transferencias en Sagunto. Foto: APORIHUELA. El Consorcio Vega Baja Sostenible se ha hecho con una de las acciones de Vaersa con el fin de estar presentes en su consejo de admnistración y poder, así, realizar encomiendas de gestión y avanzar en el plan de la planta de transferencia en Dolores.
El presidente del consorcio, Manuel Pineda, realizó este trámite esta semana, en la que se desplazó a la sede de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural con el fin de realizar la compra de una acción de la empresa pública Vaersa. De esta manera, según aseguran desde la institución, culmina un largo proceso a través del cual el presidente de la entidad comarcal va a formar parte del consejo de administración de la empresa. Con esta parte del accionariado, el Consorcio Vega Baja Sostenible podrá realizar encomiendas de gestión.
La acción, por valor de 116,80 euros, se ha comprado pasando los trámites establecidos, ante notario, y con la presencia de la consellera Elena Cebrián, así como del director general de Vaersa, Benjamín Maceda. Pineda ha explicado que el procedimiento administrativo ha sido “tedioso y largo hasta llegar al día de hoy y poder hacer realidad algo tan necesario como es que el consorcio pueda disponer de una empresa pública para trabajar y seguir avanzando en los proyectos”.
Vaersa, empresa pública de la Generalitat, es un instrumento autonómico que actúa en protección y mejora del patrimonio y entorno natural, infraestructura y gestión de residuos y prevención de incendios forestales, entre otras áreas de acción, por lo que es la Generalitat quien realiza las encomiendas de gestión que la empresa ejecuta. Con la presencia del Consorcio en el consejo de administración de Vaersa, se podrán realizar las encomiendas de gestión necesarias para avanzar en el proyecto de construir y poner en marcha las plantas de transferencia o los ecoparques en la Vega Baja.
El Consorcio Vega Baja Sostenible adjudicó a finales de septiembre el servicio de ecoparque móvil, que se adquirió con una subvención de la Generalitat por valor de 150.000 euros, y estará en circulación en los próximos meses. Este contrato salió a licitación el pasado verano y ya ha sido adjudicado para que empiece a prestar servicio a los municipios de la comarca.
Para Pineda, la compra de la acción “da la posibilidad de lograr los objetivos que perseguíamos al principio de la legislatura, a sabiendas de que estamos pendientes de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia y no es posible realizar licitaciones”, afirma el presidente.
Los Consorcios de Residuos A3 (Villena) y A1 (Marina Baixa) realizaron también la compra de una acción de Vaersa por lo que comienzan a formar parte del consejo de administración de dicha entidad pública. Además, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha encargado la redacción del proyecto global para la red de ecoparques en la comarca por lo que su puesta en marcha se realizará mediante una encomienda de gestión a Vaersa para avanzar en su desarrollo.
A favor de la obra en la Vega Baja, se cuenta ya con los informes favorables para la ejecución presupuestaria adicional de 800.000 euros a favor del Consorcio de Residuos Vega Baja A6 (Vega Baja Sostenible) para la implementación de obras y adquisición de equipos en materia de ecoparques, transferencia y valorización de residuos urbanos. Con esta ayuda, que permite financiar el 100% de las inversiones que determine el Consorcio, se pretende contribuir a la construcción de plantas de transferencia y la disponibilidad de ecoparques sin coste para los municipios.
La gestión de residuos en la Vega Baja ha estado envuelta en la polémica, en anteriores legislaturas e incluso envuelta en asuntos de corrupción. El Consell se encuentra personado judicialmente contra los propietarios de Proambiente para la recuperación de las inversiones realizadas, un proceso que se lleva adelante en conjunto con la administración murciana.
Por ello, la Generalitat, a través de Vaersa, asumió la gestión de los residuos. El objetivo a largo plazo es una solución definitiva que incluya al menos dos plantas de tratamiento, una al norte de la comarca y otra al sur. Además, se plantea otra instalación auxiliar para podas y biomasa. Hasta que ese plan llegue, como solución transitoria, se pondrá en marcha las instalaciones de transferencia, algo que lleva en la agenda desde hace tres años. El presupuesto total, por el momento es de unos 80 millones.
