X AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la experiencia de navegación del usuario. Aceptar Más información

agotado el recorrido judicial

El Consell tiene tres meses para consignar los 100 millones del derribo de los Gemelos de Benidorm

30/11/2018 - 

BENIDORM. El presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2019 deberá comenzar con un cambio importante: 100 millones de euros para llevar a cabo los trabajos de demolición de los dos rascacielos conocidos como Gemelos 28 de Benidorm, ubicados en Punta Llisera, en la zona norte de la playa de Levante. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado la ejecución de la sentencia; es decir, el derribo de los 186 apartamentos. De esta manera, se ratifica el fallo, que se hizo publico en noviembre de 2017 y que fue adelantado en exclusiva por Alicante Plaza, y se conmina a la Generalitat Valenciana a que consigne en sede judicial 100 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones para los propietarios de las viviendas que será derribadas. El plazo comienza a contar desde el 23 de noviembre y, por lo tanto, finaliza el 23 de febrero.

El TSJ ha dictado este auto después de que la sala contecioso-administrativa del Supremo no haya admitido el último intento del Gobierno valenciano, y de la promotora Terres de l'Horta (Edificaciones Calpe, de Andrés Ballester) para buscar una solución alternativa al derribo. Hay que recordar que la sentencia que fija el derribo definitivo es de 2012, cuando el Supremo que ya declaró ilegal el permiso otorgado el 29 de abril de 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas, en ese momento, dirigida por Rafael Blasco para construir los dos edificios. Además, el alto tribunal obliga a la Generalitat no sólo a asumir los costes derribo sino la indemnización de la compra de la viviendas, más de un 20% adicional. Es lo mismo que el TSJ ordenó en 2017, pero un año después, al inadmitirse el último recurso de reposición.

De 72 millones a 100 millones

La única diferencia respecto a lo sentenciado en noviembre de 2017 es que ahora la Generalitat Valenciana debe consignar 100 millones de euros para llevar a cabo todos los preceptos que le exige el TSJ: demolición, recompra de viviendas, locales comerciales y plazas de garaje a sus propietarios, más el 20% adicional. En su momento, se habló de 72 millones de euros para cumplir el fallo judicial, aunque se dejó caer la cifra de 100 millones. Sin embargo, según los cálculos que ha hecho ahora el Consell, incluidos el plan de demolición de los dos edificios, se dispara a los 100 millones, lo que obliga a la Generalitat Valenciana a realizar una modificación presupuestaria. Esto también se anunció en 2017, pero mientras el último recurso de reposición ha estado dirimiéndose en el Supremo, la inyección de dinero no ha sido necesaria.

Ahora, la Conselleria de Vertebración del Territorio debe presentar ante la Sala en el plazo de tres meses el proyecto de demolición de las torres junto con la previsión presupuestaria del coste de ésta, así como habilitar el correspondiente crédito presupuestario en el momento que determine exactamente el importe de las indemnizaciones a abonar a los propietarios -una vez recabada toda la información sobre las escrituras de las propiedades". Y una vez fijado este importe,  el Consell dispondrá de tres meses para habilitar el crédito presupuestario. La conselleria ha realizado una estimación de este coste, que alcanza los 100 millones de euros.

En los sucesivos recursos tanto la Generalitat como la promotora ha defendido el mantenimiento de las dos torres por la imposibilidad económica y material de llevar a cabo la demolición, pero el Supremo no ha atendido sus criterios. En la fase de aclaración de la sentencia, el TSJ ha considerado que debe prevalecer el bien jurídico protegido, la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y, por tanto, recordó en su día que Gemelos 28 invade la zona de protección. "Consideramos debe prevalecer los valores naturales y paisajísticos frente a un coste económico, aunque el mismo sea elevado al carecer de fuerza jurídica suficiente para enervar la ejecución de una sentencia firme", dijo el tribunal autonómico en su auto de aclaración.

Noticias relacionadas

next