El director de la SPTCV, Antonio Rodes, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la exconcejal de Turismo, Eva Montesinos.ALICANTE. Los cambios en la propiedad y en el calendario acontecidos en la celebración de la Volvo Ocean Race, ya definitivos, devuelven al Consell al escenario de renegociación de los términos del contrato que ya se planteó hace un año en lo que concierne a la etapa de salida desde Alicante. La Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), al frente de los pormenores del evento por mandato expreso de la Conselleria de Hacienda, se prepara para abordar una reformulación del acuerdo que se suscribió en 2016, por el que la Generalitat asumía la continuidad de etapa inaugural de la competición en otras dos ediciones adicionales, al margen de la celebrada este 2017 (finalizada el pasado 1 de julio), que ya estaba comprometida bajo el mandato del PP.
En función de aquel acuerdo suscrito con Volvo, Alicante se convertía en punto de salida de la prueba en las ediciones previstas en 2020 y en 2023, en función de la cadencia trianual con la que venía celebrándose hasta ahora. Como detalló este diario, Volvo planteó un posible ajuste en esa programación, de modo que los barcos que participasen en la próxima prueba zarpasen en 2019, un año antes de lo previsto. El anuncio hizo que el Consell reclamase ajustes, de modo que se concediese algún tipo de compensación por los contratiempos generados en cuanto a la búsqueda de financiación para el evento, en un plazo más reducido. Sin embargo, esa declaración de intenciones quedó en nada hasta que, hace menos de un mes, se confirmase el traspaso de propiedad de la competición por la que Atlant Ocean Racing Spain adquiría a Volvo los derechos sobre la organización.
Ahora, los nuevos dueños de la regata ya han confirmado de manera oficial su apuesta por un nuevo calendario. En esta ocasión, en lugar de un adelanto, se adoptará un retraso: la próxima competición arrancará en el otoño de 2021. Es decir, un año después de lo previsto y de lo firmado con el Consell. De ahí que la SPTCV ya haya establecido contactos con Atlant para ajustar el contrato: lo que se conoce como novación. Según las fuentes consultadas, se trata de un ajuste necesario desde el momento en el que se ha producido un cambio en el titular de la prueba. Pero, además, se volverá a plantear la necesidad de reformular algunas de las condiciones del acuerdo original, entre ellas, también las de contenido económico, en la medida en que el nuevo calendario propuesto ahora también supone contratiempos para el funcionamiento de la Administración. En ese contexto, todo quedaría abierto: desde el coste en sí mismo, hasta las condiciones y plazos de pago, como ya se barajó antes de la edición que acaba de terminar.
La Generalitat ya planteó la necesidad de que se acordasen compensaciones cuando Volvo barajó adelantar la prueba a 2019
De lo que no cabe duda, en cualquier caso, es de la persistencia de la relación. Y del interés mutuo en que así siga siendo. Fuentes de la organización y de la SPTCV precisaron que ese compromiso quedó confirmado en la misma gala de entrega de premios celebrada en La Haya el pasado fin de semana, cuando se confirmó que se mantenía en pie la celebración de un acto específico para mantener vivo el recuerdo de la competición en Alicante -una especie de Mig Any, como se ha venido denominando hasta ahora- en una fecha todavía por concretar de 2019.
Otra de las últimas pruebas de ese compromiso la ofreció el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, este lunes, tras mantener su primer encuentro institucional con el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP). En esa cita, ambos coincidieron en la necesidad de acordar las medidas necesarias para que se mantuviesen las bonificaciones fiscales a las empresas que patrocinasen el evento Alicante Puerto de Salida, después del embrollo registrado con las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado. Como viene contando este diario, el PP obvió reconocer la prueba deportiva como evento de extraordinario interés pese a la propuesta planteada por el PSOE. Así, registró y aprobó una enmienda en el Senado para subsanar ese error. Pero, después, fue el PSOE y parte de las fuerzas políticas que respaldaron la moción de censura contra Rajoy, quienes rechazaron las enmiendas aprobadas por el PP en el Senado. El resultado: volvieron a desaparecer las exenciones fiscales.
Ahora, según fuentes del Consell, se trabaja en una nueva propuesta para tratar de rectificar esa exclusión en negociaciones con el Ministerio de Hacienda, que podría incluir una extensa reformulación de las fórmulas de patrocinio previstas hasta ahora. Sobre todo, a la vista de los problemas que se habría registrado con algunos formatos publicitarios, como los call centers, y que ya han llevado a enseñas como Mapfre a pleitear contra el consorcio Alicante Puerto de Salida por la exclusión de parte de sus exenciones. Como adelantó este diario, en ese contencioso se discute una bonificación de 800.000 euros y constituye todo un precedente que puede poner en peligro la continuidad del patrocinio de la aseguradora en lo sucesivo.
