El director general de Transportes, Carlos Domingo, junto a la consellera del área, María José Salvador.ALICANTE. Las alegaciones registradas por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Alicante (salvo Compromís), frente a los dos proyectos de explotación distintos, con dos futuras concesionarias diferentes, en los que se ha dividido el nuevo sistema de transporte comarcal para l'Alacantí -Alicante Metropolitano Norte-Oeste y Alicante Metropolitano Norte- generó este miércoles una primera réplica del Consell, a través del director general de Obras Públicas, Transportes y Movilidad.
Carlos Domingo garantizó que "se analizarán y estudiarán todas las alegaciones que lleguen a este departamento [el plazo para registrarlas finalizó, precisamente, este miércoles] para determinar en qué aspectos puede mejorar la regulación y ordenación de las concesiones de transporte, al igual que haremos en el resto de concesiones". No obstante, en referencia a una de las objeciones apuntadas por la mayoría de los partidos representados en la corporación, incidió en que "la configuración de dos concesiones diferentes para la zona de Alicante no tiene por qué implicar necesariamente descoordinación entre ellas ni en la prestación de los servicios públicos de transporte para los usuarios".
Es más, Domingo puso como ejemplo el caso de la ciudad de València, donde se ha dividido el área funcional en cuatro concesiones diferentes para autobuses interurbanos con dos operadores públicos de servicio como son FGV y EMT. En Alicante esa coordinación seguirá siendo en todo caso necesaria al operar el TRAM a cargo de la Generalitat y la concesión del transporte urbano a cargo del Ayuntamiento, según precisaron fuentes de la conselleria.
Sea como fuere, las mismas fuentes reiteraron la disposición del departamento autonómico a "estudiar todas las alegaciones procedentes tanto de los municipios como de formaciones políticas y del sector empresarial para determinar cuál es la mejor propuesta", concluyeron.
Las valoraciones de Domingo sobre las alegaciones presentadas a la nueva configuración de la red de transporte comarcal se produjeron el mismo día en el que trascendió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que condena al Consell al pago de 5,5 millones de euros a la empresa La Alcoyana, la concesionaria del servicio de transporte comarcal del área de l'Alacantí, en concepto de compensación por los desequilibrios económicos de las líneas interurbanas integradas en el antiguo sistema TAM al no haberse producido la renovación expresa del convenio, según precisaron fuentes de la conselleria.
En concreto, el fallo hace alusión a la ausencia de asignación presupuestaria suficiente para la financiación del sistema, en las cuentas de la Generalitat del año 2013, cuando la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ejercía como consellera de Infraestructuras y Transportes. Fuentes de ese departamento autonómico han precisado que, en ese año, "no se contempló" la cantidad necesaria "para hacer frente al coste del TAM, derivado fundamentalmente del coste de la integración tarifaría y de servicios suplementarios a los exigibles según el contrato con La Alcoyana". Según las mismas fuentes, se reflejaron únicamente 2,6 millones de euros en el presupuesto inicial de 2013 en el concepto presupuestario para estas finalidades, cuando el coste del sistema TAM era ya bastante superior.
Así, el actual director general de Transportes, Carlos Domingo, consideró que la sentencia es "un ejemplo más de la nefasta gestión de los gobiernos del PP y de la exconsellera de Infraestructuras, Isabel Bonig" por lo que apuntó que "cada vez más queda en evidencia su mala gestión como exconsellera, que nos cuesta ingentes sumas de dinero a los valencianos y valencianas". "La herencia en diferido que poco a poco vamos conociendo agrava todavía más la situación de infrafinanciación que sufrimos los valencianos", señaló, tras recordar que esta sentencia de 5,5 millones se suma a las que la conselleria tiene que abonar por los sobrecostes en la avenida Dénia (14,7 millones); los 9,5 millones por la autovía no ejecutada CV-95 en la Vega Baja o el procedimiento judicial en curso sobre el edificio de Los Gemelos de Benidorm.
"Los pufos heredados de épocas anteriores en materia de Obras Públicas lastran totalmente nuestra capacidad inversora", abundó Domingo tras calificar de inaudito que "a la mala gestión de la anterior responsable de infraestructuras se sume también su negativa a que el transporte público de la Comunitat reciba las subvenciones correspondientes del Gobierno central para que los ciudadanos puedan disponer de un transporte público de calidad en las mismas condiciones que los de otras autonomías".
