El consejo del Elche y el IVF, a la greña a cuenta de los 4,1 millones que reclama Bruselas

ALICANTE. El consejo de administración de Elche y el Instituto Valenciano de Finanzas mantienen posturas diametralmente opuestas respecto a la consideración que ha de tener la deuda de 4,1 millones de euros que reclama la Comisión Europea. 

El magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante es testigo de ello como también el administrador concursal que, a su vez sostiene una posición que ni club ni IVF comparten. 

El consejo no contempla los 4,1 millones de euros que reclama Bruselas en el plan de pagos que propone a los acreedores (canje de deuda por acciones o quita de 65% y espera de diez años, con dos de carencia) y que habrán de votar la próxima semana en la Junta de Acreedores porque entiende que no le corresponde abonarla al club si no a la Fundación, de hecho ha interpuesto un recurso de nulidad contra la decisión de recuperación que este lunes adelantábamos que ha sido admitido a trámite por el Tribunal General de la Unión Europea. La postura del consejo que incluye también, para el caso de que Luxemburgo tumbe su recurso que la deuda quede sujeta a la quita y espera aceptada por los acreedores, no es compartida por el administrador concursal y mucho menos por el Banco del Consell que ya ha trasladado al titular del Juzgado de lo Mercantil Número 3 de Alicante su oposición.

Manuel Illueca, director general del IVF se reafirmaba este lunes a Alicante Plaza en su convencimiento de que la suma que reclama la Comisión "es un crédito contra la masa" e insistía en que se recurrirá "hasta la última instancia para asegurarse que se cumple con la decisión de recuperación" porque "está en juego no solo el interés público sino la imagen del Reino de España". Illueca que no escondía su asombro por el hecho de que el juez aún no se haya pronunciado al respecto recordaba también que la propuesta que hizo en su momento el administrador concursal de considerar la mitad de la deuda (1,8 millones) crédito ordinario especial y la otra mitad (otros 1,8 millones) crédito privilegiado (los intereses hasta los 4,1 millones de euros, crédito subordinado) y retrasar el pago al momento en que se lograse un acuerdo sobre el convenio de acreedores. Lo anterior, a ojos del IVF supone retrasar 'sine die' el pago, máxime cuando no solo hay una oposición clara del propio banco del Consell que controla la mayoría de las acciones a través de la Fundación y llegado el momento se opondría al canje de deuda por acciones que se contempla en la propuesta, el propio administrador concursal no esconde que recomendará a los acreedores el próximo 27 de enero no aceptar la propuesta del consejo.