ALICANTE. Los socios públicos de la empresa Mercalicante ratifican su alianza frente a la parte privada en su intento de garantizar la supervivencia de la sociedad como entidad 100% pública con su composición mayoritaria actual más allá de 2025: la fecha límite en la que, según sus estatutos, quedará abocada a la disolución si no se alcanza un acuerdo en ese sentido. Tanto el Ayuntamiento de Alicante como los representantes de Mercasa (una sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura) rechazaron este lunes, en el transcurso de la Junta de Accionistas y en el Consejo de Administración de la sociedad, la última tasación planteada por los propietarios particulares que completan el accionariado de la empresa mixta como precio de venta de sus 23 títulos (de un total de 424.000).
Según fuentes municipales, la propuesta presentada por esos propietarios se continúa situando muy lejos del alcance del resto de los socios (es decir, la parte pública). No ya por el importe en sí, sino por el completo desajuste que, según las fuentes consultadas, supone respecto a su valor real. Las mismas fuentes precisaron que en un primer momento, los accionistas privados habían planteado un precio de 3.000 euros por acción, que después elevaron hasta los 10.000 euros. Esa cifra ya parecía desorbitada al ponerse en relación con el valor con el que trabaja la gerencia de la sociedad: entre 9 y 13 por cada título. Pero la última posición de esos propietarios particulares es incluso más elevada: 20.000 euros.
El alcalde, Gabriel Echávarri (PSOE), ya mantuvo un primer encuentro con esos pequeños accionistas en noviembre con el propósito de llegar a una solución razonable. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido ningún cambio de parecer, de modo que el consejo rechazó este lunes esas pretensiones y acordó estudiar una contraoferta que resultase razonable, según las mismas fuentes consultadas.
La compra de los títulos en manos privadas bloquea la ejecución de inversiones ante el futuro incierto de la sociedad actual
La compra de esos títulos resulta trascendente en la medida en que bloquea la puesta en marcha de nuevas inversiones para impulsar el futuro del mercado de mayoristas. Sin esa adquisición y el horizonte de su posible disolución, en 2025, Mercalicante pasará a convertirse en una sociedad de titularidad íntegramente municipal. De ahí que Mercasa, el socio que realmente cuenta con mayor solvencia económica, se muestre reacio a acometer obras de cierto calado ante la posibilidad de acabar perdiendo el rédito de esa inversión. De hecho, en el consejo de este lunes sólo se acordó una pequeña partida de unos 190.000 euros para acometer mejoras en la señalización y labores de asfaltado: puro mantenimiento.
El consejo también dio cuenta del balance económico de 2016, con datos cerrados a octubre. El resultado del ejercicio arroja un saldo positivo (474.566 euros), pero con una caída del 33% respecto al mismo periodo de 2015 (238.334 euros menos). La cifra de negocio también registró un ligero retroceso del 6,2% (145.000 euros menos) respecto a 2015, aunque el dato mejora a las previsiones reflejadas en el presupuesto de este año: se supera en un 6,8% (140.000 euros más de lo esperado).