José Manuel Peris, Hermann Schwarz, Maribel Moya y Guillermo Llago, durante su comparecenciaALICANTE. El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) va a poner en marcha una serie de medidas de calado para reestructurarse y ordenar su funcionamiento, tras detectar "graves irregularidades" en la administración de su ya exgerente. Entre ellas, la más grave es el supuesto desvío de unos 500.000 euros que el Colegio nunca ingresó por su participación en el beneficio de la liquidación de su seguro, y que tal como publicó Alicante Plaza este miércoles va a desembocar en la presentación de una querella criminal contra el exgerente por los presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida.
Pero no es la única. Las cuatro auditorías independientes encargadas por la nueva junta directiva que preside la doctora María Isabel Moya (económico-financiera, laboral, jurídico-formal e informática) han detectado una plantilla sobredimensionada, contrataciones irregulares, un convenio colectivo que convertía al exgerente en una figura plenipotenciaria (a la vez responsable de Recursos Humanos y enlace sindical) y una gestión deficiente de las cuatro empresas participadas por el COMA: Palacio de Congresos, Semeco, Servinmeco e Informeco.
Así, junto a la querella criminal contra el exgerente, que busca recuperar los 500.000 euros presuntamente desviados, la directiva ha adoptado otras dos decisiones de calado, que fueron refrendadas el martes por la asamblea general de los colegiados: reestructurar la plantilla (ya ha habido seis despidos, pero no se descarta que puedan producirse más), y cerrar la mayoría de sus empresas participadas para externalizar la gestión de aquellas áreas de las que se ocupaban hasta ahora. De esta forma, el Colegio liquidará las mercantiles Palacio de Congresos, Servinmeco e Informeco, y externalizará la gestión del auditorio y del servicio de informática.
En cuanto a la plantilla, la doctora Moya, que compareció acompañada de dos miembros de su directiva y del abogado Guillermo Llago, del despacho Llago-Aguado Asociados (que ha coordinado la elaboración de las cuatro auditorías), reveló que con los seis despidos ("desvinculaciones", las definió) este año ya se ahorrarán 120.000 euros, "contando con las indemnizaciones", por lo que el próximo ejercicio el ahorro será aún mayor. Tres de los seis despedidos trabajaban en la participada Informeco. En este ámbito, el Colegio ha renegociado las licencias de los dominios con Microsoft para ahorrarse un 25% de los 100.000 euros anuales que pagaba con el exgerente.
Asimismo, la cuarta medida (obligatoria) que ha adoptado el COMA es la reformulación de las cuentas de 2017, que la anterior junta llegó a aprobar en plena campaña electoral con un superávit de 150.000 euros, tal como publicó este diario en su momento. En realidad, tras la reformulación, el beneficio se ha reducido en 60.000 euros, según explicaron Moya y Llago. Esta reformulación no obedece tanto a que las anteriores cuentas estuvieran falseadas, sino a que se usaron a la vez elementos de la contabilidad mercantil y de organizaciones no lucrativas, por lo que no reflejaban correctamente la realidad patrimonial del Colegio.
Con todo, el auténtico impacto de las irregularidades y anomalías detectadas en las auditorías se trasladará a las cuentas del próximo ejercicio (2018), dado que el Colegio no tenía toda la información en el momento de reformular las actuales. Llago descartó que, como consecuencia de eventuales pérdidas que pudieran acumularse al regularizar todas estas situaciones, los colegiados se vean obligados a realizar aportaciones extraordinarias, dado que "el Colegio tiene fondos propios para hacer frente a esa situación".
En cuanto a la querella contra el exgerente, el economista José Manuel Coloma, el Colegio tiene documentado el desvío de 500.000 euros entre 2014 y 2018, al ingresar menos de lo debido por la liquidación de la póliza (unos 100.000 euros por año, dado que al COMA le corresponde el 17% de la aportación de 800.000 que se realiza anualmente). No obstante, en la querella se pedirá que se indaguen los años anteriores hasta 2008, dado que los presuntos delitos que se han detectado prescriben a los diez años. Coloma entró como gerente en el Colegio en 2002, y solicitó su baja voluntaria por jubilación el pasado mayo, después de que la directiva encargase las auditorías. "Normalmente se liquidaba en junio, y este año casualmente se liquidó en febrero", señaló Llago.
La presidenta de los médicos alicantinos (hay más de 7.700 colegiados), que llegó al cargo el pasado marzo para convertirse en la primera mujer al frente de la institución, deseó que "con todas estas medidas podamos iniciar una nueva etapa de transparencia y rigor, para que el Colegio sea eficaz y útil".
