ALICANTE. Habrá reforma en el Palacio de Justicia de Alicante, pero no está clara su ampliación. Al menos en su edificio actual, en el corazón del barrio de Benalúa.
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha detallado hoy tras una reunión de trabajo con el alcalde, Gabriel Echávarri, que las dos administraciones están trabajando para solventar las dificultades que conlleva la inclusión del in mueble que acoge la sede judicial en el nuevo catálogo de protecciones elaborado por la Concejalía de Urbanismo, como documento de base del futuro plan general de la ciudad.
Según Bravo, el proyecto que manejaba su departamento preveía ganar 16. 000 metros cuadrados para la creación de nuevos órganos judiciales con una nueva compartimentación de los espacios del edificio y el cubrimiento de algunas zonas ahora al aire libre, como los patios interiores.
Esa actuación quedaría ahora en el aire a expensas de que el Ayuntamiento concrete que obras se permite llevar a cabo tras su declaración como bien patrimonial protegido. En el caso de que no fuese posible acometer el proyecto original, se optará por ejecutar una reforma que se considera necesaria para dignificar el servicio de prestación de justicia y se buscará un edificio publico alternativo en el que poder trasladar parte de las dependencias judiciales de un modo coordinado, de modo que se agrupan todos los juzgados de un mismo ámbito jurisdiccional para dar sentido a la organización.
Echávarri ha prometido la máxima colaboración y ha anunciado que las dudas sobre el encaje del proyecto original podrían quedar resueltas en una semana. La intención de Justicia es licitar obras antes de que finalice 2016, ya que ya cuenta con partida presupuestaria para ello.
