El campo en llamas

El pasado martes 25, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley donde establecía medidas urgentes para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria. El objetivo es dotar de una mayor transparencia a la generación de los precios agrícolas, incluyendo en los contratos los costes de producción de referencia que sirven para su cálculo. Además, se prohíbe la venta a pérdidas y se sanciona la publicidad engañosa. De esta forma, se pretende garantizar unos precios más justos a agricultores y ganaderos que palíen la insoportable situación que vive el campo español. Estas medidas son la respuesta a las protestas del sector rural del último mes, que tuvo como detonante la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Y, aunque muchos han querido asociar esta subida con el principal motivo de las reivindicaciones, las causas de esta situación son más complejas. Según Lorenzo Ramos, Secretario General de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) “el SMI no es el problema, cuando alguien está perdiendo dinero, es una dificultad, pero no el problema. Todo el mundo tiene derecho a ganar un salario digno que le permita vivir en condiciones, pero ese no es el problema, sino que son los precios que algunos casos cobrábamos hace diez años".

Ciertamente, atendiendo a los datos sobre Precios e Índices Medios Nacionales Mensuales y Anuales Percibidos por los Agricultores del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el período 2010-2017, destacan las disminuciones de un 35% del precio de la sandía y la patata, y el 25% de la alcachofa. Sin embargo, esta situación negativa no es extrapolable a todos los productos agrarios. En el polo opuesto destacan las subidas del 100% en el precio de la almendra, el 76% del vino blanco, y cerca del 65% de la aceituna de almazara y el aguacate.

Este escenario ha supuesto, según las Cuentas Económicas de la Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el período 2010-2019, que la renta agraria, aunque en los últimos diez años había experimentado un incremento cercano al 12%, haya disminuido un 10% en los tres últimos años. En este período, mientras que el ingreso agrario únicamente había subido un 0,03%, los costes han experimentado una subida del 16,88%. Esta situación no es ajena a la Comunidad Valenciana. Según las Cuentas Regionales de la Agricultura del citado Ministerio, si bien desde el período 2011-2007 la renta agraria aumento en un 9,60%, en los tres últimos años, se ha reducido en un 5,95%. Mientras los ingresos aumentaron en un 0,57%, los costes lo hicieron en un 8,94%.

Este nada halagüeño panorama del sector rural ha tenido como una de sus consecuencias la “España vaciada”. Ante lo difícil que resulta ganarse la vida en el campo, sus habitantes se han visto en la obligación de trasladarse a las grandes ciudades para poder subsistir. Según datos de la Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas, entre 2016-2003 la superficie a nivel nacional destinada a cultivo ha disminuido cerca de un 10%, habiéndose abandonado una de cada cinco explotaciones. Situación que se agudiza aún más en el caso de la Comunidad Valenciana, donde la superficie dedicada a cultivo ha disminuido un 17%, habiéndose cerrado una de cada cuatro explotaciones.

A nivel provincial, según los datos en posesión del INE acerca de la distribución de la tierra de cultivo por provincias, entre los años 2009 a 2018, la tierra dedicada a cultivo ha disminuido en Alicante un 5,59%, un 1,61% más que Valencia, y un 3,63% menos que Castellón. Los productos que más se han visto afectados han sido el viñedo, con una reducción de casi el 20%, los tubérculos con un 15% y los frutales cítricos con un 12%. Por su parte los más favorecidos han sido las forrajeras con un incremento del 43%, y los frutales no cítricos y cereales con un 11%.

Sin embargo, esta situación contrasta con el hecho de que, si bien a nivel nacional se ha producido un ligero incremento en el empleo agrario cercano al 2%, en la Comunidad Valenciana este incremento ha sido muy superior del 8,72%. Destacando la subida del 33,66% para Alicante, un 7,06% más que Castellón, alcanzando Valencia una disminución cercana al 14%. Más teniendo en cuenta, que, por una dura jornada laboral diaria el salario que cobraron en 2018, según los Índices y Salarios Agrarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue de 47,07 euros. Si bien desde 2009 el salario subió 3,11 euros, un 7,08%, desde 2015 su crecimiento es prácticamente nulo con una subida de 0,18 euros.

Este es el verdadero escenario del sector rural, y la verdadera causa de las movilizaciones de los trabajadores del campo, no solamente deben reclamarse precios justos. Sin embargo, aunque el problema está identificado, su resolución es altamente compleja. La estructuración del proceso de la cadena de suministro entre los agricultores y el consumidor final hace que los precios se multipliquen de forma vergonzosa, recibiendo por sus productos una parte mínima que, en la mayoría de los casos no cubre sus costes. De ahí la necesidad de que agricultores y ganaderos, tomen conciencia de que deben utilizar su fuerza no únicamente para reivindicar al Estado que le soluciones sus problemas. Deben también buscarlas canalizando esta fuerza para asociarse y fomentar el cooperativismo que les dote de las herramientas para así plantar cara a las grandes distribuidoras.

La situación del campo no es una cuestión que se soluciona con las medidas adoptadas por el gobierno. En un tiempo record, prácticamente un mes desde que los agricultores se han puesto en pie de guerra para defender sus intereses, se pretende solucionar lo que no se ha hecho en muchos años. Nos encontramos ante un parche que no va a solucionar ningún problema. El Ejecutivo se ha encontrado nada más iniciar su legislatura con un problema que es consecuencia de la inacción de todos los gobiernos. Y para evitar que la situación empeore, calmar a los agricultores y así evitar el conflicto que estaba incendiando el campo, de forma urgente y precipitada ha adoptado una serie de medidas que en poco palían los problemas estructurales del campo.

Si no fuera suficiente, esta situación adversa se agudizará, aún más si cabe, consecuencia de la intervención de una serie de factores que escapan al control del Gobierno y que deben tomarse en consideración en la solución del problema. Según el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luís Planas, este escenario empeorará debido al BREXIT, el cierre del mercado ruso, los aranceles adoptados por Estados Unidos para gravar los productos agrícolas españoles, los desastres medioambientales que han azotado al campo, y la previsible reducción del 14% de la Política Agraria Común (PAC). Reducción, que, aunque el Ministro aseguró que no, puede ser objeto de intercambio utilizando como moneda de cambio los fondos de cohesión.

También quisiera destacar que, este conflicto, o más bien su resolución, transmite un mensaje preocupante y peligroso. Mensaje que no es nuevo, sino que ha estado presente en otras reivindicaciones y parece que se ha asumido como algo normal y habitual. Me refiero a que, desde un tiempo hasta ahora, para que se nos haga caso es necesario que las demandas no se reclamen utilizando la fuerza de la razón, sino que es necesario aplicar la razón de la fuerza.

En las últimas semanas, el sector agrario ha salido a la calle a lo largo de la geografía de nuestro país, contando con una participación activa de agricultores y ganaderos en las provincias de la Comunidad Valenciana. Las diferentes manifestaciones han supuesto corte de carreteras y, en menor medida y de forma más aislada barricadas, altercados con la policía, detenciones, algún herido, quema de productos que vienen de fuera. Imagen esta última que nos retrotrae a tiempos pasados donde nos quejábamos porque nuestros vecinos franceses se comportaban en términos similares. Y, si a esta situación le unimos el hecho de que desde el gobierno el Vicepresidente de Asuntos Sociales Gobierno Pablo Iglesias animaba a los agricultores y ganaderos a que “apretaran”, y que posteriormente fuera respaldado por la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, transmite una sensación de que para conseguir las cosas hay que radicalizarse. Si echamos la vista atrás, esta receta ha sido utilizada para defender sus intereses por, entre otros, los estibadores, los taxistas de Madrid y Barcelona, los astilleros de Cádiz, la industria del carbón en Asturias… y, la que, resultó más vergonzosa, los controladores aéreos.

El campo está en llamas, pero solucionar sus problemas no pasa por tomar medidas de hoy para mañana con el objetivo de acallar las protestas de agricultores y ganaderos. El campo necesita un proceso de reflexión profundo que implique una modificación estructural que aún está pendiente y es necesario afrontar con seriedad.