EL CAMPELLO. En 2020, el Ayuntamiento de El Campello rebasó en 147.002 euros el gasto presupuestado para productividades. Si se consignaron 785.484 euros, el consistorio acabó pagando 932.486 euros en tal fin. En octubre, las productividades ya estaban al límite de gasto (783.692 euros), agotando los fondos cuando todavía faltaban por pagar los dos últimos meses del año.
Así, el grupo municipal de Esquerra Unida en El Campello ha realizado una comparativa entre este municipio y los de San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant y Mutxamel con el fin de conocer cuánto dinero ha empleado cada gobierno en productividades desde la crisis de la covid-19, dado que la concejala de Recursos Humanos, Lourdes Llopis (PP), argumentó que el sobrecoste en 2020 fue debido a dicha crisis provocada por la pandemia.
En 2020, el gasto en productividades por municipios fue el siguiente:
El presupuesto de San Vicente para 2020 fue de 40,9 millones, mientras que el de El Campello -prorrogado durante todo 2021 y todavía vigente hasta que se aprueben las nuevas cuentas- ascendió a 29,7 millones. Es decir, alrededor de 10 millones de euros menos. En cuanto al número de trabajadores y trabajadoras municipales, el Ayuntamiento sanvicentero sumó en 385 en 2020, 101 más que el campellero, donde estaban empleadas 284 personas.
Pese a que San Vicente es el municipio de mayor consignación presupuestaria entre los cuatro escogidos, también registra la cifra económica más baja en cuanto a productividades, con 261.006 euros. Le siguen Mutxamel y Sant Joan que, con un presupuesto similar (en torno a los 22 millones), gastaron en productividades 327.589 € y 414.822 € respectivamente.
"Nuestro municipio, por sí solo, duplica el dinero que gastan Sant Joan y Mutxamel, y cuadriplica las cifras de San Vicente", interpreta el concejal de EUPV, Pedro Mario Pardo, quien reivindica que, "siendo más rigurosos en el gasto tanto de productividades como de horas extras, el municipio podría crear trabajo, ampliando la plantilla municipal en más de una treintena de trabajadores y trabajadoras".
Además, la formación recuerda al equipo de Gobierno que la Ley establece que "el abono de las productividades debe ir destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo. Sin embargo, muchas de estas se otorgan de manera periódica y fija mes tras mes, y el resto de forma discrecional por parte del alcalde, al no haber desarrollado este un reglamento, tal y como nos instó el Síndic de Comptes en su informe".
Necesidad de un reglamento
En 2014 el Síndic de Comptes ya advirtió al Consistorio sobre la necesidad de elaborar un reglamento para regular esta partida del capítulo de personal, con la finalidad de objetivizar los criterios para conceder estas retribuciones que "no obedecen a criterios objetivos y, en muchos casos, se abonan factores fijos del puesto de trabajo", alegaba el informe.
A su vez, declaraba que las productividades se abonaban sin atender a un reglamento, "incluso algunas de ellas sin motivación suficiente, pareciendo ser discriminatorios en relación con otros trabajadores en puestos similares o cantidades que, en apariencia, deberían abonarse como servicios extraordinarios en vez de en concepto de productividad".
Para regularizar esta situación, el equipo de Gobierno de la anterior legislatura (2015-2019) presentó al pleno de julio de 2017 una propuesta de normativa, que finalmente no salió adelante porque no reunió los votos necesarios. Además, el informe de Intervención relativo señalaba que este reglamento podría "no ser el cauce legal, puesto que estaríamos ante un posible fraude de Ley, habida cuenta que las 'productividades fijas' no tiene por objeto esfuerzo, iniciativa o grado de interés con que se fundamenta la productividad".
Incremento del gasto en las productividades
El gasto en las productividades se ha ido acentuando de manera gradual con el paso de los años. En este sentido, las cifras relativas a 2017 elevaron el gasto a más de 575.000 euros, lo que supuso un incremento de 75.000 euros con respecto al año anterior. Por su parte, en 2018 se abonaron en este concepto casi 600.000 euros, mientras que en 2019 el incremento fue de más de 300.000 euros, rondando la cantidad de 920.000 euros. 2020 se cerró con una cifra similar a la del año anterior, con 932.486 euros.