El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, reciben al presidente del Consell, Ximo Puig.ALICANTE. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) ha presentado para su debate en el pleno municipal de este jueves 28 de octubre una declaración institucional en la que insta al Consell a que compense la infrafinanciación que sufrirá Alicante en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y pide al gobierno autonómico que destine gran parte de los 300 millones de que dispone para infraestructuras en la ciudad de Alicante.
La propuesta firmada por las portavoces, Mari Carmen de España y Mari Carmen Sánchez, refleja cinco de las propuestas del Ejecutivo local si esos 300 millones llegaran a Alicante. Se trata de la rehabilitación del Centro Cultural Las Cigarreras y del edificio industrial de la Fábrica de Tabacos, por un importe de 48,2 millones; la mejora de la accesibilidad al castillo de Santa Bárbara, cifrada en 25 millones; la construcción de los tres centros de salud que la conselleria tiene pendientes en Garbinet, PAU-2 y Playa de San Juan, valorados en 13,3 millones; la construcción del CEIP La Almadraba que implica, además, los medios personales y técnicos para que su puesta en marcha, por un importe de 8,5 millones; y una mayor inversión en centros culturales "para acabar con el agravio comparativo que sufre la ciudad de Alicante". En este punto subraya la declaración institucional que "del total de la inversión cultural de la Generalitat en 2021, Alicante sólo ha recibido el 7,5%, mientras que Valencia acapara el 77% de la inversión".
La declaración institucional es la respuesta del equipo de gobierno a la aportación de los PGE a la provincia. "Según el análisis de esas cuentas, el Gobierno de España relega a Alicante a la cola en inversión por habitante", recalca el texto propuesto por PP y Cs. "La inversión es de 183 millones para la provincia. Así, de los 1.208 millones destinados a la Comunidad Valenciana, sólo llegará un 15%. Esto supone un 40% menos que en 2020. En lo referente a cada alicantino, la inversión es de 97 euros, lo que supone 177 euros menos que la media nacional". "Si se tiene en cuenta que Alicante es la quinta provincia española por población, se convierte en la última en inversión. Es una muestra lamentable de lo poco que Alicante le importa a este gobierno. Una política que desde el Ayuntamiento no podemos permitir y tenemos que denunciar a todas luces", incide la propuesta. La declaración institucional finaliza "instando al presidente de la Generalitat a que se comprometa a destinar estas cantidades para la mejora de las infraestructuras pendientes con Alicante".
Por otra parte, PP y Cs también han registrado una segunda declaración por la que plantean que el Gobierno ponga en marcha un teléfono, de tres cifras similar al 016 de atención a las víctimas de la violencia de género, destinado a atender a las personas con pensamientos y/o conductas suicidas. Al mismo tiempo, insta al Ejecutivo a impulsar medidas para aumentar las ratios de profesionales de psicología clínica y psiquiatría, solicita que se profundice en la atención psicológica dentro del Sistema Nacional de Salud, y se refuerce la formación de los equipos profesionales de salud mental.
Al argumentar la declaración institucional, De España y Sánchez, explican que cada dos horas y media se produce un suicidio en España. Ésta es la principal causa de muerte natural desde que en 2008 superara al número de fallecidos en accidentes de tráfico. En el caso de los jóvenes, las ideas suicidas aumentaron un 250% debido a la crisis de la covid-19 y a las medidas restrictivas impuestas por los distintos gobiernos para contenerla. En el caso de los jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la principal causa de muerte no natural desde que se registran datos. Los especialistas relacionan este dato con el estallido de la pandemia, concreta la declaración, según han informado fuentes municipales, a través de un comunicado.
Las portavoces consideran que "la situación de la salud mental es verdaderamente alarmante en España. Merece actuaciones tanto en el plano de la prevención y la detección temprana como en el de la eliminación de barreras para la atención sanitaria a pacientes y familiares, y en el del tratamiento de estos trastornos".
De igual modo, De España y Sánchez rubrican una declaración para el pleno de mañana en la que se pide al Gobierno de España a que rectifique las medidas que se contemplan en el anteproyecto de Ley sobre la Vivienda. Además, solicita medidas encaminadas "a que haya, efectivamente, haya más vivienda pública pero sin limitar la privada, con libertad en la fijación de rentas, aumento de la oferta y una mayor seguridad jurídica. Todo ello redundaría en unos precios de alquiler más acordes con los incrementos de las rentas de los arrendatarios".
Alertan las portavoces que "si el Gobierno central, llegado el momento, obligase a los consistorios a aplicar la subida fiscal sin sentido sobre el IBI, el Ayuntamiento de Alicante estudiará todos los mecanismos legales a su disposición para que el impuestazo de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos. En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, como ya ocurrió con la reducción del IBI en un 5% e introduciendo varias bonificaciones y deducciones en éste, por lo que rechazamos rotundamente las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica".
El equipo de gobierno instará también a la Conselleria de Universidades de la Generalitat Valenciana a que resuelva "inmediatamente" la convocatoria de Becas de Estudios Universitarios en las universidades de la Comunidad Valenciana en el curso 2020-21. Denuncian las ediles firmantes de la declaración que "por segundo año consecutivo" la conselleria no ha resuelto la convocatoria dentro del curso, "lo que supone un incumplimiento de los propios plazos fijados y del compromiso adquirido el pasado septiembre por la consellera Carolina Pascual de resolver este problema". Se cifra en cinco millones de la partida "Universidad y Estudios Superiores" lo que resta por ejecutar y sin resolver a favor de los universitarios de la Comunidad "por la falta de eficacia y el incumplimiento, una vez más, de la Generalitat Valenciana".
Este hecho, aseveran De España y Sánchez, "provoca un perjuicio muy grave para el alumnado de la Comunidad ya que aumenta, exponencialmente, la incertidumbre sobre si tendrán que hacerse cargo o no de la matrícula del curso 2020-21, dificultando una óptima planificación y organización del curso 2021-22, que ya ha comenzado. Estos incumplimientos perjudican a miles de estudiantes de la Comunidad que necesitan de estas becas para proseguir sus estudios universitarios".
Los grupos municipales de PP, Ciudadanos, PSOE y Compromís apoyarán mañana mediante una declaración instituciones, que se debatirá en el transcurso del Pleno, la celebración del 25 de octubre como el Día del Comercio Local en la Comunidad Valenciana "por la importancia que tiene dentro de las políticas municipalistas y la vida en nuestros pueblos y ciudades".
Los portavoces firmantes se suman a la petición de la Conselleria de Comercio "para poner en valor este sector que supone experiencias de compra más personalizada y genera menos residuos que otras alternativas comerciales. Al mismo tiempo suele vender productos de productores próximos, con lo que se favorece la economía local y trae consigo efectos positivos, desde los puntos de vista económico, social y medioambiental".
De igual modo, los portavoces de PP, Ciudadanos, PSOE y Compromís llaman a asistir a las manifestaciones convocadas el 20 de noviembre por la "Plataforma per un finançament just" en Alicante, Valencia y Castellón, a partir de las 18 horas. Se desarrollará bajo el lema "Un poble unit per un finançament just". Lo hacen desde la declaración institucional que será debatida en el pleno. Avalan esa iniciativa por el hecho de que la Comunidad Valenciana sigue siendo la peor financiada.
"Son distintos informes los que avalan este hecho. El último de ellos, el de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), del pasado agosto. En él queda ratificado que la financiación de la comunidad es un 10% inferior a la media del conjunto de comunidades de régimen común. La financiación por habitante de las tres comunidades mejor tratadas por el actual sistema es un 27% superior a la de las tres más infrafinanciadas", apunta la propuesta. Si se corrigiera esta financiación, se explica en el texto de la declaración, "la Comunidad Valenciana recibiría unos ingresos adicionales de 1,3 millones de euros anuales".
"De acuerdo a las previsiones de este año, cada habitante de la Comunidad Valenciana recibirá 215 euros menos que la media estatal y 703 menos que la autonomía mejor financiada. Esto supone un 10 y un 29% menos de recursos, respectivamente", añade el texto. Explican los firmantes que "ésta es una situación insólita. Nuestra renta per cápita es de 12 puntos inferior a la media y, sin embargo, somos una autonomía que, aun siendo pobre, aporta al conjunto del Estado. El resultado es, sencillamente, insoportable para la ciudadanía de la Comunidad Valenciana".
