El edil de Vivienda, José Ramón González, y la diputada autonómica del PP, Elisa Díaz.ALICANTE. El presidente del Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante, el popular José Ramón González, ha anunciado este martes que el equipo de Gobierno (PP y Cs) va a llevar al próximo pleno ordinario una Declaración Institucional para requerir al Consell la inclusión en los presupuestos del ejercicio 2020 de las partidas nominativas para llevar a cabo una actuación integral en los barrios de Miguel Hernández y Virgen del Carmen de Alicante de 6,6 millones de euros, que deben iniciarse este mismo año, con arreglo a los Informes que ya constan en Conselleria.
El edil de Vivienda junto con la diputada autonómica, Elisa Díaz, han instado al ejecutivo autonómico a cumplir las promesas realizadas en los últimos tres años. "Basta ya de prometer obras en Vivienda que nunca llegan a la ciudad de Alicante", ha insistido Díaz.
El edil de Vivienda explicó que la pasada semana se reunió con la directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat para tratar los proyectos pendientes y ver el calendario de las intervenciones de rehabilitación en los Barrios de Miguel Hernández de 2,8 millones de euros y Virgen del Carmen de 3,8 millones. Según han informado fuentes municipales a través de un comunicado, la directora general argumentó que están en fase de licitación y condicionados a los presupuestos del 2020. Con todo, añadió que también existe la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos y que se debería evaluar si con el remanente se podrían ejecutar.
"Alicante no puede esperar en materia de Vivienda y más cuando hay un Botànic que defiende a las personas y las cuestiones sociales en la Generalitat, y creemos necesario hacer un esfuerzo en estos dos barrios de Alicante", ha señalado González, quien a su vez ha recordado que "en estos últimos tres años lo que ha recibido esta ciudad en materia de Vivienda son menos de 300.000 euros, cuando estamos hablando de una inversión de 6,6 millones en Virgen del Carmen y Miguel Hernández que exigimos se incluyan en el presupuesto y se dejen ya las promesas y pasemos a hechos".
En este sentido, el edil de Vivienda ha incidido en que "Alicante no puede estar sin las ayudas y los compromisos que nunca llegan", al tiempo que ha explicado concretamente que hay dos proyectos sobre la financiación para finalizar el Centro 14 de más de dos millones de euros o la III Fase de las Viviendas de Juan XXIII con un presupuesto de 400.000 euros para rehabilitar 756 viviendas en los pasajes, que ahora nos remiten a una nueva dirección General de Rehabilitación.
Por tales motivos, desde el equipo de Gobierno van a requerir también en el Pleno que de forma inmediata se ponga en marcha un protocolo de actuación y regeneración de los Barrios Miguel Hernández y Virgen del Carmen en coordinación con el Ayuntamiento de Alicante, a fin de asegurar la atención social y la disponibilidad de una vivienda digna a cada familia afectada por el proceso de rehabilitación urbana, desde su inicio hasta su finalización.
Por su parte la diputada autonómica, Elisa Díaz, ha señalado que el Consell estuvo durante toda la legislatura pasada "anunciando y prometiendo estas obras sin realizarlas con su mala gestión, y lo que exigimos es que se ejecuten porque nos tememos que con los exigencias de recortes en el presupuesto no se lleven a cabo".
"Estos dos barrios son un gran problema en tema de vivienda social, tienen a las personas abandonadas y no se puede consentir que el Consell deje de lado a los más vulnerables, a los niños en las escuelas con barracones, los enfermos con los centros de salud incumplidos y de todas aquellas personas que necesitan una vivienda digna sin inversiones", ha aseverado Díaz.
Desde el equipo de Gobierno han explicado en la declaración institucional que fue a finales del año 2014, con la entonces consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, cuando se anunciaba en rueda de prensa organizada en la Dirección Territorial de la Presidencia de la Generalitat en Alicante, la inclusión en los presupuestos para el año 2015 de una partida de 1 millón de euros para el Barrio de Juan XXIII y más de 10 millones de euros procedentes de fondos europeos (FEDER) para el barrio de José Antonio, también denominado División Azul y actualmente denominado Miguel Hernández.
Un año más tarde, en diciembre de 2015, el grupo parlamentario popular en Les Corts solicitó la inclusión de la partida de 10 millones de euros en los Presupuestos del año 2016 para el barrio de Miguel Hernández.
En febrero de 2016 comienzan a producirse desprendimientos, es en este momento cuando el Síndic de Greuges toma conciencia de la situación y en el mes de marzo emite un Informe instando al Ayuntamiento de Alicante y la Conselleria de Vivienda, a llevar a cabo las medidas necesarias para la rehabilitación, regeneración y renovación urbana del barrio Miguel Hernández.
Ante esta situación, la conselleria informó que el barrio estaba inmerso en un proceso de regeneración en "Fase de Análisis". No obstante, se envían peticiones de desalojo y los vecinos comienzan a quejarse, ya que en junio de 2015 la Consellera había asegurado que no habría ni un solo desahucio en las viviendas del parque público de la Generalitat.
Posteriormente, en marzo de 2016, la Conselleria de Vivienda anunció el encargo de un Informe a la Universidad Politécnica de Valencia sobre los aspectos técnicos y económicos de la rehabilitación del barrio Miguel Hernández con el fin de decidir las acciones y criterios de intervención más convenientes, así como la inversión de 2,8 millones de euros para dicha rehabilitación.
En este punto resulta necesario destacar, según las mismas fuentes, que en el expediente constan varios informes, el último fechado en 2013, en los que se manifiesta el estado de ruina legal en el que se encuentran algunos edificios del barrio Miguel Hernández.
Ese mismo año, en el mes de julio, la consellera apuesta en un comunicado por "la rehabilitación y rescatar oficios que han sufrido la crisis de la construcción" y pone de ejemplo "la inversión en rehabilitación de zonas del parque público o barrios como el de José Antonio y el del Carmen en la ciudad de Alicante".
Hasta la fecha, la única inversión realizada en ambos barrios por el Consell había sido destinada a reparaciones de mantenimiento. Posteriormente, en octubre de 2016, se entregó el Informe emitido por la UPV a la Conselleria de Vivienda, dicho Informe concluye que: "Los edificios del barrio no cumplen las condiciones mínimas para asegurar la estabilidad estructural" y recomienda "actuar con la máxima urgencia", según las mismas fuentes. El informe hace referencia a otros preexistentes que aseguraban que el coste de las reparaciones necesarias para recuperar las condiciones mínimas sería desorbitado en relación a los resultados obtenidos, siendo más recomendable la edificación de nueva planta. No obstante, el Informe apunta dos alternativas: (i) La rehabilitación integral o (ii) la edificación de nueva planta.
Finalmente, en diciembre de 2016 se aprueban los presupuestos para el ejercicio 2017, presupuestos que contemplan una partida de 150.000 euros para el barrio Miguel Hernández, a pesar de que ya era conocido el contenido del informe emitido por la UPV, lo que nos parece una absoluta irresponsabilidad dado el riesgo que existe para más de 500 familias que habitan en dicho barrio.
Una vez conocido el contenido de los presupuestos, en el mes de marzo de 2017 el grupo municipal popular preguntó en el Ayuntamiento de Alicante por las medidas que se tomarían a raíz de lo dispuesto en el citado informe, "la respuesta resultó de todo punto sorprendente, no había ningún protocolo formal, el ayuntamiento tampoco participaba en la comisión de seguimiento y no habían sido informados de nada". Motivos por los cuales, no se ha podido prever ninguna partida en el presupuesto municipal para acometer el posible realojo de las familias afectadas, ni se han elaborado protocolos de actuación desde la Concejalía de Acción Social para asegurar la atención y el bienestar de las familias del barrio durante el proceso de rehabilitación.
Según las mismas fuentes, de nuevo, en junio de 2017, la consellera vuelve a anunciar el presupuesto de 2,8 millones de euros para el barrio de Miguel Hernández y de 3,8 millones de euros para el barrio de Virgen del Carmen e inicia las obras de reparación para el mantenimiento de cinco viviendas.
No es hasta agosto de 2017 cuando se publica la licitación del proyecto para la rehabilitación de los edificios 5 y 6 del barrio Miguel Hernández, hecho que demuestra que no se ha tenido en cuenta el Informe emitido por la UPV que la propia Conselleria de Vivienda había solicitado, y que hacía referencia a una inversión mínima necesaria de 5,1 millones de euros, cifra que se solicitó incluir en los presupuestos para el ejercicio 2018.
Finalmente, en el mes de enero de 2018 se conocen los nuevos presupuestos, que dejan de contemplar partidas nominativas para los barrios de Miguel Hernández y Virgen del Carmen, incluyendo únicamente una partida para el Plan de rehabilitación de viviendas del parque público de la Generalitat.
Por su parte, el grupo municipal de Unides Podem EU en el Ayuntamiento de Alicante reacciona frente a la propuesta de declaración institucional anunciada por el equipo de Gobierno (PP y Cs) para instar a la Generalitat a invertir en la reurbanización de los barrios de Virgen del Carmen y Miguel Hernández. En concreto, el portavoz de la confluencia, Xavier López, ha apuntado que los datos facilitados por el edil de Vivienda, el popular José Ramón González, al dar cuenta de esa iniciativa de pleno "no se ajustan a la realidad".
Según ha precisado López a través de un comunicado, pese a que González acusó al Consell de invertir menos de 300.000 € en materia habitacional en la ciudad de Alicante, lo cierto es que se habrían destinado "más de 7 millones en los últimos cuatro años".
Para López, "empieza a ser preocupante la prisa del PP por desviar la atención mediática cuando las resoluciones judiciales critican su gestión al frente de la Generalitat". La última de ellas, la que pone en entredicho la labor de Isabel Bonig al frente de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat, condenada a pagar más de 2 millones de euros al empresario Enrique Ortiz, según Unides Podem EU.
En total, según el comunicado, se trata de una treintena de sentencias que van a costar 12 millones al Consell. "Una vez más los valencianos y valencianas pagan los platos rotos del despilfarro popular", sentencia López.
