El bipartito de Alicante y Vox validan la ordenanza de convivencia sin las enmiendas de Cs

ALICANTE. La polémica ordenanza de convivencia cívica de Alicante supera el primer filtro administrativo al lograr un dictamen favorable en la comisión de Presidencia. Y, además, lo hace con nuevos elementos para la controversia política, al menos, por lo que respecta a la posición de Ciudadanos (Cs), ya que no se ha producido la votación de sus enmiendas. Todo, en un contexto en el que el grupo municipal de Vox ya había advertido de su intención de no aprobar la propuesta de ordenanza en el caso de que se aceptasen las propuestas de Cs.

Por orden. La propuesta ha logrado ese primer dictamen favorable con los votos de los dos partidos que conforman el equipo de gobierno (PP y Cs) y el respaldo de Vox. Por su parte, los grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís) han votado en contra. Básicamente porque se trata de la misma ordenanza que se aprobó en Junta de Gobierno en octubre de 2020, sin que se haya introducido ninguna modificación de calado posterior, más allá de la incorporación del lenguaje inclusivo en su redacción, a instancias de la única enmienda que se ha acabado aceptando, a instancias del grupo municipal de Unides Podem EU.

El resto de las enmiendas formuladas por PSOE, Unides Podem EU y Compromís han quedado rechazadas, con los votos del bipartito y Vox. Y esta última formación ha optado por retirar las modificaciones que había registrado al considerar que el texto original era el adecuado y que sus sugerencias no podían tener encaje jurídico, como habían concluido los informes técnicos. No obstante, los cambios que había tratado de promover Cs, con un paquete de siete modificaciones concretas registrado 13 meses después, no se han llegado ni a debatir. El presidente de la comisión, Toño Peral (PP), ha considerado que no podían tomarse en consideración al confirmar que se habían registrado fuera del plazo establecido para ello (seis días a partir de su aprobación en Junta de Gobierno). 

De igual modo, se ha descartado que pudiesen plantearse como enmiendas in voce, puesto que, en realidad, se habían registrado por escrito el pasado 11 de noviembre. Tanto es así que los técnicos del área de Seguridad habían emitido un informe al respecto, en el que recomendaba que la mayoría de ellas quedase desestimada. Es más, pese a ese informe de recomendaciones, lo cierto es que los técnicos municipales habían llegado a incorporar esas aportaciones a la propuesta de borrador del texto de la ordenanza.

Así, el representante de Cs en la comisión, el edil Antonio Manresa, ha acabado aceptando la decisión adoptada por Peral, tras asumir "los errores propios o ajenos que se hayan podido acometer" en el procedimiento de presentación de esas enmiendas. De este modo, a la postre, el texto planteado inicialmente por el equipo de gobierno se ha mantenido con el respaldo de Cs, incluso pese a que no se haya tenido en cuenta sus enmiendas. 

¿Consecuencias? Que la propuesta de ordenanza que se someterá a votación en el pleno ordinario del próximo jueves, 25 de noviembre, será la misma que se aprobó en Junta de Gobierno en octubre del año pasado. De hecho, el equipo de gobierno ha rechazado el planteamiento defendido por Compromís, para que el bipartito aprobase una nueva propuesta de ordenanza en Junta de Gobierno, en la que pudiesen incorporarse las enmiendas de Cs, para poder someterlas a votación en una comisión informativa y en un pleno posterior.

Tras el rechazo de esa sugerencia y la aprobación del dictamen favorable, las reacciones no se han hecho esperar. Así, en primer término, el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, ha señalado que "hoy es un día triste. El bipartito de PP y Vox con sus comparsas de Ciudadanos han aprobado llevar al pleno una ordenanza cruel con las personas más vulnerables, hipócrita porque no busca soluciones y chapucera, queriendo marcar un gol a través de las enmiendas a destiempo de Ciudadanos a los técnicos municipales y a la oposición municipal". Así, ha criticado que la ordenanza "vaya a debatirse en la próxima sesión plenaria sin una verdadera consulta pública previa". 

En esta línea, ha incidido en que "la tramitación de la Ordenanza de Convivencia se base en una consulta pública previa, de septiembre de 2019 en el tablón de edictos municipal, que ya se encuentra desfasada y desactualizada, 26 meses después, y más cuando la situación socioeconómica ha variado tanto tras la pandemia". Además, ha recordado que, el pasado miércoles, Compromís presentó "un escrito solicitando la retirada del punto sobre debate de enmiendas y aprobación inicial de la Ordenanza de Convivencia Cívica - Mendicidad -, en base a la aceptación de enmiendas - remitidas en la documentación - registradas por Ciudadanos fuera de plazo, 13 meses, el pasado 11 de noviembre de 2021, después del periodo establecido en el reglamento orgánico del pleno, mientras que el resto de grupos municipales tuvo seis días en octubre de 2020 para presentarlas".

Bellido ha incidido en la necesidad de volver a remitir el proyecto normativo a Junta de Gobierno. "El procedimiento de esta ordenanza es una chapuza y además es un texto hipócrita porque no busca soluciones y solo contentar a sus socios de la extrema derecha. Vamos a estudiar posibles acciones legales tras el estudio de todo el proceso de elaboración de esta ordenanza", ha añadido. 

Además, Compromís ha incidido, a través de un comunicado, en que "la ordenanza, que se empezó a tramitar hace más de dos años, se redactó sin contar, entre otras, con las entidades sociales de la ciudad, una ordenanza que contempla entre otras medidas multas con hasta 3.000 euros a las personas que viven en la calle. La ordenanza debería contemplar las aportaciones de las entidades sociales y dar marcha atrás al proyecto presentado en octubre de 2020, al ser "injusta, antisocial y basada en criterios de seguridad y sancionadora, por lo que en los momentos actuales de crisis por la pandemia sanitaria resulta incluso cruel".

Además, la coalición valencianista incide en que el texto "no cuenta con la colaboración de concejalías como la de Igualdad, sin aportar informe de género sobre un proyecto de ordenanza que equipara a las mujeres explotadas sexualmente y sus clientes o explotadores, ni con la de Acción Social como ejemplo". "La ciudad de Alicante sufre el colapso de los recursos habitacionales de las personas sin hogar, quienes necesitan programas de apoyo y seguimiento y la posibilidad de tener tanto recursos de estancia diaria como espacios seguros para pasar la noche. Más allá de las condiciones especiales de la actual situación de pandemia, que deberían impedir que hubiera personas durmiendo en la calle, se deben de poner recursos estables para garantizar unos servicios mínimos hacia este colectivo", concluye Compromís.

La propuesta dictaminada de forma favorable es la misma que se aprobó en octubre de 2020 sin añadir ninguna de las modificaciones planteadas por Cs y por el conjunto de los grupos de la oposición

Por parte del PSOE, la edil Llanos Cano ha indicado que "hoy se ha demostrado en la Comisión de Presidencia y de Régimen Interno que se reconoce por los técnicos  la ordenanza de mendicidad y prostitución que quiere sacar adelante el bipartito es la de Sonia Castedo puesta al día, incluso más dura". En este sentido, ha denunciado que "tampoco es la ordenanza de la FEMP, ya que ésta tiene más de 180 artículos, mientras la que la que propone Barcala solo tiene 42 artículos y está despojada de todo lo social. Además,  el informe  de igualdad se pide de manera extemporánea y luego el técnico lo desprecia", ha añadido.

Portavoces del PSOE han incidido, en un comunicado posterior a la comisión, que su grupo había propuesto una enmienda a la totalidad con "una ordenanza alternativa que se enmarcaba dentro de un Plan de Convivencia Municipal y debía de ir de la mano de un Plan de Inclusión Social". "No se puede aplicar sin la puesta en marcha de toda una suerte de medidas de acompañamiento a los colectivos más vulnerables", incide el comunicado.

"Esta ordenanza alternativa no tenía como objetivo sancionar a los más indefensos. En nuestra ordenanza se contempla expresamente que las personas en prostitución y en situación de mendicidad no se pueden sancionar y, en lugar de multarlas hay que establecer itinerarios sociales para ellas dentro de un Plan de Inclusión Social", concluye la nota pública.

En tercer término, la edil de Unides Podem EU, Vanessa Romero, ha señalado que "el equipo de gobierno siempre ha defendido que se tomaba como base el texto de la ordenanza tipo de la FEMP, y no es así. La ordenanza de la FEMP tiene una parte importante social que el bipartito de derechas ha decidido obviar. Esta ordenanza sólo mantiene la parte punitiva , con lo que, al no ofrecer alternativas, está criminalizando a los colectivos más vulnerables. Es aún más dura que la ordenanza de Castedo".

Además, ha apuntado que "con el establecimiento de las sanciones que contempla la ordenanza, y no contemplando ningún tipo de acción social complementaria, estaríamos ante una vulneración de derechos fundamentales; sin alternativa, el Ayuntamiento de Alicante estaría yendo contra derechos básicos como la dignidad humana, recogida en el art 10 de la CE. Eso sin tener en cuenta que, además, sancionar a personas en situación de desamparo compromete su acceso a subsidios y rentas que puedan otorgar diferentes instituciones públicas".

A su juicio, "el mensaje que lanza el bipartito de derechas es que sobrevivir en el espacio público, cuando no tienes alternativa, está prohibido. Además del que le lanza a las mujeres en situación de prostitución, contra las que ejerce una doble violencia: la que sufren por su situación de mujeres prostituidas, y la que ejerce la administración contra ellas criminalizándolas. El perseguir a estas mujeres lo que provoca es que se ejerza la prostitución en clandestinidad, huyendo de las multas y de quienes deberían protegerlas, lo que las deja en una situación de mayor vulnerabilidad y dificultaría el acceso a entidades sociales que trabajan con mujeres prostituidas al acceso a ellas".

En este sentido, ha recalcado que "en 2011, con la ordenanza de mendicidad y prostitución de Sonia Castedo, de las 810 actas levantadas por demanda u ofrecimiento de servicios sexuales, sólo 80 fueron levantadas contra los puteros. Desde Unides Podem llevamos una serie de enmiendas parciales, además de la enmienda a la totalidad, con medidas de fomento de la convivencia, el respeto étnico racial y cultural, medidas para fomentar la solidaridad entre la ciudadanía, sanciones a las personas que atenten contra la dignidad de las personas, penalizando comportamientos discriminatorios, medidas contra el maltrato de los animales que conviven con la ciudadanía en nuestro municipio, o de respeto a nuestras zonas verdes. Todas estas medidas  han sido rechazadas por el equipo de gobierno, no les interesa el respeto entre la ciudadanía, sino perseguir a quienes peor lo pasan, sacarlos del espacio público". 

Para terminar, ha añadido que "hemos propuesto tomar como base el demoledor informe del departamento de Igualdad, que tenía que haber sido el punto de partido de esta ordenanza, y que tira por tierra la redacción actual, una ordenanza que lo único que va a conseguir es acrecentar la brecha social existente en nuestra ciudad".

Por último, el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado al considerar que la propuesta de ordenanza de convivencia cívica era necesaria. No obstante, se ha mostrado crítico con el equipo de gobierno al considerar que "hemos perdido un año para aprobar la misma normativa que se podría haber estado aplicando ya si PP y Cs no se hubiesen plegado ante el discurso ideológico de la izquierda".