ALICANTE. El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante, un bipartito en situación de minoría compuesto por PP y Cs, dará cuenta en el pleno ordinario del próximo jueves sobre la veintena de decretos firmados por el alcalde, Luis Barcala (PP), desde el inicio del Estado de Alarma para hacer frente, dentro de las competencias municipales, a la crisis sanitaria, social y económica que ha desatado la expansión del Covid-19, según han precisado fuentes municipales a través de un comunicado.
En ese paquete de disposiciones, según las mismas fuentes, destacan dos "por su trascendencia en el plano económico y social". "El primero de ellos es el que hace referencia al Plan de Medidas y Ayudas Sociales y Económicas de Emergencia, dotado con 13 millones de euros. La finalidad del mismo es paliar los daños generados en las personas y en el entorno familiar, en el empleo y en el sector económico y productivo por el confinamiento y los cierres y paralización de la actividad económica y elaborar una estrategia de recuperación de la economía y el empleo", concreta el comunicado.
Esos objetivos "se abordan con medidas comprendidas en dos bloques diferentes pero complementarios: Plan de Medidas de Rescate Social y de Ayuda a las Familias y Plan de Medidas de Rescate Económico y Empleo". Como ya ha informado este diario, el Plan de Medidas de Rescate Social y Ayuda a las Familias está dotado con 5.846.036’71 euros, mientras que el Plan de Medidas de Rescate Económico y Empleo va a disponer de 6.897.073’42 euros.
El segundo decreto remarcado por el bipartito "por su relevancia a la hora de prestar una atención eficaz a los más desfavorecidos, es el que dio luz a la creación de la Oficina Municipal de Emergencia Social". A través de él, se unificaban competencias de varias concejalías y se propiciaba "una acción única que ha tenido su reflejo en la rápida apertura de un nuevo espacio para acoger a personas sin techo en el pabellón Florida-Babel y también en el dispositivo de coordinación del voluntariado para cubrir las necesidades básicas de las familias más desfavorecidas".
Además, según el comunicado, la actividad desarrollada por el equipo de Gbierno desde que se acordó el Estado de Alarma "también ha tenido reflejo en el decreto para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios municipales, tras acordarse el confinamiento, el decreto que establecía una regulación especial para las zonas de aparcamiento y la eliminación de la ORA y el decreto que condonaba el pago de los arrendamientos en las viviendas municipales y para los locales que ocupan emprendedores en los viveros municipales de los polígonos industriales de Alicante".
Igualmente, también se dará cuenta de los decretos aprobados en este periodo y que suspendían temporalmente los plazos de ejecución de obras públicas municipales o que establecían el servicio de autobús gratuito y limitaban su capacidad para garantizar la seguridad de viajeros y trabajadores del servicio público de transporte urbano.
Asimismo, se pondrá en conocimiento de los integrantes del pleno el decreto que regulaba todo el servicio de información y atención al ciudadano a través del teléfono 010, el que hacía referencia a la implantación de la línea 900 para atender emergencias sociales o el que afectaba al aplazamiento del periodo voluntario del pago de importantes impuestos como el IBI y la tasa de basuras y establecía la posibilidad de fraccionar el abono de estos tributos hasta el mes de febrero de 2021. Por último, se dará cuenta a los integrantes del pleno del decreto que aplazaba la celebración de las fiestas de Hogueras y del que suspendía el calendario para el resto de festejos.
En la sesión, por otra parte, también se debatirá sobre las propuestas presentadas por los grupos de la oposición para impulsar la creación de una comisión para diseñar la respuesta municipal frente a los efectos del Covid-19, sobre la que también se ha registrado una propuesta por parte de PP y Cs. Además, también se votará, a iniciativa del PSPV-PSOE, la reprobación de la vicealcaldesa, Mari Carmen Sánchez, por su comentario sobre el confinamiento en una conocida red social y dos propuestas similares presentadas por Unides Podem y por Compromís para que se constituya una comisión de investigación sobre el supuesto amaño del Plan General de Alicante destapado en el marco del caso Brugal, bajo la etapa de gobierno de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo.
