Un operario del servicio limpia los juegos infantiles en el colegio de San Blas.ALICANTE. El equipo de Gobierno de Alicante, un bipartito compuesto por PP y Cs, consigue superar otra dificultad añadida en la gestión del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales: el riesgo de tener que enfrentarse a una campaña de movilizaciones de los trabajadores a cargo de la prestación.
De hecho, la plantilla había mostrado su disposición de ir a la huelga, después de que la gerencia de UTE Limpal (la alianza empresarial formada por Clece y Fissa que asume el servicio desde febrero de 2018) advirtiese de que carecía de liquidez suficiente para pagar sus próximas nóminas al no haber percibido pagos del Ayuntamiento durante los últimos seis meses.
A esa situación se puso fin este martes. Los dos partidos aliados al frente de la gestión municipal celebraron una reunión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno a última hora de la mañana para aprobar el abono de 1,9 millones a UTE Limpal. Se trata del importe correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, cuya liquidación permanecía bloqueada por el departamento de Intervención, pese a que el técnico municipal que asume funciones como responsable del contrato había aprobado las correspondientes certificaciones en cuanto se levantó la declaración del estado de alarma.
Intervención autorizó el pago de tres primeros meses el pasado viernes tras comprobar cuál fue el servicio prestado durante la suspensión de las clases
Como informó este diario, el interventor municipal desbloqueó el pago de esas certificaciones el pasado viernes, después de que se despejasen las dudas que mantenía respecto al servicio que se había prestado durante el tiempo en el que las clases estuvieron suspendidas. Máxime, después de que ese servicio se estuviese prestando a través de una contratación de emergencia, ya que la duración del contrato de UTE Limpal venció en febrero de este año.
No obstante, todavía se adeuda el abono de los meses de junio, julio y agosto, que también habría sido validado por el técnico responsable de la supervisión del contrato. Salvo cambio de criterio improbable, el pago de esos meses también se autorizará en las próximas semanas.
Entre tanto, el equipo de Gobierno continúa trabajando en la elaboración de un nuevo pliego de condiciones para volver a licitar el servicio, después de haber anulado la convocatoria aprobada el pasado agosto. Hasta ahora, en ese proceso de elaboración se ha contado con la participación del PSOE, que llegó a interponer uno de los tres recursos registrados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) contra las bases del primer concurso.
