ALICANTE. El bipartito de Alicante, compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), trata de formar bloque con los grupos de la oposición en busca de colaboración institucional y entre los propios partidos políticos para responder frente a la propuesta de construcción de seis macrodepósitos de combustible que promueve la empresa XC Business 90 en la terminal de mercancías del Puerto. Todo, con la intención de lograr que el conjunto del Consell, y especialmente, la Conselleria de Transición Ecológica, muestre una atención especial sobre las posibilidades de desarrollo de dicho proyecto.
Por partes. Tanto el alcalde, el popular Luis Barcala, como el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), informaron a los representantes de PSPV-PSOE, Unides Podem, Compromís y Vox sobre el estado de tramitación de la licencia de construcción y actividad de esos silos en los términos ya anticipados por Alicante Plaza. En este sentido, se les trasladó que se había denegado la licencia por silencio administrativo positivo, como había requerido la empresa promotora, y se les confirmó que se había solicitado a la Generalitat la emisión de informes ambientales y en materia de seguridad que los técnicos municipales consideran preceptivos y, además, vinculantes.
Pérez les concretó también que ya había solicitado una reunión de coordinación con la titular de Transición Ecológica, Mireia Mollà, en la que estuviesen presentes los responsables de los distintos departamentos de su conselleria que ostentasen competencias sobre cuestiones ambientales con el fin de abordar la respuesta de las administraciones ante el proyecto con la emisión de los dictámenes solicitados.
Los técnicos municipales descartan declarar la caducidad del expediente de concesión de la licencia al no darse los supuestos requeridos
Y de la información se pasó a la colaboración, cuando el primer edil emplazó a la portavoz adjunta de los socialistas, Trini Amorós, y especialmente al líder municipal de Compromís, Natxo Bellido, a mediar para que se produjese una intervención exhaustiva a la hora de emitir los dictámenes solicitados por el Ayuntamiento por parte de las áreas de Emergencias (adscrita ahora a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo) y de Transición Ecológica, que coordina Mollà.
Según las fuentes consultadas, Amorós y Bellido se comprometieron a desarrollar esa mediación y, además, emplazaron al bipartito a facilitarles el acceso al expediente completo para conocer todos los detalles de su tramitación.
En esta línea, Bellido también cuestionó si cabía la posibilidad de que se pudiese declarar la caducidad de su tramitación en la medida en que se inició en 2013 y todavía no se había completado por la falta de documentación sobre la disponibilidad de suelo (el acuerdo aprobado en julio por el consejo de administración de la Autoridad Portuaria) y por la falta de los citados informes autonómicos. Sin embargo, según las mismas fuentes, la respuesta facilitada por los técnicos municipales fue que se había considerado esa opción pero, sin embargo, se había concluido que no se daban los supuestos para su aplicación.