ALICANTE, (EP). El Ayuntamiento de Alicante incorporará al caso Brugal, en el que está personado, los costes de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) fallidos durante los mandatos del exalcalde del PP Luis Díaz Alperi y su sucesora, la también 'popular' Sonia Castedo, y que cifran en 1.307.929,28 euros. El consistorio ya ha pasado informes y facturas al abogado que les representa en la causa con la intención de reclamarlos en concepto de daños y perjuicios, según han informado fuentes municipales.
Desde el consistorio han indicado que durante los gobiernos de Alperi y Castedo se "despilfarraron" 1,3 millones de euros en la redacción y primeros trámites de dos PGOU de Alicante en más de una década.
De este modo, han lamentado que el primero --realizado por el arquitecto urbanista Lluís Cantallops (684.868,68 euros)-- ha acabado "en la basura" y que el segundo, el del arquitecto Jesús Quesada por 520.538,4 euros, ha sido desistido por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento (PSOE, Guanyar y Compromís), al encontrase bajo investigación en los tribunales en una pieza separada del caso Brugal, por su presunta tramitación irregular en beneficio del promotor Enrique Ortiz. El constructor está imputado en la causa al igual que el arquitecto, los dos ex alcaldes 'populares' y técnicos municipales.
A esta cantidad, hay que sumar el pago de 102.522,2 euros a Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente por la asistencia técnica para la redacción del Estudio de Paisaje Ambiental.
El detalle de los pagos al estudio SEGESTA, S. A., del arquitecto catalán, de mayo de 2000 a mayo de 2007, incluyen hasta siete certificaciones por parte del consistorio en conceptos de trabajos de revisión del PGOU, así como por la indemnización más los intereses de demora, tras la resolución del contrato el 18 de mayo de 2007.
Asimismo, han recordado que el entonces primer edil, Luis Díaz Alperi, rescindió el contrato, alegando que el arquitecto nunca fue de su agrado y que fue contratado para lograr el consenso con los grupos municipales de la oposición, PSOE y Esquerra Unida.
En 2008, con la entrada de Sonia Castedo en el área de Urbanismo, se encargó a Laboratorio de Proyectos S. L., del arquitecto, Jesús Quesada, la redacción del PGOU, de nuevo, lo que supuso, de junio de 2008 a agosto de 2010, "certificaciones para el pago de los honorarios de la finalización y ejecución de los trabajos de revisión del planeamiento, los honorarios del proyecto y de la segunda exposición pública del documento en el DOGV y la contestación a las alegaciones".
Sin embargo, han indicado que pese al anuncio realizado en diferentes ocasiones, ni el Gobierno de Sonia Castedo que dimitió en diciembre de 2014 por su imputación en el presunto amaño de este plan, ni su sustituto en la alcaldía, Miguel Valor, hicieron efectiva la rescisión del contrato del Plan General de Quesada, que sí ha realizado el actual vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón
Por último, han señalado que a lo largo de 2008, Ingenieros Consultores Técnicos en Medio Ambiente realizaron la asistencia técnica para la redacción del Estudio de Paisaje Ambiental, trabajo por el que en 2009 se abonaron dos facturas por un importe total de 37.369,5 euros. A esta cantidad, hay que añadir el pago de 65.152,70 euros por la resolución del contrato de asistencia técnica para la redacción del Estudio del Paisaje y Evaluación Ambiental Estratégica del Término Municipal y que ha sido abonado en abril de este año por el nuevo equipo de Gobierno.
Preguntado por esta cuestión, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha afirmado que supone que "será decisión de los servicios jurídicos", que apoya "totalmente". En este sentido, ha destacado que los servicios jurídicos municipales son "de los mejores de España" y habrá "visos de que se pueda reclamar".
