ALICANTE. El acuerdo alcanzado este jueves en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria por el que se da encaje a la instalación de una planta de almacenaje de combustible en la terminal de mercancías del Puerto, ha vuelto a unir en un frente común de rechazo a representantes políticos, asociaciones vecinales y sindicatos, entre otros colectivos sociales, como ya sucedió en noviembre de 2018, cuando se dio a conocer la solicitud de instalación.
Las posiciones no han variado por lo que respecta al Ayuntamiento de Alicante tras la celebración de las elecciones del pasado 26 de mayo. Tanto el alcalde, el popular Luis Barcala, como los portavoces de PSPV-PSOE, Unides Podem EU y Compromís se han apresurado a manifestar su oposición al desarrollo del proyecto entre el mismo jueves y este viernes.
Así, el primer edil ha abundado en la argumentación ya expresada minutos después de que se diese a conocer el acuerdo del consejo del Puerto. En esta línea, ha insistido en que "las alegaciones que presentamos desde el Ayuntamiento están justificadas y vamos a estudiar continuar reivindicando para que los depósitos no se instalen", si es necesario y posible a través de la vía judicial, puesto que "no forman parte del modelo que nosotros queremos para el desarrollo en el Puerto y de la fachada litoral".
Además, ha insistido en que su objetivo es mantener negociaciones con Terminales Marítimas del Sureste (TMS), la empresa titular de la concesión de los terrenos en los que se proyecta la instalación de los depósitos, "para tratar de reorientar" sus objetivos, de modo que se apueste por otro tipo de actividades relacionadas con un modelo económico basado en la innovación tecnológica.
En esta línea, ha insistido en que "Alicante no quiere esos depósitos" como ya se manifestó en 1995, cuando se produjo el traslado de los antiguos depósitos de Campsa hasta la partida del Bacarot. No obstante, ha admitido que se trata de una actividad reglada y ha dicho comprender que la empresa está en su derecho de querer rentabilizar su concesión, pero ha confiado en que se pueda llegar a un entendimiento para que se opte por otra actividad.
En parecidos términos se ha vuelto a expresar también el portavoz socialista, Paco Sanguino, quien ha reiterado las palabras de rechazo ya expresadas el jueves al insistir en que "los socialistas alicantinos se oponen rotundamente a la construcción de una terminal para el movimiento de combustible en el Puerto". "Nosotros nos mantenemos en la misma postura en la que nos hemos mantenido siempre, desde el año 1995, ya siendo alcalde Ángel Luna. Vamos a estar del lado de los vecinos siempre. No queremos esas instalaciones en la zona portuaria, a 700 metros del colegio de Benalúa", ha apuntado.
En esta posición ha coincidido el portavoz de Unides Podem EU, Xavier López, quien ha señalado que "la construcción de una terminal para el movimiento de combustible a escasos metros de viviendas, zonas escolares, deportivas y culturales de la ciudad, supone un riesgo que no debemos permitir y ello solo será posible con un gran acuerdo por un modelo de puerto sostenible y socialmente respetuoso".
Así, ha añadido que para su formación "es inadmisible por el peligro que entraña para vecinos y vecinas una actividad que pretende gestionar cantidades ingentes de gasoil a escasa distancia de sus viviendas". Por ello, ha considerado que "este asunto debe abordarse desde la visión de un pacto por la ciudad que aúne las posiciones de los grupos políticos con representación en el pleno y de la sociedad civil, con tal de frenar este proyecto e iniciar la construcción de un nuevo modelo de relaciones puerto-ciudad sobre la base de criterios de sostenibilidad ambiental y convivencia de actividades ecológicamente respetuosas y compatibles con los usos vecinales anexos".
Por último, ha añadido que "Unides Podem llama a la responsabilidad de Partido Popular y Ciudadanos para enfrentar esta problemática, un asunto que el Ayuntamiento conocía desde el 2014 y que, bajo el mandato de Sonia Castedo y siendo edil del área de Urbanismo Marta García-Romeu, se firmó el certificado favorable a la tramitación, por lo que el hecho de que el alcalde ahora se muestre próximo a las posiciones de quienes defendemos el rechazo al proyecto, es al menos, un paso positivo".
Los vecinos de Gran Vía Sur anuncian movilizaciones y acciones legales, mientras que CCOO alerta del impacto sobre el sector turístico
El líder de Compromís, Natxo Bellido, también apuntó este jueves que la coalición valencianista no compartía el acuerdo alcanzado en el consejo del Puerto y aseguró que entablaría contactos con la Generalitat con el fin de evaluar qué cauces existirían para tratar de evitar la ejecución del proyecto y si podría ser determinante su cercanía a zona residencial.
En la misma posición de rechazo persisten los vecinos de las zonas próximas al Puerto de Alicante, a través de la Asociación de Gran Vía Sur. Su portavoz, José Santamaría, ha anunciado este viernes, en declaraciones a Radio Alicante, que el colectivo está dispuesto a reemprender la movilización ciudadana para tratar de frenar el desarrollo del proyecto y también ha contemplado la posibilidad de emprender acciones en la vía judicial.
En esta línea, ha recordado que en 1995 ya se acordó la retirada de los depósitos de combustible de Campsa por lo que ha dicho no comprender cómo se puede autorizar "semejante proyecto".
De igual modo, también se ha posicionado en contra el sindicato CCOO. A través de un comunicado, ha manifestado su rechazo a la decisión adoptada por la Autoridad Portuaria de Alicante "por el impacto que puede tener en la actividad productiva y el riesgo a que expone a la ciudadanía y al medio ambiente". "Esta decisión, aunque viene avalada por informes jurídicos de la Abogacía del Estado, es una bomba de relojería para los barrios afectados y un misil en la línea de flotación de la principal actividad de la ciudad, el turismo", según ha señalado Daniel Patiño Miñana, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO PV.
"Instamos al Ayuntamiento y al Consell a que pongan un poco de sentido común en una decisión que ha de ser firmemente consensuada y donde la voluntad política debe responder a los intereses de la ciudadanía, en cuanto a sostenibilidad social, medioambiental y económica", ha afirmado Patiño.
En este sentido, ha remarcado que "hace 24 años se tomó la decisión de trasladar los depósitos de combustible por las mismas razones que actualmente argumenta el sindicato y que estarían plenamente vigentes". "No podemos considerar solamente un cambio en la ley para decisiones de tanta envergadura para la ciudad. La prevención de riesgos comienza con eliminar el riesgo de origen, y esto supondría no instalarlos en esta ubicación", ha manifestado.
Finalmente, el sindicato insta a todas las partes a un diálogo sincero y honesto donde el único interés que prime en la toma de decisiones sea que "la ciudad sea habitable para las personas, y eso incluye su línea litoral y la protección necesaria".