Cuando lean esta columna, quedará exactamente para las elecciones del 10N. Ya lo dijimos la semana pasada, hay poco ambiente. Sólo los rescoldos de Cataluña y la exhumación de Franco han generado más debate y más posicionamiento. El debate económico, por mucho que lo ha intentado el PP, no acabado de calar. Pero quedan muchos días de campaña, y el debate, como ocurriera el pasado 28A, puede ser muy influyente sobre todo para que haya movilización, que es lo que al fin y al cabo necesitan todos. El 10N va, de momento, de movilización y después, de cómo quedará el reequilibrio de fuerzas en cada bloque. Lo de constituir un Gobierno ya será una cuestión del día 11. En el caso de la Comunitat Valenciana o de Alicante no hay un elemento troncal que marque el debate: seguimos con la infrafinanciación, la traslación del debate catalán a la Comunitat y las polémicas que genera la acción de gobierno del Botànic II.
Esta es la situación de los partidos en la circunscripción de Alicante y así enfocan la semana decisiva.
La candidatura que encabeza el ministro Pedro Duque busca volver a ser la más votada, como ocurrió en el 28A. Es un hito para los socialistas volver a ser la primera fuerza 28 años después. La cuestión es si lo hace con cuatro escaños, como tiene ahora, o si sube a cinco, posibilidad que sólo y de momento le confiere el CIS. La campaña del PSOE tuvo su cenit con la visita de Pedro Sánchez, un día después de los actos de exhumación de Franco, algo que sirvió, como se pudo ver, para medir el grado de movilización de sus bases. Hasta el viernes, todo hace indicar que la campaña seguirá su perfil medio, con actos que busquen gestos en colectivos plausibles de deambular entre votar al PSOE, Unidas Podemos o Més Compromís.
Los de Pablo Casado viven la campaña con más optimismo que hace unos meses, impulsados por el crecimiento que le otorgan las encuestas. Ahora bien, para que eso se traslade a Alicante, el PP necesitaría obtener el cuarto diputado -ahora tiene tres-, como consecuencia, según parece, del hundimiento de Ciudadanos. Es verdad que el PP ha introducido el mensaje económico, pero sigue insistiendo en el fantasma catalán, y ahora, ha encontrado un filón en el desgaste en la figura del presidente de la Generalitat Ximo Puig tras la polémicas de las ayudas recibidas por las empresas de su hermano. El PP sabe que parte de su éxito pasa por unificar el voto del centro derecha bajo su marca.
Todas las miradas están puestas en la formación de Albert Rivera, que fue la tercera el 28A y que estuvo a punto de robar la segunda posición al PP. Ahora, las encuestas le auguran un descenso importante, que le podrían dejar con un solo diputado. En el caso de Alicante, Ciudadanos ha intentado movilizar a dirigentes nacionales, pero en auditorios reducidos y muy sectoriales. Sin embargo, sigue siendo muy sintomático que Albert Rivera no haya hecho una apuesta por la provincia de Alicante, como si han hecho el resto de los líderes nacional -a excepción de Unidas Podemos, que mandó a Irene Montero-.
Pese a formar parte del Gobierno del Botànic, esto no se ha traducido en más visibilidad. La presencia de líderes nacionales no ha generado, de momento, la exhibición de músculo. Tampoco creo que les preocupe: su principal gancho es su líder, Pablo Iglesias. Unidas Podemos busca retener votos y apuntalar su buen resultado en el 28A, donde recogió mucho útil, que no tuvo, ni en las autonómicas y ni más tarde, en las municipales. Son conscientes de que pueden perder uno de los dos parlamentarios, más por la división del voto, que por el aumento de alguno de sus contrincantes directo, PSOE y Més Compromís.
Posiblemente sea la candidatura de Alicante con menos presión: tiene el diputado garantizado y podría ganar otro si su electorado sigue movilizado -como parece- y hay apatía en los votantes de Cs y en el centro izquierda. Además, es el único partido que ha exhibido músculo con su acto de IFA, aunque bien es verdad que Santiago Abascal está llenando en todos los actos y arrastra seguidores de otras provincias. Para la formación conservadora, convertirse en la tercera fuerza o la cuarta, sería todo un hito.
Lo tienen complicado para alcanzar el escaño. Son conscientes de que la campaña no tiene tensión en las cuestiones domésticas y tiene todas las opciones puestas en el efecto Errejón -que las encuestas han desdibujado- y en los descontentos del bloqueo entre PSOE y Unidas Podemos. Es verdad que han notado más cercanía de un electorado más amplio, pero no saben si les será suficiente para reunir los 55.000-60.000 votos que necesitan para lograr el diputado, en función de la participación. Deberían doblar los sufragios de hace cinco meses. La campaña les ha servido para ajustar cuentas con el PSOE por la tensión que existe en el seno del Botànic.
Más allá de lo que pueda pasar en el cómputo global de toda la circunscripción, deberá analizarse con lupa cómo vota la comarca de la Vega Baja, después de los efectos de la gota fría donde el PSOE ha echado el resto desde la Generalitat para patrimonializar la gestión. Ahí se la juega Ximo Puig.
Hay otras dos cuestiones que han ocupado la semana. La primera, la condena por prevaricación al ex alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, y a sus dos ex asesores. La sentencia, aunque no es firme, pone de manifiesto lo chapucera que fue la gestión en el área de Comercio durante los primeros años del mandado 2015-2019. Más allá de que la coartada para la absolución fuera "que esto se hacía antes así en años anteriores", esa manera de actuar debió cambiarse de forma radical con el cambio de equipo de gobierno. Ni las prisas ni los plazos no debieron ser motivo suficiente para actuar de esa manera, más allá de que el técnico de turno ahora sí que activara la alarmas del fraccionamiento. Sí hubo cambio en el ayuntamiento era para que se hicieran las cosas de manera diferente a la etapa anterior. Más que una sentencia judicial, el fallo parece una censura a la manera de proceder.
Y segundo, el cese del director general de Suma, Manuel Bonilla. El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), lanza, con su decisión, un mensaje tajante y contundente, "no se admite ningún tipo de duda de irregularidad en la gestión", lo cual está muy bien como mensaje para marcar una línea. Ahora bien, Mazón debe saber que el nivel de exigencia que ha puesto ha sido tan alto que la oposición podría exigir el cese o dimisión de cualquier diputado que reciba una notificación judicial por una irregularidad administrativa, que es al fin y al cabo de lo que se le acusa, de momento, al ya ex director del organismo autónomo. Si la cosa era más grave, lo desconocemos. Pero en el fondo en la decisión también hay una falta de confianza evidente, algo bastante lógico, pues Bonilla no era el hombre que eligió Mazón para dirigir un ente tan importante y clave para la Diputación como es Suma.