Ejecutar el embargo de las acciones y adjudicárselas a un tercero: otra opción para el IVF ante las "amenazas" de Ramírez

ALICANTE. Ni tolera amenazas, ni está dispuesto a ceder un ápice en lo que se refiere a la subasta de los activos relacionados con el Hércules y que son de titularidad del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).

Así se mostraba este lunes el director general de este organismo, Manuel Illueca, que una vez más no escondía que explora alternativas para desinvertir en el club blanquiazul. Es más, junto a la opción, ya adelantada por Alicante Plaza, de subastar el 15,07% de las acciones del Hércules y el derecho de crédito de 15,4 millones de euros que mantiene contra la Fundación del club blanquiazul junto con el estadio José Rico Pérez, por el que sí hay interesados, en la hoja de ruta del banco del Consell también se abre paso la posibilidad de directamente ejecutar el embargo que pesa sobre las acciones de la Fundación y adjudicárselas a un tercero.

Illueca se muestra seguro de que, con la adecuada búsqueda, el IVF encontraría un inversor dispuesto a desembolsar, junto al precio que se fije por el 72,69% del capital social del Hércules, los 100.000 euros que se corresponden con los honorarios del procurador por su trabajo en el procedimiento de ejecución de títulos no judiciales contra la Fundación que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Alicante, suma que Kuntajara SLU, la mercantil de la que es administrador único Juan Carlos Ramírez, no ha querido asumir, llevando a la quiebra de la subasta en la que se enajenaban el derecho de crédito pero no las acciones pignoradas para garantizar el pago del mismo.

El máximo mandatario del banco del Consell se muestra muy tranquilo con su proceder y no solo insiste en que no se le exigió a Ramírez el pago al IVF de los citados honorarios del procurador como sostiene el empresario, sino también asegura que hay constancia por escrito (un correo electrónico) de que el empresario solicitó al notario que se incluyera en la escritura una cláusula en la que se le eximía a Kuntajara del pago de esos gastos. Illueca se reafirma en que lo que hizo fue invitar al también presidente del Hércules a llegar a un acuerdo con el procurador que liberase al IVF de ese pago, al tiempo que destaca que, de haber accedido a la petición de Ramírez, sí habría incurrido en prevaricación.

"Nosotros no tenemos ningún contrato con Kuntajara, por lo que no cabe hablar de incumplimiento como sostienen en su recurso (...); aquí hay un procedimiento que cumple escrupulosamente con la ley, además de ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia en aras del interés público, con unas bases cuya interpretación corresponde exclusivamente al Instituto y en ningún caso a Ramírez o un juez", manifiesta Illueca, quien también rechaza que se le "imponga un daño" a Kuntajara con la pérdida del depósito que consignó en su momento, al mismo tiempo que  apunta : "Si hubo un error en la interpretación de las bases por su parte, que lo diga; que se le devuelve el dinero" y, a partir de ese momento, que diga "si sigue interesado o no" en los activos sabiendo que "ha de abonar el precio fijado y al procurador sus honorarios".

Illueca, que ya ha abordado con la Abogacía de la Generalitat proceder penalmente contra Ramírez por sus manifestaciones, va más allá y deja entrever que el banco del Consell también contemplaría lo anterior si alguien comete "el atrevimiento de solicitar la declaración de concurso de la Fundación" (llevarla a liquidación), saboteando así la adjudicación a un tercero el derecho de crédito y/o las acciones. 

Para el director general del IVF, todo pasa ahora porque Ramírez rectifique y asuma el pago al procurador de sus honorarios.Si renuncia públicamente a los activos o cumple su amenaza de judicializar el asunto, el banco del Consell se verá obligado a avanzar en las anteriormente citadas opciones que baraja para desprenderse de los activos relacionados con el Hércules que son de su titularidad.