¿Educación inclusiva o ley de Flower-Powers?

La situación que viven muchos menores con discapacidad en sus respectivos centros escolares dista mucho de ser idílica. En este sentido, la implementación de la ley Celaá en España con respecto a los menores con discapacidad ha sido un tema de debate y controversia desde su aprobación, en noviembre de 2020. La ley pretende avanzar hacia un modelo más inclusivo, conforme a lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan acceder a los centros ordinarios con los recursos adecuados, y que los centros de educación especial se conviertan en centros de referencia y apoyo. Sin embargo, desde antes de su aprobación algunos sectores, como las familias, los profesionales y las organizaciones de la discapacidad expresaron sus temores y dudas sobre la ambigüedad de la ley, la falta de garantías, la posible pérdida de calidad educativa y la vulneración del derecho a la libre elección de centro, entre otras cuestiones muy relevantes. 

El Gobierno se había comprometido a desarrollar un plan para que en el plazo de diez años los centros ordinarios pudieran contar con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad. Sin embargo, el texto legal no contempla aumentar la financiación de los centros de educación especial, lo que podría suponer una merma de sus recursos y su calidad. Por otra parte, la implementación de la ley Celaá depende en gran medida de las comunidades autónomas, que tienen delegadas las competencias en materia educativa, con lo que hemos de presuponer la existencia de diferencias entre unos alumnos y otros, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se hallen. Una vez más aquí tenemos un ejemplo de la España de las diferencias.

La implementación de la ley Celaá en España para los menores con discapacidad está siendo un proceso complejo y polémico, que ha generado algunos casos problemáticos de menores con discapacidad. En este sentido, se cuentan situaciones como la de Álvaro, un niño con autismo que fue expulsado de su colegio ordinario por su comportamiento disruptivo. Su madre denunció que el centro no contaba con los recursos ni el personal adecuados para atender sus necesidades especiales, y que la ley Celaá no garantiza la plaza en un centro de educación especial. O el caso de Sara, una niña con discapacidad auditiva, que asiste a un colegio ordinario con un aula de integración en el que no existe intérprete de lengua de signos, siendo éste un recurso imprescindible para los niños sordos, que no está previsto en la ley.

Dos casos que hemos conocido en estos días están siendo especialmente sangrantes y exponentes de las enormes dificultades de la pretensión de integración de los discapacitados. Por una parte, el del alumno de 14 años de Jerez, detenido tras haber apuñalado a cinco personas en el Instituto al que asiste. Algunos medios dicen que se trata de un niño con Asperger, otros que tiene necesidades especiales. Al parecer, estaba solo en los recreos y algunos compañeros lo acosaban. Dijo querer matarlos. Es evidente que el centro escolar falló en la prevención de este hecho, aunque tal vez no contara con los medios adecuados para gestionar la verdadera inclusión, que entiendo ha de consistir en que el alumno sea uno más, y no el raro marginado de la clase. Un fracaso de integración. En el tema del bullying, este suceso ha saltado a la prensa y lamentablemente solo representa la punta del iceberg.

El otro caso al que aludía es el de una alumna de 13 años con discapacidad intelectual de Crevillente, que dicen ha sido víctima de reiteradas agresiones sexuales por parte de varios adolescentes, en el entorno de su instituto. Un caso terrible, que cuestiona el mismo sistema y sus propósitos de integración en sí. El débil suele ser la víctima de los abusos por parte de los fuertes, no sólo de índole sexual, sino de todo tipo. Así las cosas, ¿era realmente una buena idea que esta niña estuviera en el instituto con otros niños "normales"? Lo digo muy entre comillas y adrede, porque normal no es en absoluto que abusaran de la niña y representa un comportamiento patológico y gravísimo por parte de los presuntos agresores. La causa es lo que habría que estudiar, el motivo de estos abusos.

Los centros escolares han de ser lugares de protección para el alumnado, por lo que han de contar con las debidas medidas de protección a tal efecto. Es necesario que se vigile si la integración es real y efectiva, o bien si los alumnos con necesidad especiales y discapacidad están sufriendo acoso por parte de sus compañeros, o están aislados. La insuficiencia de recursos humanos y materiales podría dificultar la atención adecuada al alumnado con discapacidad en los centros ordinarios, y ser, en definitiva, un verdadero brindis al sol y un fracaso. Otra ley de “flower-powers” más. Debe fomentarse el diálogo y la participación de todos los agentes implicados: el Gobierno central, las comunidades autónomas, las familias, los profesionales y las organizaciones de la discapacidad. Solo así se podrá garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los alumnos, sin discriminación alguna. Pues, en caso contrario, se estaría cayendo en el error de ocasionar graves problemas a los alumnos con discapacidad, de los que en la situación previa a la ley estaban libres. Justo al revés de lo pretendido por la norma.