ALICANTE. El Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunitat Valenciana ha presentado su trigésimo segunda edición de la encuesta Los economistas opinan con el objetivo de pulsar la realidad socioeconómica a través de las opiniones vertidas por los colegiados de Castellón, Valencia y Alicante. Se trata de un estudio realizado justo un año después del cambio electoral en la Comunidad Valenciana.
Francisco Menargues, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de la Comunidad Valenciana y Decano presidente del Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante, Juan José Enríquez, vicepresidente del Consejo y decano del Colegio de Economistas de Valencia y José Manuel Salvador, tesorero del Consejo y Decano del Colegio de Economistas de Castellón; han sido los encargados de dar a conocer los resultados de esta edición
Esta encuesta, que se realiza cada seis meses, tiene como objetivo reflexionar sobre. los problemas estructurales y coyunturales de la Comunitat Valenciana; debatir sobre las cuestiones claves del momento actual como el acceso a la vivienda y la ley que lo regula, la reforma del despido y el sistema impositivo de la renta; conocer la situación económica de los colegiados y prever la evolución económica tanto en la Comunitat Valenciana como en España.
Respecto a la situación económica personal de los economistas, el 52,8% considera que es igual a la de hace un año, mientras que el 20,9% opina que está peor y el 23,7%, mejor. Por provincias, quienes mejor consideran que están respecto a hace un año son los economistas alicantinos con un 26,9%, frente a los 19,3% de los castellonenses y seguidos de cerca por los valencianos con un 22,6%.
Por géneros, el 25,3% de los economistas han visto mejorar su situación, y un 19,9% las economistas. Los porcentajes que consideran que su situación es igual a la del año pasado en hombres es del 51,8% y de un 55,4% en mujeres. Y ha ido a peor un 20,6% de las consultas masculinas y un 21,7% las femeninas.
La mitad de los economistas encuestados considera que la situación económica actual de la Comunitat Valenciana es buena y el 11,6% opina que es muy buena. En cambio, el 20,7% señala que es regular, el 15,1% mala y muy mala el 2,7%.
En este punto, los más optimistas son los de la provincia de Alicante. Para el 17,5% es muy buena y buena para el 50,5%. Los más pesimistas son los de la provincia de Castellón. Para el 28,5% es mala y muy mala para el 4,4%.
Por lo que se refiere a la evolución del último año en la economía de la Comunitat Valenciana, casi la mitad considera que se mantiene igual (41,2%), mientras que los que opinan que ha empeorado es del 20,6% y que ha mejorado, el 19,4%.
Por provincias, también en Alicante consideran que está mejor con un porcentaje del 24,7% de los encuestados, varios puntos por encima de Castellón (16,5%) y de Valencia (16,9%). Del mismo modo, es en Castellón donde consideran que la situación económica de la Comunitat está peor ahora que hace un año (30,8%), frente a la percepción de Valencia (19,8%) y Alicante (19,4%). Es mayoritario el sentimiento de que la situación es igual en Alicante (39,6%), Castellón (30,1%) y en Valencia (43,5%).
Por lo que se refiere a la situación actual de la economía valenciana, el 50% cree que es buena y el 11,6% muy buena, frente al del resto del territorio español, donde la sensación de que la situación es buena baja al 35,8%. Aunque repunta quienes creen que es muy buena, hasta el 13,1%.
En este apartado, los colegiados alicantinos observan de manera más positiva la situación. El 14,5% opina que es muy buena y buena el 39,9%. También es en Castellón donde se registran los datos más negativos. El 31,2% cree que la situación es mala y muy mala el 2,9%. Mientras que, en Valencia, el 33,8% considera que es buena, mientras que el 26,8% opina que es mala.
Las perspectivas para los próximos meses son de regularidad tanto para la economía valenciana como para la economía española. Concretamente, un 44,5% considera que la economía de la Comunitat Valenciana irá mejor, y un 33,1% para España. Los que piensan que se va a quedar igual en la Comunitat son el 20,1% y un 20,3% para España. Mientras que el 14,8% de los economistas creen que la situación empeorará en el territorio valenciano y un 24% para el español.
En cuanto a los principales problemas para la economía valenciana, se ha producido una importante variación respecto al año anterior, donde la inflación suponía el principal dolor de cabeza para la economía valenciana. De ocupar el primer puesto para el 70,7% de los encuestados, ha bajado a la cuarta posición, donde es el principal problema para el 39% de los economistas.
El primer puesto en el ranking de problemas lo ocupa actualmente la inadecuada dimensión o estructura de las empresas valencianas. Es el principal problema para el 52,4% de los economistas. Le sigue el déficit de infraestructuras y comunicaciones (43,9) y los costes laborales (42,8%).
El paro (29,6%), la evolución de la demanda interna y externa (28,4%), la escasez de abastecimiento de agua (27,6%) y el precio del combustible (17%) son otras de las cuestiones que, para los economistas, deberían preocupar para la evolución de la economía valenciana.
Además, hay un 17% de los encuestados que refiere respuestas sobre ‘otros problemas’ como son la infrafinanciación, la desindustrialización y el excesivo peso del sector turístico, el desgobierno, la burocracia, el endeudamiento, la falta de competitividad y la formación y capacitación de recursos humanos.
La encuesta también ha centrado parte de su atención en una de las cuestiones que más está afectando a la actual legislatura como es el acceso a la vivienda de alquiler y los motivos que pueden influir en la oferta y en su precio. En este caso, se ha optado por una escala de del 1 al 5 para evaluar los “los motivos que pueden influir en la oferta de viviendas de alquiler y/o directamente en el precio de estas”. Siendo 1 el valor de menos impacto y 5 el de mayor impacto “en la formación de ese precio”.
Así, se ha preguntado a los economistas por las “dificultades y demoras en el desalojo de inquilinos morosos”, siendo la cuestión que más impacto tiene en la disminución de oferta con 4,31 puntos de media. Y es de máxima relevancia para el 59,9% de los encuestados. Seguido de “la actual regulación e inseguridades futuras que genera la Ley de Vivienda” con 4,14 puntos de media y de máxima relevancia para el 53,2%.
La “demanda de apartamentos turísticos”, se sitúa con 4,02 puntos de media y es de máxima relevancia para el 42,2%; la “escasez en la promoción de nuevas viviendas”, con 3,96 puntos de media y de máxima relevancia para el 42,3%; y la “moratoria y limitaciones a la subida de rentas del arrendamiento”, con 3,73 puntos de media y de máxima relevancia para el 30,8%. Finalmente, “la tributación de las rentas inmobiliarias del arrendamiento de la vivienda” se sitúa con una media de 2,82 puntos y es de máxima relevancia para el 40,8%.
Otras cuestiones sobre las que los economistas se han pronunciado a través de esta encuesta es el actual sistema impositivo. De esta manera, el 85,9% opina que los tipos impositivos aplicados son “muy elevados”, al tiempo que se muestran “moderadamente de acuerdo” y “totalmente de acuerdo” en que las deducciones autonómicas son de difícil aplicación debido a los requerimientos que exigen. Estas opiniones suman el 89,9%.
Sobre la reforma del despido obligada por la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales y su impacto sobre el empleo, el 49,1% de los encuestados considera que la opción de encarecer el despido es “nada o poco idónea”. El 23,5% ofrece una valoración “moderadamente idónea” y para el 11,9% es “bastante o muy idónea”. Por el contrario, una de las medidas que mejor valoración obtiene es la de “reducir la duración de los procesos laborales”. Para el 71% es una propuesta “idónea o muy idónea”.
Finalmente, y con motivo de declaraciones del presidente de la CEOE planteando el debate sobre la poca visibilidad de la brecha que hay entre el salario neto percibido por el trabajador y el coste que tiene para la empresa, el CGE-CV ha preguntado a sus asociados por cuatro opciones para hacerlo explícito.
La opción más valorada apuesta por que se modifique el formato de la nómina para que se muestre claramente la brecha que existe entre el coste para la empresa y el líquido que percibe el trabajador. Con una puntuación de 3,94 sobre 5.