ALICANTE. Si se cumplen las promesas, al bipartito de Alicante, formado por el PSPV y Guanyar, le quedan cuatro días de peleas, como las que han protagonizado este viernes, impropias de socios de gobierno que se cuestionan cada decisión que toman. La jornada ha comenzado con la prórroga de la contrata de los toros, aprobado por el PSPV ante la ausencia de Guanyar en la junta de gobierno; ha continuado con el decreto de paralización de la descarga de graneles en el Puerto, decidida por Miguel Ángel Pavón, de Guanyar Alacant, y cuestionada por el PSOE, y quien sabe si el martes 14 volverá la tensión entre socialistas y Gunyar. Ese día, el concejal de Vía Pública, Miguel Ángel Pavón, presenta a los locales de la calle Castaños el plan de reordenación de los veladores, algo con lo que los socialistas han discrepado en anteriores etapas del tripartito. El 15 día, Guanyar sale de Gobierno local como ha anunciado y explicará el lunes a los colectivos sociales en una asamblea convocada en la sede de CC.OO.
Por partes. La jornada del viernes ha empezado como se anunció: aprobación de la prórroga del contrato a la empresa que gestiona en la actualidad la Plaza de Toros. A su término, el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha asegurado que lo ha hecho la Junta de Gobierno extraordinaria, es acatar "el mandato del pleno" para prorrogar la concesión a la UTE adjudicataria de la plaza de Toros, de manera que podrán seguir celebrándose corridas en la ciudad. Algo que el PP ha celebrado.
La decisión ha sido tomada en contra del criterio de Guanyar Alacant, el único socio del PSPV tras la renuncia de Compromís. "El pleno es el órgano con la máxima representación democrática de la ciudad lo ordenó a la Junta y se ha ejecutado, no hay más", ha alegado Echávarri, en una comparencia, que en un principio debía celebrarse a las puertas del edificio por la celebración del día de la Banderita de Cruz Roja, y que se ha derivado a la sala de prensa del Ayuntamiento, para no interferir en la concentración de los animalistas, que protestaban por la decisión de la Junta.
La cosa no ha quedado ahí. la edil de plaza de Toros, Gloria Vara, ha reconocido, a preguntas de los medios, que "en su momento" se reconsiderará la prohibición para celebrar 'bous al carrer' en la partida rural de El Moralet, en su día no autorizada por Guanyar. "En el momento oportuno consideraremos esa opción también, el equipo de Gobierno. Lo consideraremos colegiadamente en la Junta de Gobierno local", ha afirmado.
Como era de esperar, la reacción de Guanyar no ha tardado. La edil de Protección Animal en el Ayuntamiento de Alicante, Marisol Moreno, ha calificado de "oportunista" la decisión. Cabe recordar que el PSPV llevó ese punto a la Junta del 9 de septiembre, pero finalmente se retiró el punto del orden del día porque Compromís pidió cambios en el pliego. "Esto nos dice la importancia que es tener grupos diferentes y plural en un tripartito para bloquear ciertas iniciativas que son muy peliagudas y que en la ciudad de Alicante es muy controvertido plaza de Toros con sangre o sin sangre", ha continuado.
Pasadas las 13 horas, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante anunciaba la orden de cese de actividad de las tres empresas que descargan graneles al aire libre en el Puerto de Alicante y les ha instado a solicitar una licencia ambiental. La decisión se ha tomado tras desestimar los recursos de reposición que las sociedades afectadas plantearon contra la exigencia de licencia ambiental dictada el pasado agosto.
En el escrito, Urbanismo señala, además, que el plazo dado en agosto terminaba en septiembre y que por eso se dejan sin efecto las declaraciones responsables presentas por las tres mercantiles en diciembre del año pasado. Según han precisado, el vicealcalde y concejal de Urbanismo y Limpieza, Miguel Ángel Pavón, ha firmado seis decretos (dos para cada una de las empresas) mediante los que el Ayuntamiento desestima los recursos de reposición de Alicante Port SL, Berge Maritima SL y Cesa Alicante SA y ordena el cese de la actividad, para "cuya eventual legalización requeriría la presentación de las correspondientes solicitudes de licencia ambiental".
"Los técnicos municipales consideran que con una simple declaración responsable no puede autorizarse la actividad; que el instrumento de intervención ambiental aplicable es el de licencia ambiental, tal y como también considera la propia Generalitat Valenciana; y que, procede ordenar el cese de la actividad por carecer del instrumento de intervención adecuado. Esperamos que en breve las tres empresas soliciten las correspondientes licencias ambientales", ha señalado el edil.
Esta vez, a la decisión de Guanyar le respondía el PSOE. Su portavoz, Eva Montesinos, ha calificado de "auténtica irresponsabilidad" la decisión del vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, de paralizar la descarga de graneles. "No entendemos lo que pasa por la cabeza del señor Pavón cuando paraliza la actividad del puerto, uno de los motores económicos de la provincia, que da de comer a 2.000 familias y pone en peligro 2.000 empleos", ha lamentado Montesinos. Ha recordado los "esfuerzos para control de la contaminación de los graneles" y "todo el dinero" que se ha invertido a tal efecto, y ha subrayado que el decreto de Pavón se produce "sin tener un informe que dictamine que son contaminantes".
El próximo choque se puede dar el martes, dos días antes de que los cinco concejales de Guanyar hagan efectiva su marcha del equipo de gobierno. Para el 14 de noviembre, el vicealcalde, concejal de Urbanismo y responsable de la Vía Pública, Miguel Ángel Pavón, presentará a los bares y restaurantes de la calle Castaños y adyacentes el plan de reordenación de los terrazas. En diversas ocasiones, Pavón se ha mostrado partidario de reordenar la posición de las terrazas, al tiempo que su departamento ha sido muy restrictivo para conceder nuevos permisos de terrazas. La condición que ha puesto es que éstas fueran aprobadas por la junta de distrito. Además, siempre ha defendido que la autorización de las terrazas sea compatible con el derecho de los vecinos al descanso. Sin embargo, se desconocen los detalles de cómo quedará se reordenación y cómo afectarán a los actuales elementos que ocupan la calle Castaño y adyacentes, en su mayoría peatonales. Lo que sí que parece es que va a ser un motivo más de discordia entre ambos socios, en sus últimos días de relación política.