ALICANTE. Ya hay posición oficial del Ayuntamiento de Alicante sobre la nueva regulación de las aperturas en domingo. O mejor dicho, posición de la Concejalía de Comercio. O, si se prefiere, del PSOE, con el alcalde, Gabriel Echávarri, a la cabeza. Esa postura consiste en alegar contra la propuesta acordada de forma unilateral por la Dirección General de Comercio de la Conselleria de Economía para tratar de mantener el régimen que se viene aplicando casi de manera ininterrumpida desde 2013, cuando se aprobó la primera Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) para la ciudad. A través de ella se estableció autorizar la apertura en festivo al gran comercio instalado en el Centro tradicional, lo que incluye a las dos tiendas de El Corte Inglés de Maisonnave y a Fnac Boulevar, en la avenida de la Estación.
Echávarri ya había advertido que no iba a admitir que desde València se impusiese la libertad de horarios comerciales para Alicante. Y se ha aferrado ahora a la disparidad de criterios que impera entre los operadores del sector consultados a lo largo de las dos últimas semanas para pelear con el objetivo de que se perpetúe un acuerdo que, en el Consejo Local de Comercio de octubre del año pasado, sí generó un amplio grado de consenso: la ZGAT del Centro que sólo da cobertura a El Corte Inglés y la Fnac. Pero es que, además, el planteamiento municipal de resistencia llega acompañada de una amenaza, camuflada en la defensa del principio de autonomía municipal. Así, de acuerdo con el comunicado difundido por la Concejalía de Comercio este viernes, Alicante advierte de que si el Consell no tiene en cuenta sus objeciones, no se dudará en presentar un recurso contencioso contra el acuerdo de la Dirección General de Comercio para impugnar la nueva regulación de esa ZGAT. Un aviso que -llegue a materializarse o no- ya es en sí mismo otro episodio que redobla la intensidad del pulso entre Echávarri, el director general de Comercio, Natxo Costa, y su superior jerárquico, el conseller Rafa Climent, los dos últimos, de Compromís.
Se trata de un aviso rocambolesco por sus implicaciones políticas: el PSOE de Echávarri, que gobierna en un tripartito junto a Compromís, está dispuesto a impugnar una decisión del Consell, pese a que éste también está formado por esos dos mismos partidos. En resumen, el recurso sería abrir (o acentuar) una lucha fraticida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Y, lo que resulta todavía más sorprendente, sin contar con la impresión de sus aliados nacionalistas en el Ayuntamiento (la exclusión de Guanyar en la reflexión se daba por hecha, al ser la única formación del tripartito que se mantiene firme en no ampliar las aperturas en festivo en ninguna circunstancia).
Ese vacío de los socialistas hacia Compromís se desprende, cuando menos, de las valoraciones ofrecidas por su portavoz municipal, Natxo Bellido, este viernes: "Hablamos con el alcalde y nos avanzó su intención de abrir una ronda de consultas con todo el sector para definir una posición. Parece que alega que no ha podido encontrar una postura en común para mantener la que sí tuvo un respaldo mayoritario. Nosotros somos partidarios de explorar un nuevo acuerdo de consenso al que creemos que sí se puede llegar para no tener que lamentar después que se nos imponga una regulación, partiendo de la base de que el acuerdo al que se llegue no va a ser una postura que guste a nadie al 100%", explicó.
"Ese acuerdo de consenso podría estar en torno a la apertura de unos 25 festivos que conlleva un modelo estacional, para los meses de verano, Navidad y Semana Santa", insistió. En esta línea, apuntó que "en su momento, apoyamos la ZGAT del Centro porque era la que generaba consenso y la seguiremos apoyando si es así, pero tenemos serias dudas de que pueda seguir siendo válida después de la sentencia que reconoce a tres centros comerciales el derecho a ser parte de una ZGAT", abundó.
Como viene publicando Alicante Plaza, la nueva regulación de las aperturas en domingo propuesta desde el Consell, ahora en periodo de exposición pública, prevé que Alicante tenga un régimen de libertad horaria estacional, lo que facultaría al gran comercio (las pequeñas tiendas ya pueden hacerlo) a abrir todos los domingos y festivos que se encuadran entre el 15 de junio y el 15 de septiembre. Esa regulación es la que está ahora mismo en vigor, después de que el Consell haya ejecutado la sentencia favorable a Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante en la que se ampara su derecho a formar parte de una ZGAT; la única que se ha llegado a aprobar hasta ahora, la del Centro.
Esa regulación -que de facto concede la libertad horaria a los grandes operadores comerciales de toda la ciudad, menos a Parque Vistahermosa- tiene un plazo limitado. Vence el 15 de septiembre. Comercio aplicó ese plazo con la esperanza de tener aprobada para entonces la nueva ZGAT estacional, con ese mismo límite de fechas. En ese calendario, se consideraba crucial la reunión del Observatorio del Comercio, el 19 de junio, en la que el Consell pretendía encontrar un acuerdo para regular las aperturas en festivo para toda la Comunitat. Esa cita se cerró sin que se alcanzase un acuerdo autonómico, por lo que se decidió continuar con el diálogo en el ámbito local.
Al margen de esos hipotéticos acuerdos regional o local, la clave, en cualquier caso, es precisar si la ZGAT de Alicante para el Centro podría seguir siendo aplicable incluso en el caso de que el Consell estuviese dispuesto a admitir la alegación de Alicante: ¿se puede mantener una autorización de apertura en domingo limitada al comercio del Centro si hay una sentencia de primera instancia (recurrida en el TSJ) que dice que tres complejos situados fuera de ese perímetro de calles tienen derecho a que se les autorice?
Tanto en el Consell como en Compromís se considera poco probable. Y, en todo caso, continúan apelando a una modificación de la legislación nacional para que grandes ciudades como Alicante y València dejen de estar obligadas a fijar al menos una ZGAT. Compromís ya ha sumado a PSOE a una Proposición No de Ley en el Congreso para pedir al Gobierno que retire esa imposición. En realidad, ese acuerdo no tiene eficacia ejecutiva: el PP puede atenderla o no. Por ello, ahora se pone el foco en lograr una Proposición de Ley en la misma dirección que sí fuerce al Gobierno a ejecutarla.