ALICANTE. "Esto es un acuerdo a tres bandas", decía el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, este jueves al ser interpelado por la cesión del estadio Rico Pérez al consistorio y la subasta del 87% de los títulos anunciada también por el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
El primer edil sostenía una vez más que sí había un pacto ("luego, desde el IVF niegan acuerdos", aunque también es cierto que se refería a los términos de lo concertado en pasado) entre Enrique Ortiz y Juan Carlos Ramírez, a los que no citaba refiriéndose en todo momento "al club" (si bien el club no puede pagar de ninguna manera ni esa suma ni otra), un acuerdo en el que implicaba ahora abiertamente al consistorio: "El Ayuntamiento se hacía cargo del estadio por cinco años más otros cinco, nosotros se lo alquilábamos al Hércules y el IVF sacaba a la venta las acciones y el club se obligaba a pagar un mínimo de 300.000 euros (...) Si se cumple esa parte del acuerdo, las acciones salen por ese precio mínimo y el club lo paga, el Ayuntamiento cumplirá su parte, asumirá la titularidad del campo vía alquiler. No hay más".
Echávarri ponía en duda la posibilidad de otro precio de salida para la anunciada subasta, procedimiento que tanto él como Ramírez nunca habían mencionado, cuando el banco del Consell adelantaba ayer que "un experto independiente tasará las acciones" antes de la misma. Es más, dudaba de que valiesen algo: "No sé si valen cero o menos veinte", apuntaba vinculando su titularidad a la deuda del club blanquiazul y más concretamente al cumplimiento del concurso de acreedores. "Yo no soy un experto pero compras las acciones y entras a deber 20 millones de euros (...) No valen mucho más, no nos engañemos".
El primer edil se felicitaba de que el estadio no salga del control público en el que ha entrado, por medio de esa supuesta cesión por cinco años prorrogables. Un lapso de tiempo que Echávarri justificaba en dar opción a que el Hércules suba de categoría y recompre el Rico Pérez. El alcalde insistía "en el club y no un tercero interpuesto", como también en la posibilidad de que el consistorio renuncie antes a la cesión del uso si el equipo llega a esa categoría "en dos o tres años".
Por cierto, en cuanto al valor del Rico Pérez, cuya venta ha quedado aparcada, Echávarri reflexionaba en voz alta de la siguiente manera: "El campo es un activo inmobiliario que cada año sube o baja de precio, el Ayuntamiento lo vendió por nueve millones de euros y en la subasta se ha adjudicado por 3,7 (...) El año que se venda que se tase (...) Los bienes públicos han de salir a subasta y al mejor postor".