Echávarri defiende que echó a la cuñada de Barcala por miedo a más denuncias tras el 'caso Comercio'

ALICANTE. El exalcalde de Alicante por el PSOE, Gabriel Echávarri, ha defendido este miércoles, en el juicio por el cese de una trabajadora municipal, cuñada del actual alcalde, Luis Barcala (PP), que ordenó ese despido "por miedo a que me pusieran otra denuncia", después de que el propio Barcala (entonces líder de la oposición municipal) acudiese a Fiscalía para denunciar el supuesto fraccionamiento de contratos de la Concejalía de Comercio, en abril de 2017.

El exprimer edil, que se enfrenta a su segundo juicio tras ser condenado a ocho años y medio de inhabilitación en la sentencia por el llamado caso Comercio, ha sostenido ante el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que actuó movido por ese temor a nuevas acciones judiciales en su contra. "Cogí miedo a que me llegase otra denuncia por no despedir las personas que trabajaban en el ayuntamiento de forma irregular, por lo que me decían los sindicatos y por la advertencia del Síndic de Greuges, en la que me conminaban a solucionar esa situación", ha dicho.

Es más, ha añadido que, al final, esa denuncia acabó presentándose, en alusión al escrito registrado por dos conocidos activistas vecinales ante la Fiscalía, precisamente, después de que se acordase el despido de la cuñada de Barcala. En ese escrito, se instaba a dilucidar si era motivo de delito la continuidad en sus puestos de trabajo de varios trabajadores municipales contratados sin cargo a plaza, o si lo podía ser también el despido selectivo de solo uno de ellos: la cuñada de Barcala. Esa denuncia es, de hecho, la que dio origen a la causa por la que ahora se procesa al exprimer edil.

A preguntas de la Fiscalía, Echávarri ha insistido en que el despido de dicha trabajadora, Catalina Rodríguez, "fue legal", puesto que así se lo confirmaron los técnicos municipales de Recursos Humanos que tramitaron el decreto de cese. Según el exprimer edil, todos los técnicos confirmaron que se trataba de una trabajadora interina contratada sin cargo a plaza para el ejercicio de unas funciones concretas que ya no estaba desempeñando.

En esta línea, en un tenso rifirrafe con el fiscal del caso, José Llor, Echávarri ha negado que hubiese actuado "por venganza" y ha dicho que no era cierto que "la condición de cuñada de Barcala fuese la que determinó" la decisión de su despido. Así, ha explicado que "los sindicatos me habían dicho que tenía que actuar frente a la situación irregular en la que se encontraban muchos trabajadores interinos", de modo que, en diciembre de 2016, solicitó una lista sobre las personas que se encontraban en esa situación para comenzar a actuar.

No obstante, después de que el fiscal le haya preguntado sobre la publicación de un post en su cuenta de Facebook en la que admitía haber "acelerado" la decisión del despido de dicha trabajadora interina, Echávarri ha reconocido que "me equivoqué" en el momento de tomar la decisión, tan solo unos días después de que Barcala presentase en Fiscalía la denuncia por los contratos de Comercio. "Me confundí porque se vinculó el despido con una venganza y al final ella sigue trabajando" en el Ayuntamiento. Se da la circunstancia de que la cuñada de Barcala fue readmitida después de que el pleno del Ayuntamiento aprobase una declaración institucional (rechazada por el PSOE), en la que se emplazaba a dejar sin efecto el cese de la trabajadora y a revisar la situación laboral del conjunto de los trabajadores municipales interinos para tratar de regularizar los contratos que pudiesen ser normalizados.

Al ser cuestionado por "la aparente contradicción" de esa readmisión, según el fiscal, Echávarri ha señalado que "acaté el mandato político del pleno porque soy una persona profundamente democrática", pese a que ha insistido en que la decisión del despido fue legal. El fiscal ha incidido en que ese acuerdo no era vinculante, al tratarse de una declaración institucional, a lo que Echávarri ha respondido que, en todo caso, "por lo que se me está juzgado aquí es por el despido, y no por la readmisión, y la cuestión es que existía causa legal para acordarlo".

Niega que el cese de la trabajadora municipal fuese por "venganza" y que la condición de cuñada de Barcala no fue la que determinó su despido

Respecto a por qué acordó el despido en concreto de esta trabajadora, sin llegar a acordar ningún otro despido más, el exprimer edil ha señalado que el de la cuñada de Barcala "fue el nombre que todo el mundo me decía como la situación más flagrante". "Por alguien tenía que comenzar", ha recalcado, después de que el fiscal asegurase que había cerca de 300 trabajadores en esa situación y que al menos existían otros tres en las mismas circunstancias que Rodríguez: sin cargo a plaza.

El acusador público también ha cuestionado sobre el momento concreto de la toma de esa decisión, toda vez que la trabajadora cesada llevaba ejerciendo funciones distintas a las que motivaron su contratación desde diciembre de 2015. Y Echávarri ha vuelto a responder que actuó en ese momento (en abril de 2017) movido por ese temor a que le pudiese llegar una segunda denuncia por mantener a trabajadores en situación irregular.

Por lo que respecta a las declaraciones de los testigos, el exconcejal de Recursos Humanos en el momento de los hechos, el socialista Carlos Giménez, ha explicado que él se encontraba de viaje fuera de Alicante cuando recibió una llamada de Echávarri en la que "me dijo que había que despedir a la cuñada de Barcala". Así, aseguró que no tuvo ninguna participación posterior en el procedimiento, "porque el alcalde me dijo que se ocupaba él" y que solo se encargó de firmar el decreto de cese, al ser el competente para ello. Según Giménez, que inicialmente llegó a figurar como investigado en la causa, firmó ese decreto "porque los técnicos habían confirmado que existía causa legal para que se acordase" el cese.

Por su parte, el jefe de Organización y Gestión de Recursos Humanos, Sabino Pardines, ha explicado que Echávarri le llamó a su despacho para darle instrucciones de que había que despedir a Catalina Rodríguez, lo que le pareció "extraño" por la "vehemencia" y la "urgencia" de la orden. Además, ha apuntado que el exprimer edil no le concretó las causas que podían motivar esa decisión. Según su versión, fue él y sus compañeros de la concejalía quienes comprobaron la relación laboral que la cuñada de Barcala mantenía con el ayuntamiento "sin saber quién era" y comprobaron que existía causa de despido. "Era un supuesto de libro", ha recalcado.

En parecidos términos se ha pronunciado la jefa de Selección y Documentación de la misma concejalía, Ana Gutiérrez, quien ha señalado que se confirmó que Catalina Rodríguez ya no estaba trabajando en el mismo servicio para el que había sido contratada, puesto que no estaba desempeñando funciones como técnico de museos con motivo de la puesta en marcha del MACA y de Las Cigarreras, sino que estaba trabajando en la Lonja del Pescado.

Por último, la letrada municipal Ana Barrachina también ha manifestado que existía causa legal para acordar el cese de la trabajadora y que, según su criterio, no podía acordarse su traslado a otras funciones que no estuviesen relacionadas con el mismo proyecto o programa que habían motivado su contratación.

El juicio continúa este jueves, día 16, con las comparecencias de nuevos testigos. Echávarri se enfrenta a una posible condena de diez años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación a petición de la Fiscalía. Su defensa, por su parte, solicita su absolución al considerar que la decisión de su despido fue ajustada a derecho y que, en consecuencia, no hubo delito. El exregidor socialista se vio forzado a presentar su dimisión y renuncia la acta de concejal después de que trascendiese el auto de procesamiento por esta segunda causa. Su dimisión dio pie a la elección de Barcala como nuevo alcalde como candidato de la lista más votada, gracias a la abstención de la edil no adscrita, Nerea Belmonte (exconcejal de Guanyar).