Natxo Bellido (Compromís), Gabriel Echávarri (PSOE) y Miguel Ángel Pavón (Guanyar). Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El primer asalto para dirimir la última disputa del tripartito de Alicante ya tiene fecha: viernes 20 de enero. El alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, consuma el pulso y expone a sus socios de Guanyar y Compromís a tener que pronunciarse sobre el nombramiento de los asesores de Comercio y Fiestas como directores generales -en realidad, sobre sus nuevos sueldos- en la Comisión de Presidencia que quedó convocada formalmente este martes.
Según pudo constatar Alicante Plaza, el único punto del orden del día de esa comisión es, precisamente, el reconocimiento de esas nuevas retribuciones que el primer edil propone para dos de sus colaboradores más directos: Pedro de Gea y Miguel Castelló. La propuesta, firmada por el propio Echávarri el 12 de enero, plantea que ambos pasen a percibir un bruto anual de 51.000 euros, en lugar de los 35.000 actuales. Es decir, en caso de que el acuerdo se apruebe, los dos dispondrían del mismo salario que un concejal con competencia delegada.
El planteamiento no se acompaña de más argumentos ni explicaciones -que, no obstante, sí continúan reclamando tanto Guanyar como Compromís- y se limita a subrayar dos aspectos: que la creación de la figura del director general está contemplada tanto por el Reglamento Orgánico Municipal (ROM) como por la Ley de Reguladora de las Bases de Régimen Local y que, además, esta ley reserva al alcalde la competencia para efectuar nombramientos. De hecho, ese trámite ya está resuelto a través del decreto de Alcaldía firmado por Echávarri a finales de diciembre.
En este contexto, la trascendencia de la propuesta reside en sus implicaciones. Es la prueba más evidente de que Echávarri mantiene su hoja de ruta para impulsar una decisión adoptada sin consultar con sus socios y que, además, cuenta con su oposición manifiesta. Los portavoces de Guanyar y Compromís, Miguel Ángel Pavón y Natxo Bellido, vienen exponiendo su rechazo a ese "acuerdo unilateral" al considerar que contradice los principios de austeridad y de contención en el número de altos cargos que deben componer la estructura municipal recogidos en el pacto de gobierno.
El dictamen de la comisión no es vinculante: si se rechaza, la propuesta irá a pleno y para entonces podrían haber cambiado las posiciones políticas
En esta línea, todo parece indicar que la propuesta no contará con su respaldo cuando llegue a votación, este viernes. Es más, salvo que PP o Ciudadanos (C's) decidan apoyarla, la hipótesis más probable es que quede rechazada. Ahora bien, será solo un primer test. El dictamen de la comisión no es vinculante, de modo que el alcalde podrá volver a plantearla en el pleno ordinario de enero, el día 26. Y para entonces, las posiciones políticas podrían variar: polarizarse todavía más o relajarse. En primer lugar, porque para entonces ya podría haberse consumado el recorte de la participación de Guanyar en la Junta de Gobierno (de 4 miembros a 3, como pretende Echávarri, para ajustar su composición a la proporcionalidad de cada grupo político, después de que Guanyar haya perdido un representante con la expulsión de Nerea Belmonte). Y en segundo término, porque justo un día antes del pleno está convocada la reunión de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno en la que todo está abierto.
Como viene informando este diario, esa reunión de seguimiento también debe abordar otra propuesta del alcalde que, por ahora, cuenta con el rechazo de Guanyar y Compromís: el ajuste de la cifra de asesores adscritos al grupo municipal de Guanyar a su nueva realidad numérica tras la expulsión de Nerea Belmonte, de modo que queden reducidos a cinco (uno por cada concejal, en función de lo previsto en el pacto de gobierno).
Guanyar se opone a los dos ajustes (el de sus miembros en la Junta y el de la cifra de asesores) porque considera que conllevaría "dar carta de naturaleza al transfuguismo". En esta línea, argumentan que los votos conseguidos en las elecciones de 2015 siguen siendo los mismos al margen de la expulsión de Belmonte, y añaden que esa "anomalía" podría afectar a otros grupos políticos.
Y Compromís estima que nadie ha justificado hasta ahora la urgencia ni la conveniencia de esas decisiones que pide que se posterguen al menos hasta esa reunión de la comisión de seguimiento. Es más, los nacionalistas señalan que no están dispuestos a plantear la cuestión como si tratase de un intercambio de cromos: respaldo a los directores generales para que Guanyar se quede como está.
Ni Guanyar ni Compromís prevén abandonar el Gobierno si el alcalde ejecuta sus decisiones pero exigirán que se cumpla el pacto de forma rigurosa con su mayoría en la Junta de Gobierno
Lo cierto es que Guanyar y Compromís asumen que el alcalde dispone de plenos poderes para restar prerrogativas a Guanyar por su cuenta y riesgo. "El debate es si eso realmente ayuda al buen funcionamiento del equipo de gobierno", se preguntan. ¿Habrá reacciones? A priori no. Ni Guanyar ni Compromís sopesan una posible ruptura del acuerdo. Eso sí, exigirán que se cumpla en todos sus términos en los órganos de decisión -como la Junta de Gobierno- en los que seguirán contando con mayoría: Guanyar y Compromís sumarán 5 representantes frente a los 4 del PSOE.
Por lo pronto, el líder de Compromís y portavoz del tripartito, Natxo Bellido, insistió en defender, este martes, la recuperación de reuniones de trabajo con una periodicidad semanal para coordinar la acción de gobierno y reuniones de la comisión de seguimiento del pacto al menos cada seis meses, a la manera en la que ya lo hace el Consell del Botànic. "Si se siguen esas recomendaciones de Compromís, que tenemos experiencia en la gestión de la pluralidad interna, nos irá bien", dijo. Y remarcó que, hasta ahora, el grupo que ha mostrado más reticencia para celebrar esas citas ha sido el PSOE y se congratuló de que haya accedido a celebrar la reunión reivindicada por Guanyar y su propio partido.
Guanyar, por su parte, se niega a plantear el nombre del concejal que debe de dejar de formar parte de la Junta de Gobierno, en respuesta al requerimiento formulado por Echávarri. En la Junta están presentes Miguel Ángel Pavón, Víctor Domínguez, Julia Angulo y Daniel Simón.
Mientras, continúan enquistados dos de los asuntos que también han acaparado la actualidad municipal: la restitución del callejero, en cumplimiento del auto que ordena la suspensión de los cambios (se está a la espera de las alegaciones de los servicios jurídicos municipales contra esa resolución judicial y "se acatará en los plazos normales de la administración", según Bellido) y la tramitación de los presupuestos municipales (pendientes todavía de los últimos ajustes y del informe del interventor municipal antes de ser remitidos al Ministerio de Hacienda).
