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Benidorm tiene dos meses para liquidar la estación de Ortiz: se pone en marcha la comisión paritaria

14/12/2018 - 

BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm ha conformado la comisión paritaria con la que tratarán de negociar la salida del empresario Enrique Ortiz de mutuo acuerdo de la concesión de la estación de autobuses de Benidorm. Un mecanismo que usaron anteriormente, pero que terminó fracasando y con cabreo por parte del dueño de la mercantil Estación de Autobuses. Hay que recordar que la salida de la concesión está marcada por las sentencias del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Supremo.

Para ello, han sentado las bases con las que se regirán en dicha comisión paritaria, donde el representante de Ortiz será Miguel Carratalá Fernández, quien ha saltado a la polémica en los últimos años por su imputación en el caso Brugal. En representación del Ayuntamiento de Benidorm será el propio alcalde de la ciudad, Toni Pérez. Además, estarán presentes todos los asesores jurídicos, técnicos y económicos que se consideren para cada momento.

Asimismo, consideran aceptable la opción de que sea escuchada la mercantil Moralet SL en aquellas sesiones donde pueda ser afectado. Esta empresa es la que tiene negocios en la zona comercial de la estación de autobuses.

Tal y como recoge la propuesta del pleno aprobada en octubre de este año, la primera comisión se tenía que fijar el funcionamiento del mismo, donde se concretó que la reuniones de la comisión mixta se harán una vez a la semana durante dos meses. 

Uno de los puntos fuertes por los que se convoca esta comisión es la liquidación del contrato: tanto la cuantificación como la forma en la que se ingresará. Hay que tener en cuenta que se ha llegado a hablar de diferentes opciones, como que sea la próxima adjudicataria la que ingrese dicha deuda con la mercantil de Ortiz, en caso de que se estime que se le tiene que pagar algo al empresario.

Como se recordará, los jueces piden que el Ayuntamiento de Benidorm liquide la concesión con el empresario, financiador confeso del PP alicantino, después de que se demostrara que la mercantil de la que es dueño realizó unas obras que no constaban en el proyecto ni en el modificado que después se aprobó y que no era legal.

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