ALICANTE (EFE). Los exconcejales de Alicante por el PP Juan Rodríguez Marín y Sonia Alegría han avalado este miércoles la versión del exalcalde de la ciudad y antiguo compañero de partido Luis Díaz Alperi durante el juicio que se sigue contra él por un presunto fraude a Hacienda de 682.681 euros.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado reclaman provisionalmente para Díaz Alperi 9 años y 9 meses de cárcel por tres delitos fiscales en sus declaraciones de renta de 2007, 2008 y 2010, así como por el amarre gratuito de su barco en un puerto deportivo. Junto al político están siendo juzgados otros tres empresarios, Javier Palacio, Antonio Moreno y Antonio Solana, que se enfrentan a peticiones de pena que varían entre los 9 meses y los 6 años de prisión.
Las acusaciones sostienen que Díaz Alperi ocultó al fisco un incremento patrimonial derivado de la concesión de un aval de 1.004.000 euros, que le permitió saldar una deuda tributaria anterior, y de la compra de un catamarán. Los inspectores de Hacienda que examinaron su patrimonio en 2012 aseguran que simuló ambas operaciones y manejó "fondos ocultos" por "ingresos no justificados". Díaz Alperi alegó entonces -y así lo ha mantenido en el juicio- que algunos de esos ingresos corresponden a las cantidades en metálico que recibió por la venta de otro barco, de vinos, unas serigrafías y lotería.
Durante la cuarta sesión del juicio, Rodríguez Marín, que es padrino de una hija del excalcalde, ha explicado que le compró un barco por unos 30.000 euros que abonó con una transferencia bancaria y una cantidad en efectivo que no ha podido precisar. Además, ha asegurado que el catamarán que adquirió después el entonces alcalde, el Akra Uno, pertenecía tanto a éste como a Antonio Solana, contrariamente a lo que mantienen las acusaciones, para las que fue sufragado en su mayor parte por el empresario.
Por su parte, Sonia Alegría, también amiga de Díaz Alperi, ha confirmado que le compró 600 euros en lotería de Navidad en 2007 porque él había "tenido una corazonada" con un número. Según su declaración, cinco años después, en 2012, el acusado le pidió que firmara un recibo por dicho importe porque le estaban "haciendo una inspección", y ella no tuvo "inconveniente" en hacerlo "porque "era cierto".
En términos similares se ha manifestado un traumatólogo amigo de la infancia de Díaz Alperi, al ratificar que le pagó en metálico 18.000 euros por siete serigrafías del artista local Eusebio Sempere. En esta sesión han sido interrogados otros cuatro testigos: tres sobre el aval concedido por Antonio Moreno al exalcalde y otro, el director de una sucursal bancaria, por el crédito concedido al mismo y a Solana a través de la sociedad Andarx Business para la compra del catamarán.
El abogado de cabecera de Moreno, Jaime Mairata, ha negado que la operación del aval fuera "un negocio simulado", como mantiene la Agencia Tributaria, y ha asegurado que Moreno quería cobrar la deuda y Díaz Alperi pagarla. "Creíamos que no había ningún riesgo, que era un tiro a pichón parado. Ahora creo que fue un toro toreado con la mano indebida por Antonio Moreno", ha precisado.
La vista oral continuará mañana en el Juzgado de lo Penal 6 de Alicante con las declaraciones de una decena de testigos entre los que figuran tres policías que intervinieron en la investigación.