Los exconcejales del PP, Juan Zaragoza y Andrés Llorens.ALICANTE. Las diligencias judiciales instruidas a cuenta del llamado caso Isjoma o de la contrata de las sillas, llega a su fase final con dos exconcejales del Partido Popular (PP) a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata del exedil de Infraestructuras, Andrés Llorens, y del exedil de Comercio, Juan Zaragoza: ambos desvinculados ahora de la primera línea de la actividad política.
Se les investiga por su supuesta implicación en una trama que se dedicaba a autorizar el fraccionamiento de pagos al margen del contrato que se adjudicó en 2003 y por el supuesto amaño en la adjudicación del servicio de montaje de instalaciones festivas del año 2009. Todo ello con el presunto beneficio de los responsables de la empresa Isjoma.
El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante ha recibido ya todos los escritos de conclusiones provisionales y ha dado un último paso antes de dilucidar si procede dictar el auto de apertura de juicio oral. Ese último paso se deriva, precisamente, de una de las posiciones manifestadas por una de las tres partes acusadoras. En concreto, la que venía ejerciendo hasta ahora el Ayuntamiento de Alicante en defensa de los intereses públicos.
En ese escrito, la representación legal del Ayuntamiento da un giro respecto al papel que desempeñaba en la causa hasta ahora y renuncia a presentar acusación. De hecho, solicita el sobreseimiento de las diligencias para el conjunto de los imputados (además de Llorens y Zaragoza, figuran dos técnicos, un empleado municipal y un empresario) al considerar que los hechos analizados "no son constitutivos de delitos ni de prevaricación, ni de fraude a la administración ni de revelación de secretos" que se atribuyen a los investigados.
Para sostener esa posición, los letrados de los servicios jurídicos municipales argumentan, primero, que la supuesta adjudicación irregular del contrato de 2009, concedido inicialmente a la empresa Isjoma, ha quedado corregida tras el contencioso que presentó Montajes Alavés (empresa que también había concurrido al concurso), tras concluirse que se habían producido "errores" en la valoración de las propuestas presentadas al concurso. Así, sostienen que no se puede inferir que existiese una "confabulación de los acusados organizados en una trama para, a sabiendas de su injusticia" acordar una adjudicación "con el ánimo de defraudar a la administración".
El Ayuntamiento de Alicante, que ejercía la acusación, pide ahora el sobreseimiento de la causa, aunque no renuncia a las posibles indemnizaciones que puedan corresponderle
Y segundo, esgrimen que por lo que respecta a los contratos menores por facturas que abarcan el periodo de 2003 a 2009, sin procedimientos de licitación, "no se dispone de elementos comparativos que puedan concluir que de los mismos se haya podido producir un determinado perjuicio económico". Además, apoya esa conclusión en un informe del jefe de Servicio de Infraestructuras y Mantenimiento, elaborado este mes de junio, en el que se determinaría que esos contratos menores no supusieron un perjuicio para el ayuntamiento.
A la vista de esa posición, el juez dictó el pasado 1 de julio una providencia en la que emplazaba al Ayuntamiento a precisar si, al no ejercer acusación y pedir el sobreseimiento, también renunciaba de forma expresa a percibir cualquier tipo de indemnización a la que se pudiese dar cabida. De hecho, la Fiscalía solicita que se acuerde una compensación de 340.580 euros a favor del Ayuntamiento. Y la acusación que ejerce la empresa Montajes Alavés, también pide que esa responsabilidad civil se fije en más de 1,4 millones.
El Ayuntamiento recibió esa providencia el jueves y, al parecer todavía no ha registrado respuesta. En cualquier caso, según pudo precisar Alicante Plaza, ya se ha resuelto que en ningún caso se va a renunciar a posibles responsabilidades civiles, en el caso de que hubiese lugar a ellas. Así se comunicará al juzgado en los próximos días, lo que permitirá que el instructor dicte el auto de juicio oral o, en su caso, de archivo.
Pero, ¿a qué se exponen los acusados, en el caso de que la investigación llegue a juicio? Por partes. El Ministerio Público, representado por el fiscal Anticorrupción Felipe Briones, solicita para Llorens una pena de tres años de prisión por un delito de prevaricación. Para Zaragoza, pide un año de privación de libertad por ese mismo delito. Para el jefe del Servicio de Infraestructuras, Víctor López (ya jubilado), 3 años de prisión, y para el jefe de Talleres, Ginés Pérez, 2 años de cárcel. Por último, para el empresario Isidro García, solicita un año y seis meses.
Por su parte, la acusación ejercida por la empresa Montajes Alavés, solicita 4 años de prisión para Llorens y 2 para Zaragoza. Para López, pide 5 años; para Pérez, 2; y para García, 5.
