El concejal de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez; el alcalde, Luis Barcala, y el edil de Infraestructuras, José Ramón González, en imagen de archivo.ALICANTE. La controversia desencadenada a cuenta de los contratos sobre distintos trabajos ejecutados en la partida de La Alcoraya, concertados desde las concejalías de Infraestructuras y Partidas Rurales, ya tiene una primera consecuencia política en clave electoral por la presunta tramitación irregular o falta de ética con la que -a juicio de la oposición- se habrían materializado. No es ninguna sorpresa: las tres fuerzas del eje progresista -PSOE, la confluencia entre Podemos y Esquerra Unida y Compromís- han ganado munición para tratar de deslegitimar la gestión del equipo de gobierno. Y, en concreto, con la que atacar al partido que ostenta la Alcaldía (el PP), a poco más de un mes de la cita con las urnas del próximo 28 de mayo.
De hecho, las tres formaciones ya han movido ficha para recopilar toda la información disponible sobre ese conjunto de contratos -cuatro en total, por un importe global de 135.291 euros- y ya anuncian el inicio de acciones legales con el registro de una posible denuncia en Fiscalía ante las sospechas de que pudiese haberse incurrido en un delito de prevaricación o en un hipotético fraccionamiento de contratos: la causa que precipitó la caída del exalcalde socialista, Gabriel Echávarri, tras el estallido del llamado caso comercio, en abril de 2018, y el consiguiente ascenso de Luis Barcala en su relevo.
Todo, al margen del deber de inhibición por una presunta incompatibilidad al que, según señaló la alcaldable del PSOE, Ana Barceló, debió haberse acogido el edil de Fiestas y Partidas Rurales, Manuel Jiménez, al conocer que su concejalía iba a contratar con la empresa que había realizado una reforma previa en su domicilio y con cuyo representante guardaba un vínculo personal a través de las Hogueras.
El equipo de gobierno, la alianza compuesta por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), persiste en negar cualquier tipo de irregularidad al sostener que el procedimiento administrativo contó con el aval y la supervisión de los técnicos de Contabilidad e Intervención. Y, al tiempo, también ha descartado toda similitud con el caso comercio al defender que los contratos señalados ahora corresponderían con encargos independientes con fines distintos; que se concertaron para responder a necesidades no relacionadas entre sí a petición o iniciativa de promotores o peticionarios diferentes, y que se formalizaron con cargo a las partidas específicas habilitadas en cada una de esas dos concejalías para acometer tales trabajos, como ya ha informado este diario.
De ahí que no se plantee ningún tipo de posible medida disciplinaria como la hipotética destitución de Jiménez que ya se han solicitado Unides Podem EU y Compromís. PP y Cs han optado por la unidad. Al menos, eso es lo que se escenificó este martes tras la reunión entre el alcalde, Luis Barcala, y los ediles de Contratación, Infraestructuras, Partidas Rurales y Urbanismo desarrollada tras el transcurso de la Junta de Gobierno, en la que se concretaron los pormenores del proceso, como había solicitado este lunes el responsable de Urbanismo y candidato a la Alcaldía por Cs, Adrián Santos Pérez.
No obstante, quedaría por desentrañarse el debate de la ética: otro de los flancos sobre los que se han dirigido las críticas de la oposición, al apuntar las relaciones personales entre Jiménez y los representantes de las dos empresas a las que su concejalía acabó adjudicando los dos contratos menores situados en el epicentro de la polémica: el de la redacción de proyecto de la pérgola y el de su construcción. Así, no han dudado en poner el foco en que los responsables de esas dos empresas son personas vinculadas al mundo de las Hogueras, e incluso miembros de la misma comisión que Jiménez, además de recalcar que una de esas empresas fue la que realizó una reforma por un valor superior a los 10.000 euros en el domicilio del concejal. Eso sí, hace más de un año y medio, en mayo de 2021.
¿La defensa del bipartito? Que, a priori, Jiménez no tuvo ninguna intervención directa sobre su propuesta de contratación, ya que quedó en manos de los técnicos hasta el momento de que tuvo que estampar su firma para autorizar el pago. Además, se habría apuntado que fue la empresa redactora del proyecto de la pérgola la que propuso a la terna de empresas a la que se podía solicitar presupuesto para construirla con garantías de que realizasen el trabajo en plazo y que, después, se adjudicó a la empresa del conocido de Jiménez porque las otras dos no llegaron a aportar oferta.
De igual modo, también se ha subrayado que no existiría ningún otro vínculo similar entre los 131 contratos menores concertados por las áreas del concejal, ya sometidos a revisión. Es más, incluso se habría tratado de marcar distancias respecto a otros casos precedentes registrados en el mismo Ayuntamiento de Alicante (como los contratos menores concertados por la exconcejal Nerea Belmonte en 2016, durante su etapa como concejal de Acción Social y Vivienda con firmas creadas por personas de su entorno y militantes de Podemos) al destacar que Rehabilitaciones Grupo Leuka sí es una empresa con trayectoria previa, que se constituyó en mayo de 2018, cuando Jiménez no tenía ninguna vinculación con la política. De hecho, no quedó incorporado a la lista del PP hasta un año después, con motivo de las municipales de 2019.
A partir de aquí, está por ver si, pese a ese argumentario, la controversia suscitada a colación de esos contratos sobre La Alcoraya acaba por generando el ruido que envolvió y obstaculizó la gestión del tripartito (PSOE, Guanyar y Compromís) durante el pasado mandato, después de cerca de cinco años en el que, de algún modo, se había conseguido desterrar esa distorsión, salvo algunos episodios puntuales que se han acabado superando, como el denominado caso enchufes y el supuesto trato de favor -denunciado a través de documentos anónimos- respecto a determinados aspirantes que concurrieron a las oposiciones a la Policía Local que salpicó a la Concejalía de Recursos Humanos, que dirige el edil José Ramón González.
El efecto que esta nueva polémica pueda acabar provocando entre la ciudadanía a la hora de depositar su voto es toda una incógnita. Se da por seguro que se tratará de alargar su vigencia para aproximarla lo máximo posible a la fecha de los comicios y, así, cerrar el círculo, una vez que haya trascendido justo en el momento en el que se daba a conocer la composición de las listas electorales, con incorporaciones y descartes respecto a la lista de hace cuatro años. Básicamente, los de Julia Llopis, José Ramón González y Carlos Mazón, que concurrirá solo como número 1 de la lista autonómica por Alicante con en el reto de lograr la Presidencia de la Generalitat.
En todo caso, lo cierto es que no parece fácil dirimir qué impacto podría tener lo que se considera básicamente un debate en el terreno de lo ético (que no de legalidad) y si podría representar un riesgo para las expectativas de resultados que se manejaban. Por lo pronto, el PP mantenía la confianza de poder revalidar la Alcaldía con la expectativa de obtener un mínimo de entre 13 y 14 concejales sobre la baza de la gestión y el desarrollo de actuaciones de modernización urbanística en distintos barrios de la ciudad con inversiones por más de 60 millones, y con la renovación de servicios municipales, como el transporte público en autobús (ya en marcha) o la limpieza viaria y recogida de la basura (que no podrá implantarse por falta de maquinaria hasta el mes de julio).
