Diego García dice que apurarán plazos legales para devolver ayudas a Bruselas

ELCHE (EFE). Diego García, presidente del Elche, aseguró a Efe que el club ilicitano apurará todos los plazos legales para devolver los 4.1 millones de euros que le reclama la Comisión Europea (CE) a la entidad como consecuencia de ayudas ilegales recibidas por la entidad.

El club ilicitano recibió la notificación la pasada semana por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) la resolución por la que debería abonar esta cantidad antes del 5 de noviembre al considerar que se benefició de unos intereses fuera de mercado en la concesión de un préstamo avalado por la administración autonómica.

García aclaró que el club ilicitano aún no ha recibido la notificación oficial por parte de la CE, aunque indicó que la entidad dispondrá de 30 días de plazo para presentar "un recurso de reposición", más un nuevo plazo de dos meses "para un procedimiento contencioso administrativo".

El presidente calificó de "sorprendente" que el IVF "como órgano ejecutor" esté exigiendo la devolución de estas cantidades "antes de que llegue la "notificación de la CE".

Además, el mandatario del conjunto ilicitano anunció que el consejo pondrá en conocimiento del juez del concurso de acreedores esta nueva "deuda contingente" para que el magistrado la incluya en el proceso y la califique.

"El convenio de acreedores sigue adelante y cuando el juez dé su calificación, ya sea como deuda de masa, ordinaria o privilegiada, se actuará en consecuencia", explicó Diego García.

El presidente del Elche intuyó un proceso legal largo, ya que afirmó que puede producirse una "pugna entre las legislaciones española y la europea". "Yo creo que el juez dictaminará finalmente a favor de la española porque es donde tiene su base de actuación en Elche", reiteró.

En el caso de que se agotaran los procedimientos legales y el consejo se viera obligado a devolver esos 4,1 millones de euros antes de lo previsto, el presidente anunció la posibilidad de proceder a una ampliación de capital que se realizaría en paralelo a los recursos para intentar revocar esta decisión.