BENIDORM. El derribo del edificio Gemelos 28 de Benidorm no tiene discusión para los jueces. Así lo refleja el auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en ejecución de sentencia en noviembre de 2017, definitiva un año después. Tras cinco años, la Generalitat sigue sin haber derribado el edificio. Y de momento, poco movimiento concluyente ha habido en los últimos meses para dar una solución a estas torres en las que sigue habiendo propietarios pendientes de saber qué ocurrirá con sus viviendas. Lo más reciente es una hoja de ruta de la demolición a la que ha tenido acceso este diario y que se detalla más adelante.
Como es sabido, el Tribunal Supremo en 2012 declaró ilegal el permiso otorgado a la promotora en 2005 por la Dirección General de Costas y Puertos de la Conselleria de Obras Públicas. Cinco años más tarde, el TSJ aclaraba el escrito judicial y ordenaba el derribo de estas torres de 22 plantas además de indemnizar a los propietarios. Le daba tres meses para presentar ante la sala el proyecto de demolición, la previsión presupuestaria del coste y habilitar el crédito correspondiente. La Generalitat recurrió, pero el Alto Tribunal lo inadmitió sin posibilidad de volver a ser recurrida y alcanzaba la firmeza en noviembre de 2018.
La cuestión principal es que el edificio ocupa una zona de dominio público servidumbre marítimo-terrestre. Pero por apenas seis metros. Lo que plantea la posibilidad de que una vez derribado, se pueda levantar de nuevo pero seis metros hacia atrás.
Desde entonces, la Generalitat sigue sin ejecutar la sentencia, pasando por fórmulas que no ha hecho más que atrasar el derribo. En 2019 este asunto se derivó a la Corte de Mediación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Pero en julio de 2020 se cerró sin llegar a ningún acuerdo, ni acerca de la ejecución de la sentencia ni sobre sus efectos.
En el último año se creó una comisión para ejecutar la sentencia, en la que están representados el Ayuntamiento, la Generalitat y el Estado. Según ha podido saber este diario, a los propietarios se les ha negado la opción participar. Pero de momento, dicen desde el municipio, no se ha movido nada. Por su parte, desde Conselleria guardan silencio.
La Dirección General de Puertos, Aeropuertos y Costas, de la Conselleria de Obras Públicas encargó "un estudio para el análisis de la situación jurídica, documentación técnica y encuadre temporal para la demolición del complejo residencial Gemelos 28". Un documento elaborado por Typsa al que ha tenido acceso Alicante Plaza y que está firmado en mayo de este año.
En esta 'hoja de ruta', como se titula el documento, proponen a la administración la recopilación de los datos de los propietarios, teniendo en cuenta que hay identificados 52 del total de 171 viviendas. Y sabiendo además que los españoles representan el 39,18% del total. Lo que añade complejidad por la fragmentación y la procedencia diversa, dice el texto. Además de que estos datos son de 2017, y por tanto, podrían haber cambiado.
La valoración de la adquisición de los edificios se estimó en casi 59 millones de euros, a los que se añadió el 20% de indemnización, es decir, subió hasta los 70.777.302,38 euros, a lo que habría que añadir el coste de la demolición. La partida se consignó. Pero el informe considera que podría ser insuficiente teniendo en cuenta los trasteros, los locales comerciales o las zonas comunes. Desde la Generalitat ya estimaban que se podría elevar hasta superar los 100 millones de euros.
En cuanto a los tiempos, no se prevén cortos. Conselleria tendría que licitar la asistencia jurídico-administrativa para todo lo que atañe a los propietarios, titularidades y documentación. En cuento al derribo propiamente dicho, se necesitaría la licitación de una asistencia de Project Management para todo el proceso, para seleccionar el mejor procedimiento y restantes actuaciones. Y otra licitación para la redacción del proyecto de demolición mediante un diálogo competitivo. En este caso, la administración sería la encargada de seleccionar el proyecto que más encajara.
Más reciente es el escrito del área de Ingeniería del Ayuntamiento de Benidorm, que en septiembre de este año aportaban un informe en respuesta a la revisión del proyecto de demolición. En este sentido, reseñan que no tienen en cuenta que la vía que pretenden ocupar para el derribo es el único acceso y salida de viviendas, así como de parajes de interés turístico, como las calas de Ti Ximo, Almadraba, o la Torre de Les Caletes. Es por esto que señalan que, aunque sean ocupaciones de manera parcial o temporales, ocasionaría grandes perjuicios a los ciudadanos. De este modo, piden un estudio meticuloso y exhaustivo de tráfico y movilidad.
Además, desaconsejan el paso o estacionamiento de maquinaria pesada y camiones de gran tonelaje porque podrían producir roturas en canalizaciones de agua potable o saneamiento del que depende un elevado número de ciudadanos. O en su caso, el vertido al mar de aguas residuales sin depurar. Finalmente, piden reestudiar el proceso constructivo para minimizar las afecciones.
Al mismo tiempo, en sus consideraciones técnicas y legales, el Ayuntamiento pide un estudio de impacto ambiental que evalúe las consecuencias del derribo tal y como se plantea sabiendo que su entorno es un Parque Natural protegido. El objetivo del Consistorio es que "sea lo más garantista y respetuoso con el medio ambiente posible teniendo en cuenta la complejidad del mismo y el valor ecológico y ambiental de la zona", apuntan fuentes municipales.
Mientras todo esto ocurre, no hay que olvidar que los propietarios siguen pendientes de saber si derribarán su vivienda y cuándo. Para el abogado de parte de los propietarios de las torres, Víctor Soriano i Piqueras, la interpretación de las normas no puede conducir a situaciones irracionales y en su opinión, es factible jurídicamente no derribar el edificio. En este sentido, añade que la ley abre la puerta a que la sentencia se pueda declarar inejecutable por parte del Tribunal, por ser tan costosa y difícil. Como consecuencia, se debería de indemnizar al recurrente por no ejecutar la demolición y las consecuencias que tiene sobre él, "que es un coste ínfimo en comparación", comenta.
Además, como alternativa, plantea la introducción de una disposición adicional en la Ley de Costas para legalizar la situación o ampliar el paseo marítimo para reducir la afección de Costas.