Democracia en los partidos

El Tribunal Constitucional acaba de adelantar una sentencia que favorece aún más el poder de la dirección de los partidos políticos. Lo ha hecho con ocasión de un expediente que se abrió a la escritora asturiana Susana Pérez-Alonso con motivo de una carta publicada en un medio de comunicación en la que criticaba abiertamente a la organización socialista.

El TC fundamenta que los militantes deben fidelidad y lealtad al partido y a la organización a la que pertenecen de un modo voluntario. Eso es así y no le falta razón, pero a su vez debe permitirse o “inventarse” instrumentos correctores que permitan el ejercicio democrático en el seno de la organización, como también consagra el artículo 6 de nuestra Constitución.

Con esta sentencia el Tribunal Constitucional retrocede en su Doctrina anterior en la que vinculaba la libertad de expresión como manifestación de la pluralidad y la democracia. Otorga ahora mayor potestad a las direcciones de los partidos para hacer y decidir con todas las de la ley. Sin embargo también se debe habilitar cauces que permitan el funcionamiento democrático interno de los partidos y la discusión de los disidentes. En muchos casos las voces críticas de los afiliados hacia la dirección provocan la apertura de expedientes disciplinarios y la suspensión de militancia o expulsión de la organización. Los actuales tribunales de garantías o “Comités de conflictos” existentes en el seno de los partidos, poco escuchan al militante díscolo, y entre otros motivos, porque estos “Comités” suelen ser designados por la cúpula directiva del aparato, y por tanto existe en estos falsos órganos de garantías, la misma autoridad partidista que en la dirección, limitándose a aplicar la disciplina de partido en línea jerárquica. Para evitar esta situación de dominio de poder de la élite respecto a los afiliados he propuesto en algún foro especializado la creación de una figura ajena a los partidos políticos que bien podría llamarse el “Defensor del Afiliado”. Pudiera ser un órgano colegiado, elegido por instancias ajenas a los partidos y por concurso público reuniendo determinados requisitos o méritos. Evidentemente este órgano actuaría como árbitro o mediador, entre el afiliado y el partido y se encargaría de resolver los expedientes basados en aquellas conductas que tuvieran tipificación de graves en los estatutos, que por otra parte, vienen a coincidir en parecidas infracciones en todos los partidos.

Las luchas internas en el seno del partido proyectan sin duda una mala imagen de la formación. El espectáculo que nos está mostrando Podemos entre los seguidores de Iñigo Errejón y los de Pablo Iglesias o la crisis abierta del PSOE desde que la Gestora tomara la dirección de los socialistas no ayuda a generar confianza en los partidos políticos, que vienen valorados con un 3,1 por los ciudadanos según nos indica el CIS. No obstante también deben existir canales que permitan la crítica interna cuando la dirección “usa y abusa” de su posición para acallar a los militantes, para perpetuarse en el poder o para alterar su posición estratégica o ideológica.

La representación política se articula a través de los partidos políticos, no pueden ser sustituidos y son indiscutibles instrumentos fundamentales de mediación política. Existen muchas propuestas de reformas para que los partidos políticos se regeneren en su funcionamiento, y se les dote de una mayor regulación pública, pero mientras que las élites dominantes no aborden la necesidad de adoptarlas, los partidos no recuperaran su prestigio a medio ni a largo plazo y nuestra democracia quedará cada día más tocada.

Victoria Rodríguez Blanco.

Jurista y Politóloga. Doctora en Ciencia Política.