Foto: RAFA MOLINA.BENIDORM. El Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm ha informado este jueves que han acudido a los tribunales por otro silencio administrativo del departamento de Personal. Tal y como ha refleja el comunicado del sindicato, un funcionario municipal ha estado esperando durante tres meses a que le resolvieran su petición de conciliación laboral después de haber sido padre, sin que haya obtenido contestación por parte de su propio Ayuntamiento. Por ello, han tomado la decisión de poner una demanda contra el Consistorio en los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Alicante.
"Por si no tuviésemos bastante con acudir a los juzgados para que reconozcan las funciones de superior categoría por el continuo silencio administrativo del Ayuntamiento de Benidorm, ahora también nos hacen oídos sordos a las solicitudes de los trabajadores para que se aplique la conciliación familiar contenida en el convenio", afirma el sindicato. Como ha venido explicando este diario, las diferentes asociaciones de los funcionarios tienen demandado al Consistorio en varios procesos por supuestamente no reconocer las laboras de superior categoría de los empleados públicos, algunas de ellas, ganadas ya.
En esta ocasión, la demanda llega por otro asunto. Un trabajador pidió la conciliación laboral después de haber sido padre. Además, dicen desde el sindicato, "se encuentra en una situación especial de necesidad por motivos de salud". La solicitud la realizó el pasado 20 de enero, reclamando que se le adaptara la jornada laboral al turno de mañana. Una petición que dice el SPPLB está avalada por el vigente Acuerdo de Condiciones socio-económicas del Personal Funcionario de este Ayuntamiento.
El artículo en cuestión hace referencia a que “las madres trabajadoras funcionarias de este Ayuntamiento que tengan hijos menores de nueve años podrán adaptar su horario laboral y posponer el ingreso en el trabajo así como la salida del mismo en función de las necesidades de cada trabajadora, que serán expuestas en la Mesa de Seguimiento”. De este modo, solo incluye a las madres, pero el portavoz del sindicato, Francisco Ángel González, entiende que al ser una norma del 1995, se tiene que interpretar con la realidad actual y no se puede discriminar por género.
Con todo, reseñó que el departamento siga sin responder a algunas de las peticiones realizadas por los funcionarios, después de la bronca de la última sentencia en este sentido, es actuar "con absoluta temeridad, a sabiendas, haciendo oídos sordos también a los Tribunales de Justicia y provocando unos gastos innecesarios de costas judiciales e intereses que correrán a cargo de las arcas municipales y no de sus bolsillos".
