El alcalde de Alicante, Luis Barcala, junto a los representantes de la delegación del PP desplazada a Bruselas para exponer su preocupación sobre el reparto de fondos de la UE.ALICANTE. La resolución del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana por la que se aprueba, provisionalmente, la concesión de 15 millones en fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea (UE) para el desarrollo de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Alicante supuso este miércoles un cambio en el discurso que venía manteniendo el equipo de gobierno sobre la presunta falta de objetividad en su reparto.
El bipartito compuesto por Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) había denunciado públicamente el pasado 10 de enero la existencia de discriminación en la asignación de esas ayudas después de que el Ministerio de Industria descartase otorgar fondos para el desarrollo de dos proyectos municipales relacionados con el turismo y con el comercio, valorados en una suma global de 6,5 millones. Con el primero, se pretendía obtener financiación para el desarrollo de iniciativas contempladas en el Plan de Sostenibilidad Turísticas enfocadas en la digitalización, en el turismo verde, y en la mejora de la eficiencia energética y en el impulso de la competitividad. Con la segunda solicitud, se trataba de lograr fondos para la mejora de la eficiencia energética en los mercados municipales y para impulsar el comercio sostenible.
Las dos solicitudes quedaron descartadas sin que se informase sobre "los motivos de rechazo o aceptación de los proyectos, así como la metodología de evaluación", según concretó entonces el edil de Coordinación de Proyectos, Toño Peral (PP) a través de un comunicado, en el que se señalaba que, por el contrario, sí se había concedido ayudas a los proyectos presentados por otras administraciones gobernadas por el PSOE. En ese mismo comunicado, Peral abundaba en la consigna que ha venido manteniendo la dirección nacional del PP hasta ahora sobre la supuesta discrecionalidad en la que estaría incurriendo el Gobierno central en la distribución de los fondos. "Nuevamente han realizado un reparto discrecional, a dedo, sin que se faciliten ni los criterios de evaluación ni la puntuación obtenida por los proyectos", añadía el regidor en el comunicado.
De hecho, solo un día después, el bipartito anunció que se presentarían alegaciones frente a la desestimación de esas solicitudes y que, igualmente, se contemplaba la posibilidad de acudir a la vía del recurso contencioso-administrativo frente a esa exclusión. Sobre todo, porque se había advertido que el ministerio no había valorado ni puntuado el compromiso de cofinanciación municipal pese a que el ayuntamiento lo asumía y pese a que era uno de los requisitos previstos en la convocatoria.
La tesis de la discrecionalidad y la discriminación quedó reforzada el pasado 9 de febrero cuando el propio alcalde, Luis Barcala, se sumó a la delegación de representantes del PP que se desplazó hasta Bruselas para mantener reuniones con responsables de la Comisión Europea (CE), del Europarlamento, del Comité Europeo de las Regiones y del Grupo Popular Europeo (PPE) para trasladar la preocupación sobre el procedimiento de reparto de las subvenciones utilizado por el Ejecutivo Central. "Es necesario despejar cualquier sombra de duda sobre el reparto partidista y clientelar de estos fondos, que no están llegando a los ayuntamientos; y los pocos que llegan, lo hacen de forma arbitraria para primar a consistorios por su color político", manifestó entonces el primer edil, a través de un comunicado.
No obstante, la asignación de los 15 millones para la implantación de la ZBE -la mayor aportación de fondos europeos recibida por el Ayuntamiento de Alicante hasta ahora, por encima de los 11 millones en fondos Edusi otorgados al Proyecto de Reurbanización del área de Las Cigarreras- transformó esas quejas precedentes en una reacción de satisfacción. "Es una magnífica noticia para la ciudad de Alicante porque esta concesión de las ayudas europeas viene a reforzar el ambicioso plan de transformación, modernización y mejora de la movilidad y accesibilidad impulsado por este Ayuntamiento a través de los presupuestos municipales más expansivos de su historia, que ya contemplan otros 37 millones de euros en inversiones", valoró Barcala a través de un comunicado.
Incluso el edil de Urbanismo, Adrián Santos Pérez (Cs), que no se había pronunciado todavía sobre la asignación de las ayudas, también bendijo la llegada de los 15 millones (y de otros 700.000 euros canalizados a través del Idae), al añadir que "estos fondos nos permitirán profundizar más en la transformación global de la ciudad hacia un entorno en el que prime el peatón sobre el tráfico". "Tenemos redactados ya todos los proyectos, por lo que estamos en disposición de empezar a tramitar el procedimiento desde ya. Podemos resumir estos proyectos en la reducción de emisiones, la minoración de costes energéticos y aportar una cultura de sostenibilidad con un diseño amable y accesible", recalcó.
Lo cierto es que la asignación concedida a los proyectos de Alicante es, además, una de las de mayor importe entre las incluidas en la resolución del ministerio. Solo la supera las cantidades otorgadas para el desarrollo de los proyectos propuestos por ciudades como Madrid, gobernada por el PP, que recibirá 150 millones para desarrollar su propia ZBE y para renovar el 100% de su flota de autobuses con vehículos eléctricos, entre otras iniciativas; por Barcelona, gobernada por Barcelona en Comú y PSC-PSOE, que percibirá 75 millones para la creación de supermanzanas con tráfico restringido, por ejemplo; por València, gobernada por Compromís y PSPV-PSOE, que dispondrá de 35 millones también para desarrollar su propia ZBE; por Zaragoza, gobernada por el PP, que recibirá 30,6 millones para la adquisición de 68 autobuses eléctricos y para la compra de material rodante para su servicio de tranvía, entre otros puntos; por Sevilla, gobernada por el PSOE, que contará con 23 millones; por Murcia, gobernada por el PP, que habría obtenido 20,6 millones, o por Palma, gobernada por PSOE, Coalición Mes y Som Palma, que contará con 15,5 millones.
La subvención concedida a la ciudad es la octava más alta entre las aprobadas por el ministerio por detrás de las asignadas a Madrid, Barcelona, València, Zaragoza, Sevilla, Murcia y Palma
En todo caso, no es menos cierto que la concesión de esos 15 millones responde solo a una de las múltiples convocatorias a las que el ayuntamiento ha presentado solicitudes a lo largo del último año. Hasta el momento, se ha registrado ya peticiones para poder ejecutar proyectos valorados en más de 120 millones en las distintas ventanas habilitadas por los ministerios de Movilidad y de Transición Ecológica, sin que haya trascendido ninguna confirmación de fondos adicional, al margen del rechazo conferido a los proyectos de turismo y comercio. Tampoco se ha dado a conocer la resolución de las alegaciones formuladas frente a esa desestimación, por lo que no se ha avanzado en el siguiente paso: el de la impugnación.
Sea como fuere, el ayuntamiento queda obligado ahora a proveer la incorporación de esos fondos en los presupuestos municipales, mediante la incorporación de remanentes o la concertación de préstamos, para impulsar la ejecución de esos ocho proyectos comprendidos en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que no estén ya contemplados en las cuentas de este año (como es el caso de las obras de peatonalización del eje Constitución-Bailén) para poder afrontar su ejecución. Para su desarrollo, el ayuntamiento debe anticipar el pago de los trabajos realizados para obtener, después, la subvención asignada en el porcentaje aprobado para cada uno de ellos, que puede oscilar entre el 60 y el 80% de su precio. El resto, tendrá que asumirlo el ayuntamiento con fondos propios.
