VALÈNCIA. Los proyectos de Presupuestos de la Generalitat valenciana y de la Región de Murcia para 2024, que actualmente se tramitan en las respectivas cámaras autonómicas, podrían sufrir un tijeretazo antes incluso de entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Así ocurrirá si el Gobierno de Pedro Sánchez saca adelante su propuesta de déficit autorizado para el conjunto de las Administraciones, que en el caso de las Comunidades Autónomas anunció -y así lo comunicó a la Comisión Europea- que será el 0,1%. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participan el Ejecutivo y las CCAA de régimen común, se reúne este lunes, después de casi año y medio, y uno de los puntos que se aprobarán es este límite de déficit.
El problema es que el Consell que preside Carlos Mazón, como publicó este periódico el pasado 1 de noviembre, elaboró su presupuesto con un déficit del 0,3%, lo que significa el triple de desfase entre ingresos y gastos. Concretamente, 431,9 millones de euros. No fue un descuido, sino todo un órdago al Gobierno central que, según fuentes del Ejecutivo valenciano, "se habló" con la otra comunidad autónoma perjudicada de forma clara por el sistema de financiación autonómica, la Región de Murcia, que preside el popular Fernando López Miras. Allí el gasto extra que permite este déficit es de 119,42 millones.
Son las dos únicas CCAA, de las 15 de régimen común, que han presentado unos presupuestos con el 0,3% de déficit. El País Vasco también lo ha hecho, pero al tener un régimen fiscal propio –el concierto económico, con el Cupo–, esperan poder negociarlo con el Ejecutivo de Sánchez. El resto, aunque no era obligatorio porque el Gobierno no lo había aprobado formalmente, se ajustó al 0,1% anunciado o, en algunos casos de autonomías bien financiadas como Cantabria y La Rioja, presentaron unas cuentas con equilibrio presupuestario para no tener que endeudarse.
¿Y qué dice el Gobierno? Este periódico ha consultado repetidas veces al Ministerio de Hacienda sobre este órdago de las dos CCAA pero no ha obtenido respuesta. Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá ocasión de hablarlo en el CPFF con la consejera valenciana, Ruth Merino, y su homólogo murciano, Luis Alberto Marín, ya que en el orden de día figura la aprobación de los límites de déficit.
La Unión Europea ha retomado la senda de estabilidad presupuestaria que quedó interrumpida por la pandemia y ha obligado a los estados a presentar un plan presupuestario con una previsión paulatina de reducción del déficit. El Gobierno español, entonces en funciones, envió el pasado 15 de octubre un Plan Presupuestario en el que se comprometía a un objetivo de déficit del 3% para España, con un margen del 0,1% para las CCAA y del 2,9% para el Estado.
SI MAZÓN SE VE OBLIGADO A AJUSTAR SU PRESUPUESTO AL 0,1% DE DÉFICIT, PERDERÍA 288 MILLONES, DOS TERCIOS DEL GASTO EXTRA QUE TIENE PARA 2024
A este respecto, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, manifestaba este domingo, tras reunirse con Mazón para preparar el CPFF, que "no puede ser que el Gobierno se quede con un 2,9% de déficit y a las comunidades les exija un 0,1%", y añadía: "La Comunidad Valenciana no se va a ajustar más, porque estamos realmente ajustados, mucho más de lo que justamente debería ser en términos de equidad con el resto de ciudadanos de España".
Tras la aprobación por el CPFF, donde el Ministerio de Hacienda tiene el 50% del voto, el objetivo debe ser aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso y el Senado. Si sale adelante y los gobiernos de Mazón y López Miras se ven obligados a ajustar su presupuesto al 0,1% de déficit, perderían dos tercios del gasto extra que tienen para 2024. En el caso valencianos serían 288 millones menos, y en el murciano, 79,6 millones.
No obstante, podría ocurrir que este límite de déficit no llegara aprobarse, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga al Senado derecho de veto sobre los objetivos de déficit y deuda que fije el Gobierno tras aprobarlos en el CPFF. Según esta ley, que el Ejecutivo de Sánchez intentó sin éxito cambiar antes de las elecciones del 23J, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, "el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento". Y si una de las dos cámaras rechaza el nuevo acuerdo, vuelta a empezar sin que haya una previsión legal que permita el desbloqueo.
Es la única norma en la que la decisión del Congreso no prevalece sobre la del Senado, de manera que la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, puede vetar la senda de estabilidad del Gobierno sin que haya una solución legal a este bloqueo. En 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, el PP rechazó en el Senado el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda del nuevo Ejecutivo para el año 2019. En el caso del techo de gato no hay problema porque el Gobierno solo tiene que informar, y para la senda de estabilidad Sánchez decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso por el voto en contra de Podemos, lo que llevó a una elecciones anticipadas.
El problema para la ministra Montero es que ahora no puede utilizar el mismo ardid para esquivar el veto del Senado, ya que la anterior referencia de déficit para las CCAA, la de 2023, es el 0,3% y no el 0,1%, con lo que no podría tumbar la previsión de la Comunitat Valenciana y Región de Murcia.
Otra posible solución para valencianos y murcianos, complicada por las quejas que provocaría en el resto de CCAA, es que el CPFF aprobara este lunes una senda diferenciada para determinadas autonomías, cosa que permite la ley. Ya lo hizo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda, en lo que el Ejecutivo bautizó como "déficit asimétrico" y las comunidades que se opusieron denominaron "déficit a la carta".
El déficit asimétrico sería un ejercicio de realismo que permitiría a las dos comunidades peor financiadas mantener como objetivo el 0,3% sin impedir que el conjunto de las CCAA alcanzase el 0,1%, dado que otras autonomías, entre ellas Madrid, han presentado unos números con equilibrio presupuestario.