¿Cuánto cuestan los dos votos de Compromís?

Pedro Sánchez ha decidido esta semana impulsar la federalización de España sin más hoja de ruta que la pactada por dos partidos catalanes, uno de ellos antiespañol. A Sánchez le importa un pimiento la federalización, pero le viene bien como engrasante para hacer tragar a su partido y a su vicepresidenta primera –menudo papelón el de Montero– la rueda de molino del Cupo catalán que le ha exigido ERC para apoyar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. 

Sánchez consigue mantenerse sobre el alambre improvisando soluciones sobre la marcha en contra de sus supuestos principios y los de su partido, cuyos militantes ya están vacunados contra el bochorno. Su falta de escrúpulos le da ventaja sobre sus enemigos, que nunca piensan que puedan mentir tanto y con tanta desfachatez. Sólo él es capaz de presentarse con el lema "Cumpliendo" en una rueda de prensa en la que va a explicar su enésimo cambio de opinión.

Sin más interés que el suyo propio, Sánchez improvisó la rebaja del delito de malversación, luego la amnistía y, ahora, un concierto económico para Cataluña que no pretende arreglar más problemas que la investidura de Illa, porque a Sánchez también le importa un comino la financiación de Cataluña. "Lo importante es que haya un gobierno de izquierdas", dijo el otro día. Una vez más, el fin justifica los medios.

Todo por un puñado de votos que cada vez nos salen más caros, porque una cosa es que el PNV le exprima hasta el punto de hacerle meter en los Presupuestos la pintura de la barandilla de la playa de La Concha, y otra, cambiar las reglas de la financiación de las Comunidades Autónomas porque te lo exige un partido independentista.

Sánchez convierte cualquier reivindicación de un partido nacionalista o regionalista en moneda de cambio, lo que tiene dos consecuencias negativas. La primera, que reivindicaciones muy justas y urgentes no las atiende mientras no pueda intercambiarlas por apoyos parlamentarios. La segunda, que por unos votos es capaz de plegarse a cualquier petición, por loca que parezca, para luego hacerla suya.

El protagonista del Manual de resistencia se ha asegurado la investidura de Illa de la misma manera que se aseguró la suya. Pero para cumplir su palabra, suponiendo que tenga intención de cumplirla, necesitará una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que al ser una ley orgánica precisa de 176 votos a favor en el Congreso. Y los números están muy justos.

Para salir adelante la votación, tendrían que apoyar la reforma todo el Grupo Socialista –vamos a dar por hecho que no habrá fugas porque ya tragaron con lo de la malversación y la amnistía–, Sumar, ERC, Junts, PNV y EH Bildu. Los nacionalistas vascos suelen abstenerse cuando se votan asuntos que no les atañen, como la financiación de las quince autonomías de régimen común, pero sus votos ahora son imprescindibles, así que por un módico precio –¿más transferencias?– y la promesa de que no les tocarán su no menos desigual Cupo, seguro que estarán dispuestos a ayudar de nuevo a Sánchez.

Así sumarían 177 votos, pero resulta que cuatro diputados del grupo de Sumar han dicho que no apoyarán la reforma si no se soluciona la financiación de sus respectivos territorios. Uno es aragonés, Jorge Pueyo, de Chunta Aragonesista, y tres son valencianos: los dos diputados de Compromís, Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, y el de Esquerra Unida, Nahuel González. Sin ellos, el 'sí' se reduciría a 173 votos y solo quedarían como posibles apoyos el diputado del BNG y la de Coalición Canaria. Todos esos votos tienen un precio.

La prioridad del presidente serán, puesto que son tres, los votos valencianos. ¿Cuánto valen?, se preguntará. Pues me aventuro a decir que no mucho, apenas 3.200 millones de euros, que puede parecer una cantidad muy importante pero que para el Gobierno es calderilla, teniendo en cuenta que las CCAA recibirán el año que viene 158.167 millones de euros del sistema de financiación. Por cierto, la propaganda oficial está empeñada estos días en transmitir la idea de que el dinero que reciben las CCAA es una graciosa concesión de Pedro Sánchez y no el resultado de repartir los impuestos recaudados según establece, con muy poca equidad, el sistema de financiación autonómica que padecemos. Si vamos con esas, se le podría reprochar al Gobierno que reparte muy mal porque a los valencianos siempre nos toca menos, y entonces diría que es lo que marca la ley.

Esos 3.200 millones es lo que costaría el Fondo de Nivelación que el Gobierno de Sánchez viene negando a la Comunitat Valenciana desde hace seis años, incluso cuando la pedía Ximo Puig. Un parche a la reforma pendiente desde hace más de diez años que reduciría las desigualdades que genera el actual sistema mientras se articula uno nuevo. Una solución que desde hace años propone Fedea, que en su último análisis cifró el dinero necesario en 3.277 millones a repartir entre las cuatro Comunidades Autónomas peor financiadas. No solucionaría del todo el desequilibrio, pero habría más igualdad.

Sánchez ha demostrado que le importa un bledo la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana y que se la trae al pairo la desigualdad en el reparto de la financiación, pero ya lo estoy viendo abrazar, como si se le hubiese ocurrido a él, el Fondo de Nivelación que hace solo dos semanas volvió a despreciar su vicepresidenta primera.

Las ventajas del fondo para Sánchez son tantas, que parece hecho a medida para la ocasión. El caramelito para Compromís sería difícil de rechazar, igual que para el diputado de EUPV. A fin de cuentas, sus objeciones no son al apaño para Cataluña sino a que se haga sin arreglar la financiación de los valencianos. El Fondo también ayudaría a los diputados socialistas valencianos y a Diana Morant –otro papelón– a justificar lo injustificable y a poner en un brete a Mazón.

Pero lo mejor para Sánchez es que las otras tres beneficiadas del Fondo de Nivelación serían Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha, cuyos presidentes, incluido García-Page, estarían en las mismas que Mazón, rechazando una reforma de la ley que incluiría un remiendo para las finanzas autonómicas de sus territorios.